Las Cortes regionales convierten en Ley la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis

Así lo ha recordado la consejera de Familia, Milagros Marcos, en la presentación este miércoles en las Cortes de Castilla y León de este Decreto-Ley que, entre otras novedades, limita el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) a los condenados contra la vida o la libertad sexual que no hayan satisfecho la responsabilidad civil o indemnización económica recogida en la sentencia condenatoria y habilita 6 millones en dos años para ayudas de emergencia para familias en paro a punto de perder su vivienda.

Marcos se ha comprometido a comparecer en las Cortes cuando sea preciso para analizar la evolución de la red de protección, un guante que ha sido alabado y recogido por la oposición que ha pedido esa pronta comparecencia para conocer con detalle las cifras con las que comienzan las 23 medidas de esta red de protección de modo que dentro de un año se pueda evaluar correctamente su funcionamiento.

Tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Mixto han coincidido también en la necesidad de pedir más recursos para los ayuntamientos, por ser los que tienen que trabajar desde la cercanía con los ciudadanos que lo están pasando mal, bajo la premisa, además, de que no se puede cargar un coste sin financiación, como no acepta la Junta por parte del Estado.
 
"Las personas en situación de desahucio necesitan mucho más", ha advertido a modo de ejemplo el portavoz del Grupo Mixto, José María González, en sintonía con lo afirmado por el procurador socialista Francisco Ramos que ha advertido de que esta norma no supone un incremento presupuestario, ante lo que la procuradora 'popular'  María Luisa Álvarez Quiñones ha garantizado que los recursos están en el proyecto de presupuestos de 2014. En total, la red de protección dispondrá el próximo año de 145 millones de euros, a los que se suma un fondo de solidaridad adicional.

Tanto Ramos como González ha coincidido también en la necesidad de "abrir más puertas", como que la Renta Garantizada, cuya puerta se ha abierto "con timidez", para el primero, se contemple en los presupuestos como un derecho ampliable, "por mucho que sepamos que es un derecho subjetivo", según el segundo.
 
El procurador socialista ha advertido a este respecto de que las nuevas normas para facilitar el acceso a la RGC se compensarán con las prestaciones que se dejarán de abonar por la incorporación de los más vulnerables a los planes de empleo, como se compromete la Junta, en lo que Ramos ha definido como "la redistrubición de los recursos de los pobres en favor de los más pobres, eso sí".
 
En la presentación del Decreto-Ley, la consejera ha recordado que la nueva norma permitirá dar una respuesta "urgente, eficaz, coordinada e integral" a la situación de las familias afectadas por la prolongada crisis -unos 100.000 beneficiarios y 40.000 familias--, paliar esos efectos, prevenir situaciones de exclusión y mantener los niveles de vida.
 
Milagros Marcos ha significado también el consenso alcanzado sobre la norma con la "valiosa" contribución de las entidades locales y de las organizaciones del tercer sector, que se incorporan al procedimiento de trabajo de los servicios sociales de una forma ordenada y regulada, a lo que ha sumado el diálogo con los agentes económicos y sociales y con los grupos parlamentarios para llegar a "un acuerdo de hondo calado" en el que se han sacrificando "propuestas de máximos".
 
La consejera ha recordado también que la nueva red de protección a las personas y familias afectadas por la crisis multiplicará su eficacia e incrementará la vinculación de todos los agentes que intervienen, especialmente de las administraciones públicas, al mismo tiempo que evitará duplicidades en "una nueva forma de trabajar que supera los límites territoriales para dar a cada usuario la respuesta que pueda necesitar", con especial atención a la prevención y a la atención a las necesidades más básicas de alimentación y vivienda con medidas sobre el empleo.