La Fiscalía de Valladolid recurre el auto del PGOU y solicita la imputación de León de la Riva y el concejal Manuel Sánchez

La Fiscalía de Valladolid ha presentado recurso contra el auto de imputación por el denominado 'Caso PGOU' en el que solicita la nulidad del mismo por entender que el juez instructor no ha determinado suficientemente los hechos de los que se derivan las imputaciones y, de forma subsidiaria, solicita su ampliación para que figuren también como imputados el alcalde, Francisco Javier León de la Riva; el teniente de alcalde y concejal de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez, así como el que fuera administrador de la mercantil Área Especial S.L, Ramón Herrero Merino.

El recurso firmado por la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Valle, directamente de apelación ante la Audiencia de Valladolid--lo tendrá que resolver la Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle--, considera que el auto de imputación dictado el pasado día 31 de julio por el juez de Instrucción 1, José María Crespo, incurre en nulidad por infracción del artículo 779.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 
Así, la fiscal, según pudo saber Europa Press en fuentes del caso, advierte por un lado de que la imputación de las empresas Vallenava Capitol S.L, Progot Valladolid S.L, Capitol Promociones XXI S.L. y Parkosa S.L.--son personas jurídicas--incurre en causa de nulidad ya que ninguna de ellas ha tenido intervención, en condición de imputado, con anterioridad a dictarse el auto ahora recurrido, habiendo declarado en tal condición tan sólo determinadas personas físicas que ostentaban--o lo habían hecho--puestos de representación y/o administración en esas entidades.

Pero además, el recurso, que consta de 23 páginas, se fundamenta en el criterio de que los hechos recogidos en el auto del instructor "no están determinados suficientemente, hay menciones que no se ajustan a lo obrante en autos y se omiten hechos relevantes para la fundamentación de las que se realizan en la parte dispositiva. Algunas de esas omisiones tienen también incidencia en la cuestión del sobreseimiento expreso o tácito respecto de varios encausados".
 
Entre los numerosos hechos relevantes citados, el recurso de la Fiscalía vallisoletana incide en que se omite un precedente como es la presencia en las sesiones de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento y los plenos municipales, especialmente durante el año 2003, de determinados ediles que luego tuvieron intervención en los expedientes en que se aplicaron las normas y planos alterados de forma fraudulenta y que, por tanto, habían tenido acceso a la documentación 'correcta'".

Y es en ese punto donde la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo se centra en las figuras del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y Manuel Sánchez, quien ocupó entre 2007 y 2011 la Concejalía Delegada del Área de Planificación, Infraestructuras, Movilidad y Patrimonio.

"Convencimiento objetivo de responsabilidad"

En ambos casos, se indica que la omisión en el relato de hechos de su intervención en la toma de decisiones en los distintos expedientes investigados no puede derivar en inexistencia de motivos para su imputación, que no se basan en recelos, sospechas o en convencimientos subjetivos "sino en convencimiento objetivo derivado de las diligencias practicadas, así como en las resoluciones adoptadas y los datos a que tuvieron acceso por su cargo, uno y otro de su jerarquía en la estructura municipal, y del alcance de sus atribuciones".
 
Así, respecto del alcalde, la fiscalía subraya que en tal condición delegó sus funciones en materia de Urbanismo a los concejales que ha estimado oportuno y ha dado el visto bueno a los cambios que se han ido produciendo en el Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, a lo que se añade el hecho de que ha presidido todas las sesiones de la Junta de Gobierno Local en que se han adoptado acuerdos relacionados con los hechos investigados, así como los Plenos de la Corporación en que se han debatido cuestiones relacionadas, incluidos aquellos en que se aprobó inicial y provisionalmente la modificación del PGOU.
 
Pero además, se atribuye a León de la Riva haber impulsado lo que se ha venido a denominar "corrección o rectificación de errores materiales", calificación que defendió personalmente en el pleno de aprobación de dicho texto y negando ante la oposición toda posibilidad de que hubiera habido manipulaciones, "tratando de restar importancia" a lo ocurrido.
 
"En esa fecha ya se habían incoado las presentes diligencias penales para investigar divergencias detectadas en la normativa y planos del PGOU, de forma que el aludido expediente, a la vista de su contenido, parece que apuntaba a soslayar las posibles consecuencias de la instrucción de la causa penal".
 
A su vez, y en referencia tanto al alcalde como a Sánchez, se recuerda que en el auto ahora recurrido "no se ha descrito de qué forma los técnicos municipales imputados que no intervenían ni en las Juntas de Gobierno ni en los Plenos municipales consiguieron ocultar tales irregularidades, cuando había informes negativos de los arquitectos municipales en los expedientes y recursos en los que se alegaban manipulaciones en el PGOU, ni de qué modo lograron que los responsables municipales hicieran caso omiso de los mismos, no leyeran documento alguno ni cómo obtuvieron--no presidiendo el grupo municipal, ni ostentando la concejalía competente en la materia--el apoyo de los demás concejales del grupo mayoritario, en el que el sentido del voto fue siempre unánime".

Es por ello que la acusación pública concluye que las atribuciones que el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid confiere al alcalde y los concejales "ponen de manifiesto su carácter de órganos de gobierno, frente a los que, aunque colaboren con ellos, tienen carácter consultivo e informativo cuyas actuaciones, aunque puedan constituir ilícito penal, no eximen de la responsabilidad que en este mismo ámbito pueda exigirse a los primeros".
 
Además de la petición ampliatoria de la imputación para ambos responsables municipales, el Ministerio Fiscal interesa que se incluya igualmente como imputado al que fuera administrador de la mercantil Área Especial S.L, Ramón Herrero Merino, al considerar que la operación urbanística en la Avenida de Madrid, fruto de una de esas alteraciones del PGOU, le reportó importantes beneficios al ser propietario intermedio de los terrenos, antes de Vallenaba Capitol S.L.