El procurador del Común advierte de que los recortes son la causa de que las quejas ciudadanas se hayan duplicado

Más del doble de quejas que el pasado año.  Los castellano y leoneses han buscado en el procurador del Común el último recurso a sus problemas con las administraciones, de forma que en 2011 se presentaron 4.264 quejas, frente a las 2.011 del año anterior, es decir, 1.853 más.

Amoedo ha comparecido ante el pleno de las Cortes autonómicas para presentar el informe de esta institución del año 2012, un hecho que se produce con notable retraso con respecto a ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que ya afrontamos el último trimestre de 2013.

El Procurador del Común ha insistido en varias ocasiones en que han sido los recortes de las administraciones públicas, como consecuencia de la crisis, la causa de que las quejas se hayan disparado.

Así, según el informe presentado este martes, contra la administración autonómica se han dirigido 1.896 quejas y 2.065 contra la local. La provincia con un mayor número de reclamaciones ha sido Valladolid, con 1.133, seguida por León, con 813. Por el contrario, en Soria sólo se han presentado 96 quejas.

El Procurador del Común ha incoado durante 2012 un total de 39 expedientes de oficio y se han dictado 892 resoluciones, 401 de ellas a la administración autonómica y 491 a la local.

Durante su exposición, ha ido relatando algunas de las quejas, muchas de las cuales tienen que ver con la salud, de forma  que se han presentado 1.053 reclamaciones, frente a las 90 del año anterior, todas ellas relacionadas con la atención primaria, el copago farmacéutico y las listas de espera.

Precisamente, en este capítulo se incluyen las casi mil reclamaciones por el cierre de las guardias nocturnas, aunque finalmente se procedió a su  reapertura.

En materia de vivienda, las quejas se refieren a la concesión de ayudas para la adquisición y el alquiler, así como a los procesos de desahucios.

Pero uno de los aspectos donde más se han incrementado las reclamaciones es la gestión de las dependencias, así como en los programas relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar en relación con los precios y la posible supresión. Por  último, otro de los bloques más destacado es el que se refiere a los ruidos generados por los locales de ocio.

En relación con los servicios municipales, las quejas hacen referencia al abastecimiento de agua potable, la pavimentación de vías urbanas, el alumbrado público o los servicios funerarios.

En su turno de respuesta a los parlamentarios, Amoedo ha pedido poder presentar el informe antes del verano, ya que ha reconocido que en esta ocasión se ha producido demasiado tarde y dado que el documento estaba listo en mayo, se ganaría en eficacia.
 
Contestación de los grupos

Tras la presentación del informe, los portavoces de los grupos parlamentarios han hecho sus respectivas valoraciones. Así, la socialista Ana Redondo, en calidad de viceportavoz, ha advertido que  los castellano y leoneses se quejan de "los recortes al cuadrado, los producidos por los recortes del Gobierno del PP multiplicados por los recortes de la  Junta y el mal funcionamiento de las administraciones". De la lectura del informe se extrae la conclusión, a juicio de Redondo, del "deterioro progresivo de la actividad económica, la pérdida en calidad  y cantidad de empleo, la rebaja del bienestar y el empobrecimiento progresivo de la sociedad".

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández-Carriedo, ha intentado desmontar  el informe ya que a su juicio no se han producido 1.853 quejas más que el año anterior sino sólo 23. Su explicación al respecto es que la mayor parte de las quejas presentadas se refieren a las urgencias nocturnas, más de 900, la denuncia de un tanatorio que se quería construir junto a un colegio en Laguna de Duero, otras tantas, y 31 por dos locales musicales en Soria.

Sin embargo, Javier Amoedo ha respondido que la institución considera las quejas colectivas como una única queja, hasta el punto que, según ha señalado, 9.000 funcionarios de la Comunidad firmaron una reclamación y, evidentemente, se considera como una.

Por último, el procurador de IU, José María González, ha asegurado que ha quedado demostrado la falta de confianza de los ciudadanos en la respuesta de las administraciones y ha pedido que el informe del Procurador del Común sea considerado el libro de cabecera del Gobierno regional.