La Junta abre otro frente contra la reforma local de Montoro, ahora vía enmiendas

La Junta de Castilla y León sigue en su intento por cambiar la reforma local de Rajoy que considera especialmente lesiva para una Comunidad como Castilla y León por sus especiales condiciones de extensión, población y dispersión.

En este intento, el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves un documento con una relación de enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que ha remitido a los grupos políticos del PP, PSOE e IU tanto en las Cortes como en el Congreso y el Senado, además del propio Gobierno.

El objetivo no es otro que los grupos parlamentarios puedan asumir estas enmiendas durante la tramitación parlamentaria del texto legislativo.

De Santiago-Juárez ha recordado que la Junta ya envió un primer informe en el que se rechazaban muchos aspectos de la reforma local algunos de los cuales se corrigieron si bien "sigue sin gustarnos" ha señalado el portavoz.


Según el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, la aplicación de la reforma local en sus términos actuales supondría un sobrecoste para las arcas de la Administración autonómica de 382 millones de euros, ya que la Junta se vería obligada a asumir competencias en materia de gestión de los servicios sanitarios, sociales y educativos.

De esta forma, la Junta ha elaborado un segundo documento que recoge los aspectos del proyecto de ley que se cree que hay que modificar. Así, se pretende cambiar el artículo que transfiere a la Comunidad las competencias que ahora pertenecían a los ayuntamientos de construcción, conservación y mantenimiento de consultorios locales, una competencia que tendría un coste para las arcas regionales de 30 millones de euros.

En otros 102 millones de euros se ha valorado el gasto que supondría para la Junta asumir los servicios sociales de proximidad, también hasta ahora en manos de los ayuntamientos, a los que costaba 51, y que se quiere evitar que pasen a la comunidad, mientras que las competencias en materia de residencias tendrían un gasto de 226 millones de euros. En este caso se propone que esa transferencia se haga en cinco años y no en uno como aparece en el Proyecto de Ley. Otros cien millones corresponden al gasto por el mantenimiento de los centros escolares, si bien en este caso se esperaría a que se modifique la Ley de Haciendas Locales y la reforma del modelo de financiación.

De Santiago-Juárez ha insistido en que la Comunidad no tiene miedo a gestionar competencias si vienen con financiación y ha resumido el sentido de las enmiendas en la necesidad de ampliar plazos y financiación, todo ello enmarcado en lograr una mayor eficiencia y no incrementar el gasto público.

El portavoz de la Junta ha destacado, además, que es la primera vez que se adopta un acuerdo de estas características ya que "es nuestra obligación defender los intereses de Castilla y León e intentarlo hasta el último momento".