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Los grupos Socialista y Mixto, dispuestos a pactar la Ley para la Reforma de la Administración de la Comunidad

La Junta quiere aplicar otras 66 medidas para adelgazar el sector público y ahorrar 38,5 millones de euros

La Junta quiere aplicar otras 66 medidas para adelgazar el sector público y ahorrar 38,5 millones de euros

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, asegura que las medidas de reestructuración han ahorrado ya más de 250 millones de euros

Por Montse Serrador
martes 10 de diciembre de 2013, 19:27h
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha intervenido este martes ante el pleno de las Cortes regionales para explicar las reformas que se han realizado hasta ahora en la Administración de Castilla y León para adelgazar el sector público. En este marco, ha presentado un total de 66 medidas, 13 de ellas en el área institucional y organizativa; 24 en el área de coordinación y reducción de duplicidades; 22 en el de modernización administrativa, y siete en el de reestructuración del sector público. Con todas ellas prevé que se pueda generar un ahorro de más de 38 millones de euros.

De Santiago-Juárez ha analizado las medidas "de austeridad y eficiencia" que se han ido desarrollando en los últimos años para reestructurar el sector público, unas actuaciones que tienen "un impacto económico muy importante, aunque cuantificarlo no es fácil", si bien podrían superar los 250 millones de euros.

En cualquier caso, ha detallado que dicho ahorro aporta a la Administración de las medidas institucionales y de la reducción de, mientras que el ahorro para los ciudadanos deriva de la simplificación administrativa y la Administración electrónica.

De esta forma, en cuanto a medidas institucionales, desde el año 2011 han supuesto para la Administración un ahorro anual de 3,8 millones de euros. Las nuevas medidas presentadas este martes  supondrán un ahorro potencial estimado, una vez que se encuentren completamente implantadas, de 13,5 millones de euros más. 

Respecto a las medidas de simplificación, desde que se inició, según el consejero,  la implantación de la Administración electrónica en el año 2006, han supuesto un ahorro para ciudadanos y empresas que, acumulado de 241 millones de euros anuales. Las nuevas medidas en estas áreas que se han presentado este martes pueden suponer un ahorro para ciudadanos y empresas de 25 millones de euros más.

De Santiago-Juárez ha reclamado el apoyo de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto para continuar con las reformas sobre la base de un Proyecto de Ley para la Reforma de la Administración de la Comunidad, "una ley paraguas" que introducirá modificaciones en más de una docena de leyes y que será aprobado antes de finalizar el mes de marzo de 2014.

Tanto el portavoz del Grupo Socialista, José Francisco Martín, como los procuradores del grupo Mixto, José María González (IU) y Alejandro Valderas (UPL) han recogido el guante y se han mostrado dispuestos a llevar a cabo esa negociación.

Críticas de la oposición

Pero ninguno de ellos ha escatimado críticas al Gobierno regional, ya que han cuestionado las medidas anunciadas por el Ejecutivo autonómico en referencia a las reforma de la administración pública ya que, según el PSOE, ponen de manifiesto la "falta de credibilidad" del Gobierno mientras que para IU el Informe CORA constituye un "avance en la aniquilación de lo público, informa Ep.  

Así, el secretario del Grupo Socialista, José Francisco Martín, ha comenzado su intervención cuestionando lo realizado hasta la actualidad después de que el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, haya abordado a lo largo de 45 minutos "el reconocimiento explícito de hasta 66 fracasos" vinculados, a su juicio, a los "cambios tan importantes" enunciados en la comunicación de la Junta. "El problema es el de siempre: la credibilidad, porque han dicho muy poco o casi nada diferente a lo que se venía diciendo", ha asegurado Martín, a quien en su respuesta el consejero de la Presidencia ha instado a preguntar a los ciudadanos, dentro de dos años, con motivo de las elecciones, por su credibilidad. "En esta Comunidad llevan mucho tiempo sin creer en ustedes", ha apostillado.

Martín, quien ha puesto de manifiesto su "acuerdo con casi todo", se ha detenido en el tema de la transparencia para puntualizar que ésta tiene que comenzar por las Cortes, donde los consejeros tienen 88 solicitudes de comparecencia sin atender; a ello ha sumado otros compromisos como la realización de las relaciones de puestos de trabajo, el establecimiento de nuevos modelos de promoción interna, la búsqueda de la racionalización de horarios o la conciliación de la vida laboral de los que, ha criticado, no se sabe "nada, nada".
 
Tras lamentar que de los 80.000 empleados públicos se dedican a la inspección tributaria en la Comunidad 18 --"esa es la práctica y credibilidad que tienen ustedes"--, José Francisco Martín se ha referido al acuerdo de 10 de octubre 2012 firmado por Junta y PSOE, que a su juicio se ha "escondido debajo de la alfombra", como ha ocurrido con la integración de Sotur en la Fundación Siglo o la asunción de Excal por parte de la administración. No obstante el Consejo de Cuentas permite saber "algunas de las cositas" que la Junta "estaba haciendo y seguirá haciendo a escondidas debajo de la alfombra" como en los casos de Provilsa o la Sociedad de Medio Ambiente. "Así sólo se portan y se comportan los bandoleros", ha acusado Martín, a quien el consejero de la Presidencia ha reclamado la retirada de un apelativo que, ha asegurado, él nunca emplearía ni en lo personal ni en lo político.

Por su parte el portavoz del Grupo Mixto, José María González, ha trasladado su disposición a hablar y debatir pero ha recordado que ya desde 2011 se ha instalado, por medio de la "racionalización", un "constante golpe de Estado a lo público" en lo que, a su juicio, constituye un "avance hacia la aniquilación de lo público".

Por último, el viceportavoz del Grupo Mixto, el leonesista Alejandro Valderas, ha apostado por "menos Junta y más dinero para servicios básicos" y, tras pedir a la Junta que "no haga trampas",  ha propuesto aceptar las cosas "interesantes" del CORA pero rechazarlas en caso de que sea "un máster plan", en cuyo caso se estaría en "ante un golpe a la democracia" que obligaría a recurrir al Tribunal Constitucional.
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