La implantación en Castilla y León de la 'Ley Wert' exigirá un desembolso de entre 53 y 65 millones

Mateos, quien asistió este martes a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para debatir la incidencia autonómica de la también denominada 'ley Wert', ha insistido en que la nueva normativa "aborda" los malos resultados de España en materia educativa y por tanto es preciso en primer lugar "aceptarla" y acto seguido dotarla financieramente debido a que es muy "costosa".   

En este sentido, el titular de Educación castellanoleonés ha incidido en que su departamento estima que la implantación de la Lomce en Castilla y León supondrá un coste de entre 53 y 65 millones de euros, de ahí la necesidad de que el ministerio la dote con una financiación suficiente.   
Además, se ha felicitado de que el ministro haya sido "receptivo" respecto de la petición de todos los consejeros del ramo de modificar el calendario para su puesta en marcha, de ahí su consideración, tras advertir de que la decisión última es del propio José Ignacio Wert, de que la aplicación gradual de la nueva ley podría ya iniciarse el próximo curso en Primaria y 1º y 2º de la ESO.

Supuesto fraude en un comedor escolar de Villarcayo

Por otra parte, el consejero de Educación ha apelado a la cautela respecto de la investigación abierta sobre supuesto fraude en el comedor del colegio Princesa de España de Villarcayo (Burgos), que estarían utilizando de forma gratuita algunos alumnos que habrían sido empadronados falsamente en localidades del entorno pese a vivir en dicha localidad.   

Así, Mateos se ha limitado a confirmar que la Dirección Provincial de Educación ha abierto una investigación para el esclarecimiento de los hechos y por ello ha declinado entrar en detalles porque, tal y como ha advertido, "lo primero es conocerlo correctamente".   

De hecho, el consejero ha reconocido que desde la Dirección Provincial de Educación "se están tomando las decisiones oportunas" pero ha insistido en que antes de enjuiciar ese supuesto uso fraudulento del comedor escolar por parte de algunos de los alumnos es preciso "tener conciencia clara de lo ocurrido para luego actuar en consecuencia".   

El caso investigado tiene su origen en la denuncia recogida a primeros de octubre en la web del colegio Princesa de España de Villarcayo en la que algunos padres de alumnos mostraban su malestar tras tener constancia de que al menos catorce escolares, residentes en la localidad pero falsamente empadronados en pueblos del entorno, se estaban beneficiando de la gratuidad del servicio de comedor.