Familia y jueces crean una comisión para coordinar el intercambio de información de cara a la prevención de desahucios

Así lo ha explicado el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, quien ha aclarado que ya desde junio se lleva a cabo el intercambio de información y el traslado de informes sobre la situación de los deudores hipotecarios a los jueces de primera instancia, si bien a partir de ahora será la nueva comisión la que "coordine" y "redacte" esos documentos.  

Concepción ha añadido que con dichos informes se pretende que los jueces "puedan proceder a la suspensión" de los procesos de desahucios "atendiendo a la concurrencia de los supuestos" en los que la ley la permite.   

Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha subrayado la importancia de que tanto la Junta como el sistema judicial tengan "información común" para "conocer los casos con carácter previo" que puedan requerir apoyo social.   

En función de esto, el convenio firmado permitirá la combinación de las estadísticas de la Gerencia de Servicios Sociales y las del TSJCyL para tener "mejor conocimiento del impacto de la crisis en las familias" y buscar "la máxima adecuación" de las actuaciones al "cambiante" marco social y jurídico, por lo que también se organizarán acciones formativas e informativas para la acción de los operadores, tanto sociales como jurídicos.   

De este modo, en los casos en los que el juez, durante el despacho de un asunto de esta naturaleza, pudiera albergar dudas sobre la capacidad de los afectados para afrontar la pérdida de su vivienda, podrá pedir a los Servicios Sociales que emitan un informe de la situación de vulnerabilidad del afectado. El objetivo del informe es proporcionar información "actualizada y veraz", según se señala en el acuerdo, con la que el juez pueda apreciar cada situación.

Carácter preventivo   

"Queremos que el Tribunal Superior de Justicia esté implicado en las fases preventivas", ha recalcado Marcos, quien ha añadido que con este acuerdo los jueces y magistrados podrán disponer del informe en el plazo de diez días.   

Asimismo, ha animado a las familias a acudir a las familias al Programa de Atención "antes de que se produzca el primer impago de la hipoteca" a través del teléfono 012.   

En este sentido, la consejera ha explicado que durante el ejercicio pasado éste atendió a más de 2.000 familias, de los que "el 90 por ciento de los casos cerrados fueron resueltos". Por lo que se refiere a estas cifras, Marcos ha defendido que los casos de desahucio en Castilla y León son "muy inferiores" a las de otras comunidades autónomas, aunque "un sólo caso ya es un problema, por lo que ha anunciado la puesta en marcha el próximo viernes de una Red de Protección a las Familias que permita el trabajo conjunto de todos los agentes implicados para "dar una respuesta única".   

El programa integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, puesto en marcha por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta cuenta con 30 oficinas en la región que ofrecen información y asesoramiento tanto desde el punto de vista económico como social en estos casos de pérdida de vivienda.

PGC

Por otra parte, Milagros Marcos ha achacado la reducción de fondos para su departamento en el Proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad (PGC) en 2014 a la desaparición de partidas para obras que ya se encuentran finalizadas y ha garantizado que la atención social que presta "no se verá perjudicada".  

Marcos ha reconocido que las cuentas presentadas el lunes están sujetas al cumplimiento de los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria, un "esfuerzo" que deben realizar "todas las consejerías".   

Sin embargo, la consejera ha asegurado que, a pesar de ello, se contempla un incremento de los fondos para la Renta Garantizada de Ciudadanía y las políticas de inclusión social.   

Asimismo, Milagros Marcos se ha comprometido a "optimizar" estos recursos expuestos a los ajustes para atender "aquello que es prioritario", al tiempo que ha recordado que el 98 por ciento del gasto de la Administración regional irá destinado a Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

Reforma local

Milagros Marcos también ha insistido en que la Reforma Local que prepara el Gobierno de España debe atender las características de "eficiencia" con que cuenta el modelo asistencial de Castilla y León.  

Marcos ha subrayado que el modelo nacional "puede ser razonable" para otras comunidades autónomas, pero ha detallado que en el caso de Castilla y León supondría, en lo relativo a la atención de proximidad, tener que duplicar el número de profesionales de los CEAS que prestan servicio en el medio rural y que quedarían limitados a atender casos de urgencia, lo que obligaría a disponer de otro profesional para atender el resto de casos, a pesar de que los actuales efectivos "están preparados y capacitados para atender todos los casos".   

Por otro lado, la consejera, que ha participado en una reunión de seguimiento del protocolo de colaboración con el sistema judicial para la prevención de los desahucios, ha explicado que en el caso del sistema residencial, la reforma supondría que la Junta tendría que asumir la gestión de 10.000 plazas de las que ahora se ocupan los ayuntamientos, algo para lo que ha pedido ampliar el plazo porque, de hacerlo de repente, "desequilibraría las cuentas de la Comunidad".   

Por ello, Milagros Marcos ha justificado las enmiendas presentadas en este sentido por el Ejecutivo regional al proyecto de Reforma Local, acordes con los planteamientos de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, recientemente aprobada, y ha subrayado que se han planteado "con absoluta lealtad" al Gobierno de España.