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De Estrasburgo al Far West

De Estrasburgo al Far West

domingo 27 de octubre de 2013, 17:21h
En uno de los libros que tuvimos que  leer y comentar para la misma cátedra en la que  Zapatero nos daba sus lecciones,  Norberto Bobbio decía sobre el terrorismo que nadie que declare la guerra al Estado tiene derecho a  pretender que el Estado no esté en  guerra con él. Ya en 1988  muchos decían en la Facultad que a  pesar del color gris de sus corbatas, sus trajes y sus clases, llegaría Zapatero a ser Presidente.  "Grisgrís" le dicen en Marruecos al mal fario, o todo  lo que significa lo contrario de barak, o baraka. 
De aquella frase de Bobbio  se seguía que la única guerra posible contra el terrorismo era la no declarada. Si un estado declara la guerra a un grupo terrorista, lo convierte en igual, y lo legitima en la esfera internacional. Este pensamiento inspiraba aún las resoluciones de las NNUU que favorecían el tándem nacionalismo-terrorismo, cuando la catarsis del 11S abrió los ojos al mundo sobre el peligro terrorista aliado con la causa que fuera.
En España la sociedad había dicho ya que no a la guerra sucia,  terrorismo de estado unido a una corrupción que arrampló con los fondos reservados. Aquello costó un  gobierno al PSOE, y llegó después el PP con la  doctrina  Parot. Con algunas reformas el código penal seguía  pensado para la delincuencia común, y no para gentes capaces de asesinar a cientos de inocente en nombre de la libertad y la justicia y que encima se lo creían. Para los que a veces trabajamos en esto de la libertad y la prisión, siempre ha sido vergonzoso observar que la política penitenciaria nunca ha tenido a la prevención general y especial como protagonistas, sino a ETA .

Lo cierto es que la sentencia de Estrasburgo no puede sorprender al jurista serio, que sabe que la doctrina en cuestión  desde el punto de vista jurídico era más que discutible. Lo que pasa es que la sentencia revela  otras cosas mucho más lamentables. Varios ministros dijeron que se acataría días antes de que se dictara.  Y el mismo PSOE de los GAL  ha sido el primer partido en anunciar el acato debido al fallo recién dictado.  Y otro Presidente tan gris como el anterior ha tardado  4 días en piar, cuando otros han ejecutado ya por su cuenta la sentencia. El único español involucrado en el TEDH, ex magistrado del Constitucional, estaba contaminado de antemano y al parecer había formado "lobby" con el asunto. 

Muchos  dicen ahora que los ciudadanos no deben confundir la justicia con la venganza. Pues a mí todo esto me suena también a vendetta. Pero no a la que refieren los políticos, sino más bien a una partida que se juega a mucha distancia  de  la ciudadanía y sus preocupaciones, que parecen ser cosa secundaria, y en la  que no se sabe muy bien qué es lo que se está jugando. Tal vez un borrón y cuenta nueva en muchas cosas, acaso no sólo respecto del fin de ETA, tal vez sobre varios escándalos que deslegitiman cada vez más a los dos principales partidos, o quizá una refinada revancha por aquello del GAL. 

Ya he dicho en otro lugar que el TEDH y el TC prácticamente sólo tratan con cuestiones que interesan políticamente y apenas atienden a la gente que ve vulnerados sus derechos por los Estados o sus tribunales. Sólo uno de cada diez casos llega a admitirse trámite en el Tribunal de Estrasburgo. En el TC, que en 2007 copió este proceder, sólo el 0,5% de los recursos de amparo llegan a leerse. Para más inri  esto lo dicen las webs de ambos tribunales como advertencia a todo aquel que quiera plantear una queja. Si el "non liquet" es un anatema judicial que prohíbe al juez negarse a conocer un caso por no haber ley aplicable, el TC y el TEDH aparentan vivir acampados en una dejación de funciones mucho peor. Es exasperante leer casi el mismo parrafito de inadmisión, en el caso del TC por no encontrar trascendencia constitucional, y en el del TEDH añadiendo la coletilla de que ninguna otra comunicación será respondida. Pida Ud un testimonio de actuaciones y no encontrará ninguna otra fundamentación. Si estos tribunales quieren recuperar su prestigio, deben ser los primeros en negarse a cumplir una norma procesal que atenta directamente a los Derechos Humanos que dicen proteger. Cualquier ciudadano de la UE tiene el mismo derecho a que su caso se atienda; e Inés del Río no es una privilegiada sólo porque le hayan dado la razón, sino porque se han dignado a estudiar su caso. 

Es también hipócrita la actitud política ante la polémica sobre si se ha de cumplir o no la sentencia, y pongamos un solo ejemplo de varios: el Reino de España fue condenado en los 80 por no permitir legalmente el recurso de apelación para delitos graves, pues la apelación de una sentencia  es un derecho fundamental del ciudadano. Esta sentencia sí que afecta a toda la ciudadanía y no sólo a un reo de 24 asesinatos. Pero su fallo no ha sido cumplido jamás. Y el mismo Gallardón que acaba de decir que hay que cumplir la decisión aunque nos pese, se ha dedicado a poner más trabas que nadie a las apelaciones civiles con sus tasas de 800 €, después que el PSOE impidiera las apelaciones para pleitos de menos de  3000€, y que ambos partidos hayan ido cerrando cada vez más el acceso de la ciudadanía al tribunal supremo, que no se encarga de asuntos de menos de seiscientos mil. La voluntad política de casi todos resulta verdaderamente farisaica diciendo que esta sentencia sí que hay que cumplirla.

Otra de las discusiones que también llaman la atención es la relativa a la extensión de efectos del fallo.  Al igual que en el caso del TC, una de las razones que el Tribunal de Estrasburgo suele aducir para no admitir a trámite los recursos presentados por cualquier ciudadano, es que el Tribunal haya  resuelto ya en otras ocasiones un asunto similar. Evidentemente  la ley Orgánica del  TC lo copió y  España no será jamás condenada por adoptar un sistema en que si uno no tiene padrino no se bautiza, pues es el modelo que  aplica Europa desde hace mucho tiempo y se está empezando aplicar aquí en demasía, pudriendo así a la judicatura que era de las pocas cosas que quedaban  en España sin pudrir.  La Justicia figura todavía en nuestra constitución por encima de la ley, como valor superior de nuestro Ordenamiento Jurídico. Esto se ha olvidado quizá en este caso como valor, pero la ley también impide cada vez más acceder a la justicia  y esto afecta a la libertad de todos. 

Con esto llegamos a un lugar en  que la última decisión la toman sujetos que no han sido elegidos por la ciudadanía, y encima sólo sentencian determinados casos. Esta es la democracia oficial, cada vez más vacía de contenido. Pero en absoluto puede considerarse como una democracia real.  Todo seguirá gris mientras no nos decantemos de una vez por una separación real de poderes que no existe.

En una sobremesa de restaurante, ayer veía  todas estas noticias mientras que un paisano acodado en la barra daba muestras de no contenerse.  Terminó diciendo que apagasen, que ya sólo veía las películas del Oeste porque en ellas a los cuatreros los colgaban. Me dio la terrible impresión de que no se refería a quien ha cumplido la condena. Y me quedé pensando qué diría hoy  Norberto Bobbio  de los políticos y los jueces que declaran la guerra al sentido común de la ciudadanía.

Daniel Muñoz Doyague. Abogado y politólogo.
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