El juez del 'Caso PGOU de Valladolid' desvela el 31 de julio si imputa o bien sobresee el caso

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha comunicado que el 31 de julio dará a conocer si dicta auto de sobreseimiento o bien de imputación en el caso de graves irregularidades cometidas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos, según informaron fuentes jurídicas.

El esperado auto judicial despejará ese día, a partir de las 13.00 horas, la incógnita de si acuerda dirigir la acusación contra parte de las personas que declararon en calidad de imputadas por su supuesta responsabilidad en las referidas alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid y si entre ellas se encuentra el alcalde de la ciudad, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva. 

Una de las últimas pruebas, ya practicadas, había sido solicitada por el letrado defensor del arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, consistente en requerir a la Policía Nacional para que investigase si la firma M. Devesa, que aparece en uno de los archivos informáticos del Ayuntamiento supuestamente manipulados, corresponde a una trabajadora de Inzamac, empresa zamorana con la que el Consistorio tenía contratada una parte de la elaboración del PGOU, y si hay alguna entrada de ella en las fechas en las que presuntamente se registraron las alteraciones.

El informe policial, ya practicado, ha identificado a una trabajadora de dicha empresa--ésta no ha declarado aún en las diligencias previas--, aunque también se aporta el de otras dos personas que tienen ese apellido de segundo, al tiempo que certifica la seguridad del sistema informático del Consistorio, al que se accede una vez recibido el permiso pertinente y previa asignación de clave y contraseña, y todo ello con el añadido de las auditorías que ocasionalmente son realizadas.

Una veintena ha declarado como imputada

Aunque cabría también la posibilidad de que el juez José María Crespo dictara un auto de sobreseimiento provisional o de archivo, tal decisión parece poco probable si se tiene en cuenta que el caso lleva casi cinco años bajo investigación del juzgado del que es titular y por el que han desfilado veinticinco testigos para declarar como imputados, entre técnicos, constructores, miembros de la actual corporación municipal y exconcejales del PP. 

Uno de ellos, el exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca, en su segunda comparecencia ante el juez instructor, invocó el pasado día 10 de enero nuevamente su inocencia y responsabilizó de lo ocurrido al que fuera arquitecto municipal Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en abril de 2006.

"Según él, como ya dijo en su día, sólo hay un responsable que es lamentablemente la persona que ha fallecido y que fue quien hizo y controló todo, sin que nadie más se percatara de lo ocurrido hasta tiempo después", resumió ese día el abogado de la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos. 

Durante los casi cinco años de instrucción, el juez del caso, amén de los testigos interrogados, ha tomado también declaración en calidad de imputados a veinticinco personas, entre ellas el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (García de Coca, Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con los arquitectos Luis Álvarez Aller y Pablo Luis Gigosos, el que fuera jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valladolid José Luis Barca, ya jubilado, y el todavía letrado municipal Luis Ángel Lavín Deza, además del director general de Vivienda de la Junta, Ángel María Marinero, quien en la época de los hechos era jefe del Servicio de Urbanismo, y el secretario municipal, Valentín Merino.

En una de las declaraciones que despertó más expectación, la desarrollada el día 12 de julio de 2012, el primer edil vallisoletano, Francisco Javier León de la Riva, mantuvo, en la línea de lo alegado por excompañeros de corporación y otros aún integrantes de su equipo municipal, que cuando emitió su voto afirmativo a la modificación del PGOU u otros trámites previos fue siempre amparado en los informes de los técnicos de Urbanismo, los técnicos jurídicos o, en su caso, los técnicos económicos. 

"Ha quedado bastante claro que el alcalde no tiene participación alguna en lo que haya podido pasar", enfatizó hace ahora casi un año el munícipe, quien a este respecto incidió en que su cometido se había limitado simplemente a presidir los plenos, sin participar siquiera en las comisiones informativas de urbanismo y mucho menos nombrar a los técnicos informantes de los distintos temas en la materia. 

Pero además, León de la Riva advirtió entonces de que tampoco había recibido en su despacho a empresario alguno que estuviera inmerso en algún concurso para optar a una obra un servicio, norma que, como así precisó, viene cumpliendo escrupulosamente desde hace veinticinco años, para reiterar a continuación que en diecisiete años al frente del Ayuntamiento jamás había firmado una resolución "sin el visto bueno de los técnicos".

En vía judicial desde 2008

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.