El PSOE tilda de "poco ambicioso" el decreto de la Junta para acceder a la vivienda

El PSOE ha reprochado a la Junta de Castilla y León que, en materia de vivienda, opte por el decreto ley 9/2010, de 30 de agosto, relativo al derecho a la vivienda de la Comunidad, el cual "sigue sin desarrollo reglamentario".

La portavoz socialista de Fomento en las Cortes de Castilla y León, Ana Muñoz de la Peña, ha considerado que, tras años de crisis, la Junta "debería" tramitar, mediante proyecto de Ley en las Cortes, el impulso al acceso a la vivienda de los colectivos más "desfavorecidos", dado que el proyecto de Ley es un procedimiento "mucho más participativo" que el decreto Ley.

Muñoz de la Peña ha señalado además que el decreto Ley de la Junta recoge medidas "menos ambiciosas" que las que han puesto en marcha otras comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía y ha "acusado" a la Junta de Castilla y León de "carecer" de política de vivienda.

Del mismo modo, la portavoz socialista ha recordado que las ayudas públicas y subvenciones para adquisición, arrendamiento o rehabilitación de vivienda, así como para la promoción de vivienda pública y protegida están "paralizadas" desde hace 2 años, lo que, según la postura socialista, "impide" que se facilite a los jóvenes, a las rentas más bajas y a colectivos con necesidades especiales, el acceso a una vivienda "digna." 

Asimismo ha subrayado que "decenas" de ayuntamientos aún están esperan la construcción de las promociones de vivienda que comprometieron en el año 2007, por lo que ha calificado de "estafa electoral" el programa del PP en el que se comprometió a continuar la ejecución del Programa Regional de Actuaciones de Urbanización (PRAU) que, según el propio PP, permitiría la promoción de más de 17.000 viviendas, de las que cerca de 13.000 serían protegidas.

Por otro lado, la representante socialista ha recordado la "negativa" del PP a apoyar iniciativas socialistas dirigidas a optimizar el uso del stock ya existente de viviendas con objeto de atender las "necesidades sociales" de la población o a evitar la "exclusión social" de aquellas familias que carecen de vivienda a través de arbitrar de forma inicial soluciones coyunturales que con posterioridad permitan dar una respuesta "definitiva".