La Junta insiste en que no hace falta financiación adicional para "aprobar moratorias de hipotecas o un parque de alquiler"

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, ha recalcado este lunes que no se requiere financiación adicional para el decreto-ley que incluye 22 medidas urgentes en materia de vivienda porque se trata de acciones "concretas, dirigidas a las familias de Castilla y León".

Silván ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación como "portavoz" de los representantes de la Comisión de Vivienda del Consejo del Diálogo Social, que han mantenido una reunión para abordar el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, que se aprobó en el Pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles en las Cortes regionales.
 
El consejero ha calificado el encuentro de "positivo, productivo y efectivo", al tiempo que ha considerado que ha servido para "reafirmar el diálogo social". No obstante, ha apuntado que los representantes sociales y sindicales han cuestionado el hecho de que el decreto-ley no lleve implicada financiación adicional para estas líneas.
 
Antonio Silván ha aseverado que "para establecer moratorias de hasta cuatro años en la renta o en el pago de la hipoteca, o para crear un parque público de viviendas para el alquiler" no se requiere más financiación.

En todo caso, ha recalcado que "la financiación no está reñida con la puesta en marcha de las medidas urgentes" y ha añadido que las aportaciones de la Administración regional estarán sujetas al nuevo Plan Estatal de Vivienda del Ministerio de Fomento.

El consejero ha recordado que la finalidad de la Comisión en este aspecto es "enriquecer" las 22 medidas para que cada representante realice su aportación, pues están "abiertas". "La política de vivienda no entiende de ideologías", ha aseverado, tras detallar que estas medidas buscan el triple objetivo de "garantizar el acceso a la vivienda, su mantenimiento y por otro lado reactivar la construcción".
 
A partir de la convalidación del decreto-ley el pasado miércoles, el calendario de esta normativa continúa con la celebración de una nueva mesa de la Comisión la próxima semana en la que se trabajará en las primeras aportaciones, mientras que en octubre se pueden presentar las enmiendas en las Cortes con el fin de que el proyecto de Ley "vea la luz cuanto antes".

Medidas

Entre las medidas urgentes en materia de viviendas destaca una rebaja de un 20 por ciento de los precios máximos de venta o alquiler de aquellas viviendas públicas que se adjudiquen después de que entre en vigor esta norma. El precio actual de las viviendas cuyas futuras adjudicaciones sufrirán esta rebaja es de 500 euros en régimen de alquiler y de 100.000 euros en venta.

Otra de las acciones se centra en facilitar los pagos de las cuotas de compra o de alquiler con determinadas moratorias de pago, además se avanza en la amortización anticipada de la compra o en la adquisición de viviendas en arrendamiento. También se reservará una parte de las viviendas para colectivos en riesgo de exclusión social y se obliga a la Administración autonómica y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a constituir parques públicos de alquiler social, integrados por viviendas y alojamientos protegidos de titularidad pública, que se destinarán preferentemente al alojamiento, en régimen de arrendamiento, a personas incluidas en los colectivos de especial protección.
 
Junta y ayuntamientos deberán reservar al menos el 30 por ciento de las viviendas protegidas desocupadas y de los terrenos de uso residencial de su titularidad o de entidades dependientes para consolidar los parques públicos de alquiler social.
 
Dentro de las acciones destinadas a movilizar el 'stock' de viviendas destaca la ampliación del periodo de amortización de préstamos hipotecarios, además no se exigirá la devolución de las ayudas de la Junta por compra de vivienda cuando esta sea objeto de transmisión por subasta, dación en pago o adjudicación en un procedimiento de desahucio ni cuando se modifiquen los préstamos para reestructurar la deuda hipotecaria.

Asimismo, la política de alquiler de la Junta se unifica en un único Programa de Fomento del Alquiler que pretende dotar de "mayor" flexibilidad el apartado de requisitos de las viviendas del programa así como el relacionado con los arrendatarios.

La Junta establece una "más clara" diferenciación entre las viviendas de promoción privada y las de promoción pública. En el caso de las viviendas protegidas privadas se reduce la duración del régimen legal de protección a 15 años y a 10 años el plazo mínimo para solicitar la descalificación. En la vivienda protegida de promoción pública se mantiene el plazo de protección en 30 años y se concentra en la atención a los sectores sociales desfavorecidos con ingresos hasta 3,5 IPREM, a los que el mercado no proporciona una solución a sus necesidades.

Además se flexibilizan los requisitos para acceder a una vivienda protegida. Se estable un nivel máximo de ingresos de 6,5 veces el IPREM en la promoción privada y la posibilidad de que personas jurídicas públicas y privadas sin ánimo de lucro sean destinatarias de viviendas protegidas cuando en las mismas se vayan a desarrollar actividades de interés público o social o se destinen a realojar personas incluidas en alguno de los colectivos de especial protección.