A cambio de una
vigilancia "al detalle" de ingresos y gastos
Hacienda insta a 41 ayuntamientos de Castilla y León a sumarse a un plan de rescate
Recomienda sumarse a la medida a ocho
ayuntamientos de Ávila, seis de Burgos, cuatro de León, dos de Palencia,
once de Salamanca, dos de Segovia, uno de Soria, otro de Valladolid y
seis de Zamora
jueves 12 de diciembre de 2013, 18:39h
El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas ha instado a 314 ayuntamientos de todo el país, 41 de ellos de Castilla y León, a sumarse al
plan de rescate diseñado para los municipios con graves problemas
financieros y que en su primera fase ya ha contado con 88 adhesiones.
Para quienes se apunten, se ofrece el apoyo del Estado a cambio de una
vigilancia "al detalle" de ingresos y gastos. En el caso de Castilla y
León, son 41 consistorios de las nueve provincias, de los que 27 ya se
han adherido a la propuesta.
Así lo han explicado fuentes del ministerio, que han insistido en
no se trata "de una intervención" en sentido estricto porque se exigen
unas medidas a cambio de apoyo, aunque admiten que el control será
estricto porque se ayuda a estos municipios "con el dinero de todos los
españoles". "Es un mecanismo de ayuda, no de estigmatización", insisten.
En Castilla y León, se ha planteado el acceso al plan a ocho
ayuntamientos de Ávila, seis de Burgos, cuatro de León, dos de Palencia,
once de Salamanca, dos de Segovia, uno de Soria, otro de Valladolid y
seis de Zamora.
Se trata de ayuntamientos con un deterioro financiero estructural,
de años atrás, con un volumen excesivo de deudas o que no pagan las
cuotas del plan de proveedores. Hay municipios que incumplen hasta estas
tres condiciones, según las citadas fuentes, que no desvelan nombres.
Hacienda les ofrece ampliar plazos para devolver deudas (incluida
la Seguridad Social y Hacienda), anticipos por periodo superior al
ejercicio, menos retenciones de su participación en los tributos del
Estado, autorización para convertir al largo plazo operaciones a corto,
entre otras.
A cambio, deberán reducir gastos pero también incrementar
ingresos. Las fuentes de Hacienda aseguran que parte de estos municipios
tienen precios públicos, tasas e impuestos por debajo de la media y de
su entorno y que deberán subirlos. "No puedes pretender tener una
presión fiscal baja y que el conjunto de los españoles te ayude. No es
equitativo", aseguran.
Además, tendrán prohibido encadenar prórrogas presupuestarias
(sólo se permitirá una) y se arriesgan a que Hacienda, para los casos
más graves, les tenga que dar el visto bueno a sus cuentas anuales. Las
mismas fuentes aseguran que algunos municipios presupuestan año tras año
mal, con exceso de ingresos, que no llegan, y menos gastos de los que
realmente tienen.
Otra de las condiciones es la apertura de una cuenta bancaria en
la que Hacienda les irá haciendo ingresos y de la que podrán ir
obteniendo dinero bajo estricta supervisión del Ministerio. Es la
condición impuesta por los bancos para ampliar los plazos de devolución
de deudas, aseguran las fuentes. "Queremos saber en qué se gastan el
dinero. Y lo primero es pagar deudas", añaden desde Hacienda.
El plazo para sumarse a este plan de rescate es el dos de enero.
Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro sospechan que algunos
municipios se negarán a adherirse, por motivos políticos; las
consecuencias serán la retención por el Estado de su participación en
los tributos y sanciones, entre otras, las que a partir del uno de enero
impone la Ley de Transparencia a quien gaste por encima de lo
presupuestado.