Zarrías cree que si en Castilla y León hubiera "un mínimo de coherencia" se recurriría la reforma local del Gobierno

El diputado nacional y secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha considerado "patético" el hecho de que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, haya vinculado la huelga de los trabajadores de la limpieza a un tema entre empresas y trabajadores y ha recordado que debe existir un control desde lo público.

Zarrías, quien ha participado este sábado en Frandovínez (Burgos) en la Jornada 'Reforma Local y Ordenación del Territorio de Castilla y León', organizada por el PSOE de Burgos, ha achacado lo ocurrido en los últimos días en Madrid con una ordenación territorial que no tiene como "eje básico" a los ciudadanos.

"La conclusión es lo que ha ocurrido en Madrid", ha aseverado antes de considerar "patético" las declaraciones de Botella sobre la naturaleza empresarial del conflicto, punto en el que ha recordado que un "servicio básico" como la recogida de residuos o la limpieza de calles no puede tener naturaleza empresarial.
 
Zarrías ha aseverado que, pese a la externalización, la esfera pública, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, tiene que tener mecanismos para impedir lo ocurrido. "Una empresa debe tener rentabilidad pero no a costa de los servicios básicos a los ciudadanos o de la prestación de servicios de alguien que no esté bajo control de lo público", ha reiterado antes de rechazar que la privatización se traduzca en "eficiencia, eficacia y no sé cuántas cosas más".
 
En su opinión, la realidad es "tozuda y demuestra lo contrario": la externalización se traduce en servicios fundamentales "más caros" y no será eficiente --"en vez de prestarlos 50 personas lo prestarán 25"--, punto en el que ha puesto de nuevo como ejemplo el caso de Madrid, ciudad en la que se dio la concesión de la limpieza a empresas "en condiciones leoninas" y "sin ningún control desde lo público", de lo que derivó el planteamiento de ERE y medidas laborales "simple y llanamente para buscar mayor rentabilidad".
 
Eso es lo que, en base a la reforma de las administraciones públicas, se va a hacer con los servicios en una provincia como la de Burgos, donde habrá una "gran bolsa" que permita privatizar servicios y  dárselos a alguien, lo que los hará "más caros, menos eficientes y eficaces".

Recursos de inconstitucionalidad

El caso de Castilla y León desde la perspectiva de la reforma es "paradigmático" por el "número muy importante" de municipios, entidades locales menores o juntas vecinales que conviven en el territorio y la reordenación realizada pondrá en cuestión un aspecto "sencillo" como la dignidad.

Es por ello que, ha reiterado, cuando la ley salga publicada en el BOE el PSOE planteará un recurso de inconstitucionalidad que se abrirá a diputados y senadores no sólo del PSOE sino del resto de grupos ya que, ha añadido, la norma debería haber sido "fruto del consenso".
 
Además, ha señalado que pondrán en marcha mecanismos para recurrir desde Canarias, Andalucía y Asturias, punto en el que ha considerado que si en Castilla y León "hubiera un mínimo de coherencia", el Ejecutivo regional debería de presentar también un recurso "por la clara invasión de competencias".
 
En este sentido, ha criticado que los diputados 'populares' de Castilla y León "aplaudieron con las orejas" el texto tanto en pleno como en Comisión sin plantear "solución ni alternativa". "Si creen que su presión ayudó a conseguir algo, se equivocan", ha advertido antes de recordar que los "temas de fondo" siguen igual mientras que con "otros importantes pero puntuales" se ha dado "una patada al balón" para posponerlos.
 
A las mencionadas iniciativas ha sumado Zarrías una tercera vía de recursos "novedosa en España" y "nunca puesta en marcha" basada en la ley del Tribunal Constitucional, que permite que los ayuntamientos puedan tener legitimidad a la hora de acudir a este tribunal para plantear un conflicto por invasión de competencias.
 
Esta apuesta, aunque no "sencilla" --tiene que votarla un séptimo de alcaldes que representen a un sexto de la población--, será afrontada por los socialistas, que no obstante mantienen su intención de poner sobre la mesa una nueva norma sobre este tema "fruto del consenso" en cuanto vuelvan al Gobierno.
 
Tras criticar que la ley, "sin pies ni cabeza" y nacida "de una imposición desde fuera para hacer reformas", es "un hachazo más al Estado del Bienestar", el secretario de Política Municipal del PSOE ha reiterado que la prestación de servicios vinculados al agua, los residuos o el adecentamiento de calles dejarán de ser competencia de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.