"Los diputados del PP en la Comunidad aplaudieron con las orejas el texto legislativo"
Zarrías cree que si en Castilla y León hubiera "un mínimo de coherencia" se recurriría la reforma local del Gobierno
sábado 16 de noviembre de 2013, 15:46h
El diputado nacional y secretario de Política
Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha criticado en Burgos que la Junta no se plantee recurrir la reforma local del Gobierno y ha asegurado que los diputados populares de Castilla y León "aplaudieron el texto con las orejas".
El diputado nacional y secretario de Política
Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha considerado "patético" el hecho
de que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, haya vinculado la huelga de
los trabajadores de la limpieza a un tema entre empresas y trabajadores y
ha recordado que debe existir un control desde lo público.
Zarrías, quien ha participado este sábado en Frandovínez (Burgos)
en la Jornada 'Reforma Local y Ordenación del Territorio de Castilla y
León', organizada por el PSOE de Burgos, ha achacado lo ocurrido en los
últimos días en Madrid con una ordenación territorial que no tiene como
"eje básico" a los ciudadanos.
"La conclusión es lo que ha ocurrido en Madrid", ha aseverado
antes de considerar "patético" las declaraciones de Botella sobre la
naturaleza empresarial del conflicto, punto en el que ha recordado que
un "servicio básico" como la recogida de residuos o la limpieza de
calles no puede tener naturaleza empresarial.
Zarrías ha aseverado que, pese a la externalización, la esfera
pública, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, tiene que tener
mecanismos para impedir lo ocurrido. "Una empresa debe tener
rentabilidad pero no a costa de los servicios básicos a los ciudadanos o
de la prestación de servicios de alguien que no esté bajo control de lo
público", ha reiterado antes de rechazar que la privatización se
traduzca en "eficiencia, eficacia y no sé cuántas cosas más".
En su opinión, la realidad es "tozuda y demuestra lo contrario":
la externalización se traduce en servicios fundamentales "más caros" y
no será eficiente --"en vez de prestarlos 50 personas lo prestarán
25"--, punto en el que ha puesto de nuevo como ejemplo el caso de
Madrid, ciudad en la que se dio la concesión de la limpieza a empresas
"en condiciones leoninas" y "sin ningún control desde lo público", de lo
que derivó el planteamiento de ERE y medidas laborales "simple y
llanamente para buscar mayor rentabilidad".
Eso es lo que, en base a la reforma de las administraciones
públicas, se va a hacer con los servicios en una provincia como la de
Burgos, donde habrá una "gran bolsa" que permita privatizar servicios
y dárselos a alguien, lo que los hará "más caros, menos eficientes y
eficaces".
Recursos de inconstitucionalidad
El caso de Castilla y León desde la perspectiva de la reforma es
"paradigmático" por el "número muy importante" de municipios, entidades
locales menores o juntas vecinales que conviven en el territorio y la
reordenación realizada pondrá en cuestión un aspecto "sencillo" como la
dignidad.
Es por ello que, ha reiterado, cuando la ley salga publicada en el
BOE el PSOE planteará un recurso de inconstitucionalidad que se abrirá a
diputados y senadores no sólo del PSOE sino del resto de grupos ya que,
ha añadido, la norma debería haber sido "fruto del consenso".
Además, ha señalado que pondrán en marcha mecanismos para recurrir
desde Canarias, Andalucía y Asturias, punto en el que ha considerado
que si en Castilla y León "hubiera un mínimo de coherencia", el
Ejecutivo regional debería de presentar también un recurso "por la clara
invasión de competencias".
En este sentido, ha criticado que los diputados 'populares' de
Castilla y León "aplaudieron con las orejas" el texto tanto en pleno
como en Comisión sin plantear "solución ni alternativa". "Si creen que
su presión ayudó a conseguir algo, se equivocan", ha advertido antes de
recordar que los "temas de fondo" siguen igual mientras que con "otros
importantes pero puntuales" se ha dado "una patada al balón" para
posponerlos.
A las mencionadas iniciativas ha sumado Zarrías una tercera vía de
recursos "novedosa en España" y "nunca puesta en marcha" basada en la
ley del Tribunal Constitucional, que permite que los ayuntamientos
puedan tener legitimidad a la hora de acudir a este tribunal para
plantear un conflicto por invasión de competencias.
Esta apuesta, aunque no "sencilla" --tiene que votarla un séptimo
de alcaldes que representen a un sexto de la población--, será afrontada
por los socialistas, que no obstante mantienen su intención de poner
sobre la mesa una nueva norma sobre este tema "fruto del consenso" en
cuanto vuelvan al Gobierno.
Tras criticar que la ley, "sin pies ni cabeza" y nacida "de una
imposición desde fuera para hacer reformas", es "un hachazo más al
Estado del Bienestar", el secretario de Política Municipal del PSOE ha
reiterado que la prestación de servicios vinculados al agua, los
residuos o el adecentamiento de calles dejarán de ser competencia de los
ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.