La Coordinadora Antivertedero de Santovenia irá a la vía penal si no se ejecuta el fallo del Constitucional que ordena el cierre

Tras las denuncias presentadas en septiembre y octubre ante el Ayuntamiento de la localidad y la Junta, dando cuenta de los movimientos de tierra que la referida empresa lleva a cabo con maquinaria pesada, y solicitando la inmediata paralización, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León, el nulo resultado obtenido ha llevado ahora a la coordinadora a estudiar el inicio de acciones judiciales para conseguir el cese de las obras y "lograr la eficacia" de la sentencia del TC que ordenaba la clausura, tal y como ha anunciado hoy el portavoz de Ecologistas en Acción (EA), Javier Gutiérrez.   

Éste, quien ha comparecido hoy ante los medios junto con representantes de otras organizaciones integrantes de la plataforma opositora (Facua-Consumidores en Acción, Federación de Asociaciones Vecinales e Izquierda Unida), ha acusado al actual equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Santovenia de renunciar y "tratar de sustraerse" de las competencias que le son propias en esta materia lanzando la pelota a la Junta para que sea ésta la que haga cumplir la sentencia.    

"Ambas administraciones juegan al ping-pong al atribuirse la competencia para ello", censura Gutiérrez, quien considera sangrante la postura del actual alcalde pues éste, según ha recordado, "formó en su día parte de la coordinadora.   

El portavoz de EA ha reprochado que mientras ambas administraciones renuncian a sus competencias la empresa Cetransa sigue con sus obras de ampliación--el vertedero está ya colmatado--y su actividad, ilegales desde que las licencias y la declaración de impacto ambiental de las instalaciones fueron anuladas en 2001 por el Tribunal Supremo.   

Ya en septiembre la coordinadora denunció ante el alcalde socialista tales obras de ampliación, ilegales por carecer de licencia urbanística, y logró que el primer edil de Santovenia dictara un decreto que prohibía su ejecución, sin resultado alguno.   

Gutiérrez ha denunciado asimismo que buena parte de los residuos que recibe el vertedero procede de otras comunidades autónomas, lo que vulneraría también el "principio de proximidad", y ha recordado en tono irónico que "mientras Castilla y León manda a otros territorios profesionales formados facilita, en cambio, la llegada de productos tóxicos y peligrosos de otras regiones".   

Pero además, la plataforma critica que la Junta de Castilla y León ha publicado en el BOCyL del pasado 9 de octubre una "corrección de errores" por la que autoriza en la planta de tratamiento un nuevo foco de emisión de contaminantes a la atmósfera procedente al parecer de una línea de estabilización de residuos que supuestamente fue retirada del proyecto autorizado en 2008 para sortear el informe negativo del Ayuntamiento, lo que considera un fraude de Ley y un intento de burla de las sentencias.

Nueva moción al pleno   

En este sentido, el concejal de IU en Santovenia, Roberto Sánchez, ha anunciado que este jueves llevará al pleno del Ayuntamiento una moción para acordar el inicio del procedimiento de cierre del vertedero y la planta de residuos tóxicos y ha hecho un llamamiento a los grupos municipales de PSOE, PP y UPyD para que apoyen esta iniciativa, en defensa de la legalidad y de los intereses de los cuatro mil vecinos del municipio.   

Se trata de la misma moción--incluye ahora las obras de ampliación ilegales--que IU llevó al pleno de septiembre y que, tal y como ha recordado Sánchez, no pudo llegar a debatirse entonces porque el PP y el PSOE votaron en contra de su urgencia.   

De confirmarse la pasividad municipal con el rechazo de esta moción, las organizaciones de la Coordinadora Anti-Vertedero anuncian el inicio de las acciones judiciales oportunas para procurar la restauración de la legalidad.   

La planta y el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) iniciaron su funcionamiento hace 20 años, en junio de 1993, y desde sus inicios han acumulado numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, el vertido y la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero e incluso un incendio.    
Actualmente almacena unas 800.000 toneladas de residuos peligrosos, en su tercera parte procedentes de fuera de Castilla y León.