La Junta apoya en el Senado la reforma local de Montoro, pero pide algunos ajustes y una mayor financiación

Representantes de los gobiernos autonómicos han intervenido ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que debate la incidencia autonómica de la reforma local y en la que participa también el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.   

Por parte de la Junta de Castilla y León ha intervenido el consejero de Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, que ha repasado algunas de las oposiciones iniciales de su Comunidad al proyecto, pero ha reconocido a Montoro que, si se consiguen "aquilatar" algunas cuestiones, como ya ha ocurrido durante el trámite en el Congreso --"ha recogido elementos de indudable calado"--, la ley supondrá "un paso importantísimo" para la racionalización de las administraciones locales.   

Castilla y León ha sido una de las comunidades 'populares' más críticas con la reforma presentada por el Gobierno y, durante su intervención, el portavoz del Ejecutivo regional ha apuntado al concepto "competencias impropias" como eje del debate sobre la reforma, punto en el que ha recalcado que las competencias atribuidas por ley "no son impropias".   

Tras recordar que durante la tramitación ya se han realizado "ajustes" para tener en cuenta la gestión de los más de 3.650 consultorios locales que existen en la Comunidad, el 35 por ciento de los de España, De Santiago Juárez ha apostado por que la norma contemplase algo similar con los servicios sociales de proximidad.   

A su juicio, el futuro modelo de financiación autonómica y de las haciendas locales debe determinar cómo asumir funciones o servicios sanitarios, educativos y sociales propias de las administraciones locales y ha fijado un plazo de entre tres y cinco años para que las comunidades asuman la gestión de esos servicios.    

No obstante De Santiago-Juárez, quien también ha pedido un "plazo suficiente" para que las entidades locales menores puedan presentar sus cuentas y no desaparezcan, una consecuencia jurídica "drástica", ha valorado que el ministro haya anunciado que se va a abordar la reforma de los modelos de financiación autonómica y local el próximo año. "Hemos sido críticos, pero usted ha entendido perfectamente las críticas y nuestras motivaciones", ha trasladado al ministro. 

Recurso de inconstitucionalidad

Por su parte, el senador autonómico del PSOE de Castilla y León, Ibán García del Blanco, ha exigido a la Junta que defienda los intereses de los castellanoleoneses y lleve la reforma local del Gobierno del PP al Tribunal Constitucional de permanecer tal como está y sea consecuente con lo acordado con el PSOE en la Comunidad.   

El senador, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, considera que la Junta ha "simulado" ser beligerante con esta reforma de cara a la opinión pública de la Comunidad, pero que "en Madrid se ha entregado a Montoro pese a que le hemos escuchado a su consejero de presidencia decir hoy en el Senado que aunque había cosas que no le gustaban apoyaba la Reforma Local del PP".   

En este sentido, el parlamentario pregunta al consejero popular qué debe hacer el grupo socialista con todas las enmiendas que le remitió la Junta para su presentación en el proceso de enmiendas, ha informado el PSOE.   

García del Blanco ha explicado que "el 94 por ciento de los pueblos de Castilla y León no llegan a 2.000 habitantes y son estos los que peor parados salen de esta reforma legal".   

Además, el socialista leones ha asegurado que la eliminación de las juntas vecinales que prevé la ley "es inconstitucional, así como la expropiación de todos sus bienes y derechos", y ha recalcado que en Castilla y León existen 2.230 entidades locales menores (prácticamente la mitad de las que hay en España), y 1.234 de ellas sólo en la provincia de León.   

"He sido concejal durante años y sólo con leer el preámbulo de este Proyecto de Ley se nota a la legua que quién ha redactado esta reforma no ha pisado un ayuntamiento ni para hacerse el bono de la piscina municipal", ha dicho en tono irónico García del Blanco.

Aprobada con el apoyo del PP

El PP se ha quedado solo en el Senado al aprobar un informe que refrenda que la reforma de la administración local respeta la autonomía de las comunidades, contra el criterio del resto de grupos de la Cámara Alta, que han insistido en que la norma vulnera el reparto competencial, y contra el criterio de varias autonomías, que han advertido que recurrirán al Tribunal Constitucional si se aprueba tal cual está. El PNV ha optado por la abstención.   

El debate se ha producido en la Comisión General de Comunidades del Senado, en la que se ha discutido esta vertiente de la reforma local en una larga sesión en la que han participado los grupos parlamentarios, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y los consejeros de catorce autonomías: por el PP, Galicia, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid y Extremadura, así como Asturias (PSOE), Canarias (CC-PSOE), Andalucía (PSOE) y Cataluña (CiU).   

Los consejeros 'populares' han defendido la ley, pero le han pedido al ministro que la nueva financiación autonómica les conceda nuevos recursos para poderla aplicar, ya que les transfiere competencias que hasta ahora ejercían los ayuntamientos, en sanidad, educación y servicios sociales. También han pedido plazos más flexibles para aplicarla.

El resto de consejeros han rechazado de plano la ley, porque a su juicio no respeta el reparto competencial que la Constitución señala entre el Estado y las Comunidades, por lo que varios de ellos han anunciado recurso de inconstitucionalidad.
   
El debate del proyecto de ley en sí se producirá en los próximos días en la Comisión de Entidades Locales del Senado para debatir los vetos y enmiendas que presenten los grupos. Se prevé que la votación final tenga lugar en el Pleno del 9 al 13 de diciembre.