Silván valora la obligación de evaluar el impacto ambiental de las nuevas técnicas como el 'fracking'

Silván, que ha participado este lunes en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, ha recordado que el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que será debatido en el Congreso incluye algunas de las observaciones que planteó Castilla y León al anteproyecto y que fueron incorporadas en gran medida, "con el ánimo de contribuir a configurar un texto normativo que resulte accesible y seguro jurídicamente para todos los sujetos".   

Esas alegaciones abogaban por observar las reglas de racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos, "con la finalidad última de garantizar una mayor calidad en la prestación de los servicios públicos".   

Según ha explicado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la nueva ley se unificarán, simplificarán y racionalizarán los procedimientos de evaluación ambiental aplicables, "permitiendo el paralelismo de procedimientos similares que sólo difieren en el marco de aplicación, genérico, en planes y programas y, a un nivel más pormenorizado, en proyectos incluidos en esos planes y programas".    

De este modo, han continuado las mismas fuentes, se conseguirá acortar plazos de tramitación, recudir las cargas administrativas que soportan los promotores y evitar diferencias en los niveles de exigencia ambiental de las comunidades autónomas.    

Además, se refuerza la valoración de los aspectos ambientales en su tramitación sustantiva, lo que favorece la implantación y desarrollo de las actividades inversoras en un menor tiempo, lo que contribuye al desarrollo socioeconómico, reducir las cargas, simplificar el procedimiento y dar una seguridad jurídica al promotor.

Evaluación simplificada para proyectos ambientales   

Antonio Silván ha reclamado además que se tenga en cuenta la especificidad de determinados proyectos, como las repoblaciones forestales y las forestaciones, "ya que se tienen que considerar como instrumentos que suponen una mejor utilización del medio natural".    

La idea, han explicado desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sería reducir la casuística de las evaluaciones de impacto ambiental a casos relevantes "con el objetivo de no alargar el trámite administrativo, ya que retardaría la ejecución de proyectos ambientalmente deseables o, incluso, podría disuadir a los promotores a realizar estos proyectos, lo que iría en detrimento del objetivo de incrementar las superficies arboladas".    

Desde Castilla y León se propone su sometimiento a Evaluación Ambiental simplificada (no ordinaria) para que sea el órgano gestor del espacio protegido el que informe al órgano ambiental sobre si existen afecciones significativas para la ejecución del proyecto, "lo que llevaría a este último a decidir si puede suponer una transformación ecológica negativa para el espacio".    

"De este modo sólo deberían someterse a Evaluación de Impacto Ambiental cuando se prevean riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas, bien sean proyectos en zonas protegidas o no y con independencia de su superficie", han defendido desde el departamento que dirige Antonio Silván.

Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León   

Según han recordado las mismas fuentes, en sintonía con el proyecto de ley del Gobierno, y condicionado a su aprobación, las Cortes de Castilla y León aprobarán, previsiblemente en 2013, la modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León que adecua el régimen de la autorización ambiental y la evaluación de impacto ambiental de proyectos a la normativa básica estatal.   

Esta modificación tiene como objetivo fundamental impulsar la actividad económica, en particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes), en el marco de un desarrollo social y medioambiental sostenible, mediante la racionalización de los procedimientos administrativos, así como de la adecuación de las regulaciones existentes a los avances e innovación que marcan tanto las disposiciones normativas como las técnicas más recientes y que demanda el sector empresarial.    

"Con esta finalidad la modificación proyectada apuesta por someter a los sistemas de control ambiental únicamente aquellas actividades, instalaciones o proyectos respecto a los que la experiencia ha demostrado una clara incidencia ambiental", han concluido las mismas fuentes.