El Juzgado admite a trámite la demanda contra el Ayuntamiento de Ayllón (Segovia) por impedir grabar los plenos

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Segovia admitió a trámite la demanda interpuesta por el abogado Manuel García Cob, candidato al Senado por el partido EQUO en las pasadas elecciones, contra la resolución dictada por el Ayuntamiento de Ayllón que impide a los ciudadanos que no estén acreditados como medio de comunicación grabar los plenos municipales.   

Según ha informado el demandante, el Juzgado requerirá con carácter urgente al Consistorio, gobernado por Sonia Palomar (PP), que en el plazo de cinco días remita el expediente e informes que crea convenientes para su defensa.   

García Cob ha manifestado que no está conforme con las medidas cautelarísimas adoptadas por el tribunal, si bien ha informado de que no va a recurrir la resolución al confiar en que los jueces le den la razón y los vecinos de Ayllón puedan en breve grabar un pleno "con la normalidad que debe primar en un ayuntamiento democrático y transparente".   

El demandante ha incidido en la importancia de que cualquier ciudadano filme los plenos de sus correspondientes ayuntamientos, ya que, según dice, aunque los actas de los secretarios den fe pública "éstos pueden ser fácilmente impugnados si no se refleja fielmente lo acontecido en las sesiones con las grabaciones tomadas".   

"No es lógico que al Gobierno del PP se le llene la boca con la futura ley de transparencia y se siga permitiendo que los ayuntamientos gobernados por miembros de su partido ejerzan censura previa sobre sus vecinos, impidiendo que éstos no permitan controlar el derroche y la corrupción que se viene practicando como cosa habitual por parte de muchos ayuntamientos españoles", ha señalado.   

García Cob ha avisado de que tanto él y como su partido acudirán al Contencioso -Administrativo contra todos los ayuntamientos segovianos que vulneren derechos fundamentales de los ciudadanos.

Denuncia penal   

El demandante ha indicado por otra parte que la Mesa Regional de EQUO, a la espera de la sentencia del Juzgado, ya prepara una denuncia penal contra la alcaldesa y procuradora de las Cortes de Castilla y León, Sonia Palomar, así como contra los cinco concejales del PP que votaron a favor de prohibir la grabación a sus vecinos.    

Para todos ellos, ha apuntado, se pedirá la inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años, tal como señala el Artículo 542 del Código penal para el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.   

García Cob ha recordado que todos ellos juraron o prometieron acatar la Constitución y que Sonia Palomar lo hizo dos veces, una en las Cortes de Castilla y León, donde ejerce como procuradora, y otra en el Ayuntamiento de Ayllón.