Racionalidad para universidades privadas

El día 7 de octubre el Boletín Oficial de Castilla y León publicó el Decreto 64/2013, de 3 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y master en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, coloquialmente conocido como "mapa de titulaciones", con el que, teóricamente, la Junta busca racionalizar la oferta de las titulaciones universitarias. Debería haberse publicado en abril para cumplir con los compromisos derivados de dicha necesidad de racionalizar la universidad española planteada por el ministro Wert, con el que se había comprometido el Presidente Juan Vicente Herrera, pero antes, el Presidente y el Consejero de Educación decidieron aprobar nuevas concesiones políticas de titulaciones repetidas para cumplir con sus amigos. 

Concretamente se aprobaron el Grado de Fisioterapia a la Universidad privada Miguel de Cervantes (que ya existía en Soria y Ávila), el Grado en Informática a la universidad privada de Segovia (que ya existía en Valladolid) y lo más indignante e irracional, el Master en Ingeniería Agronómica a la Universidad de Salamanca cuando ya existía en las Escuelas Agrarias de León y Palencia y en la universidad privada Católica de Ávila. Todas estas nuevas titulaciones, multirrepetidas e caciquilmente concedidas, ya están en marcha para satisfacer la demanda del político o del empresario amigo, perjudicando seriamente a los centros universitarios públicos que venían impartiéndolas hace años.

El irracional mapa de titulaciones actual lo ha creado la Junta de Castilla y León, desde que tiene las competencias en materia universitaria, a demanda de los políticos locales y provinciales, las fuerzas vivas de cada localidad, los medios de comunicación y hasta los mineros bercianos en manifestación. Jamás planificó con criterios educativos, basados en la demanda de titulaciones por nuestro territorio, y procurando especializar los sucesivos campus, tanto públicos como privados, que se fueron creando. 

No, en absoluto, nunca ha existido una planificación de ningún tipo, porque ni las universidades ni la Junta se plantearon ordenar las enseñanzas universitarias. Ni siquiera se planteó a partir del año 2005, cuando se comenzó a debatir la reforma del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, ni en el año 2007 cuando se empezaron a solicitar las verificaciones de los nuevos títulos de grado y master. Era el momento oportuno y era muy necesario en algunas titulaciones repetidas en todas las provincias, y con una reducida demanda, de menos de diez estudiantes de nueva matrícula año tras año, en muchas de ellas. Pero la Junta no hizo nada, las universidades poco y los centros procuraron diversificar las denominaciones de sus titulaciones sin modificar sus contenidos, porque tampoco la normativa lo permitía.

Han sido Wert y la crisis los que han abierto los ojos de todos y nos hemos dado cuenta de que no tenemos ingresos ni alumnos para soportar cuatro universidades públicas y cinco privadas que imparten 873 enseñanzas universitarias oficiales en 15 campus distribuidos en las nueve provincias, en las que se matricularon algo más de 79.000 estudiantes en un territorio con 2.546.000 habitantes.

La rentabilidad de la formación universitaria siempre se había estimado en la formación de buenos profesionales demandados por la sociedad. Hoy se valora en términos económicos por diferencia entre los euros que cuesta la docencia de cada titulación y lo que pagan de matrícula los alumnos. Nunca se había planteado, pero ahora es considera necesario un número mínimo de alumnos por curso (50 para Wert en lo grados) que, con la población de Castilla y León, sólo puede conseguir Salamanca, la ciudad universitaria más atractiva de España. 

En el Decreto se hace oficial el límite de 35 nuevos estudiantes para mantener las titulaciones universitarias de grado, y de 15 en el de los másteres oficiales. Además, establece que, con orden general sin excepciones, este límite no se aplicará a las carreras que solo se impartan en una única universidad de la región. Las universidades públicas con titulaciones que no lleguen a las cifras mínimas acabarán perdiéndolas tras su evaluación después de seis años. 

Las universidades privadas no estarán sometidas a este tipo de control, por lo que no tienen más que esperar a que los cadáveres de las titulaciones públicas repetidas pasen ante su puerta para mantener la suya, que tendrá asegurada su sostenibilidad a muy largo plazo, porque los que pueden resistir ganan. Que la calidad de las enseñanzas públicas sea mucho mejor, por la trayectoria profesional de sus profesores y por los recursos y métodos docentes empleados, no tiene interés para la Junta. Se recorta lo que haya que recortar y se favorece a las universidades privadas en las que, el que paga, tiene asegurado el título.

Es decir, el Decreto consagra la autonomía de gestión de las universidades privadas, como establece la ley, pero elimina la autonomía de la gestión académica de las universidades públicas, porque la Junta se arroga el poder de crear y suprimir sus titulaciones aunque estén acreditadas con una trayectoria impecable durante muchos años.