red.diariocritico.com

El 36% de las entidades locales de CyL tiene pendiente rendir las cuentas de dos o más ejercicios al Consejo de Cuentas

En 2011 se registró la mejor ratio de entrega en plazo desde 2003, aunque el 48,5% no lo hizo

Por Redacción/Agencias
lunes 15 de julio de 2013, 17:34h
El 36 por ciento de las entidades locales de Castilla y León (810 ayuntamientos) tiene pendiente de rendir las cuentas de dos o más ejercicios fiscales al Consejo de Cuentas autonómicos, según se recoge en el informe que este organismo ha entregado este lunes en las Cortes.   

De acuerdo con estos datos, en 2011 se registró la mejor ratio de entrega en plazo desde 2003, aunque un 48,5 por ciento de las mismas, sin incluir las entidades locales menores, incumplió la obligación legal de rendir sus cuentas en plazo. Este porcentaje se redujo hasta el 33,1 por ciento a la fecha de cierre establecida para la elaboración del informe. Entre las 653 cuentas analizadas, sólo 57 se presentaron inicialmente completas y sin incidencias.   

Con el objetivo de acortar el plazo de emisión del informe, el periodo establecido por el Consejo para la rendición de las cuentas se redujo en cuatro meses respecto al ejercicio anterior, por lo que pasó a fijarse el límite temporal el 31 de diciembre de 2012, dos meses después de la finalización del legalmente establecido. Sin embargo, y a pesar de la considerable reducción del plazo, las ratio de rendición han experimentado "una evolución favorable".   

A la fecha de cierre del análisis del grado de rendición, con exclusión de las entidades locales menores (ELM), rindieron la Cuenta General de 2011 un total de 1.735 entidades locales que representan el 66,9 por ciento de las existentes, lo que supone un incremento de 4,3 puntos en relación al ejercicio anterior.   

Por el contrario, 857 (el 33,1%) incumplieron la obligación de rendir sus cuentas. De esta cifra 673 son ayuntamientos, de los cuales once son de municipios con más de 5.000 habitantes.   

Si se considera únicamente el plazo máximo legalmente establecido, hasta el 31 de octubre de 2012, también con exclusión de las ELM, rindieron las cuentas 1.335 entidades, de un total de 2.592, esto es, el 51,5%. En este caso la mejora respecto al ejercicio anterior es de 16,6 puntos porcentuales.   

La información comparativa con ejercicios anteriores, tanto si se toma como fecha de referencia la establecida legalmente o la correspondiente a la prórroga de dos meses, muestra cómo después de la "brusca caída" producida en 2006, relacionada, según el Consejo, con la implantación de la presentación por vía telemática, se han recuperado gradualmente los niveles de rendición, con sucesivos incrementos anuales, con un aumento "significativo" el aumento de la rendición que se ha producido en los dos últimos ejercicios.   

Como resultado de esta evolución, el nivel de rendición alcanzado con las cuentas del ejercicio 2011 superó los índices logrados en toda la serie histórica iniciada en 2003.

"Apenas ha aumentado"   

Sin embargo, si se analiza la rendición acumulada a fecha 31 de diciembre de 2012, se comprueba que desde la Cuenta General de 2006 los niveles de rendición se mantienen por debajo de los anteriores a dicho ejercicio. En consecuencia, lo que se ha producido desde aquel año es, sobre todo, "una mejora en los plazos de rendición", aunque en términos acumulados "apenas ha aumentado".   

El análisis evolutivo por tipo de entidad refleja cómo todos los grupos siguen la tendencia general de aumento del grado de rendición desde 2006. Asimismo, en los datos por provincias se aprecia igualmente una evolución al alza desde aquel año.   

Si se atiende a los distintos tipos de entidad, los niveles más altos de rendición de cuentas a la fecha de cierre del análisis, los presentan las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo, con el cien por cien, seguidos de los ayuntamientos, con el 70,1. Las mancomunidades y otras entidades asociativas y los consorcios presentan bajos niveles de rendición, el 46,5 y el 37,3 por ciento, respectivamente.   

El análisis de la rendición de cuentas de las entidades locales menores en 2011 ofrece un índice de rendición del 10,2 por ciento en el plazo legal y del 13,4 a la fecha de cierre. A pesar de la mejora experimentada en relación a ejercicios anteriores, el Consejo ha vuelto a poner de manifiesto una ratio "muy reducida".   

El informe destaca en sus conclusiones la existencia de un número "muy significativo" de entidades que incumplen la obligación de rendir sus cuentas de forma reiterada, hasta el punto de que, excluidas las entidades locales menores, el 40,6 por ciento de las entidades tiene pendiente de rendir la cuenta de dos o más ejercicios, con un porcentaje de 28,9 de las entidades en las que dicho incumplimiento se eleva hasta cuatro o más ejercicios.   

El Consejo ha llevado a cabo actuaciones complementarias para impulsar la rendición de cuentas del ejercicio 2011 dirigidas a las entidades de mayor tamaño.   

Como resultado de estas iniciativas, el porcentaje de rendición pasó a ser desde el cierre de plazo (31 de diciembre de 2012) al 31 de marzo de 2013 del 88,9 por ciento al cien por cien en las diputaciones, del 69,5 al 91,5 por ciento en los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes y del 65,3 al 90,7 por ciento en los ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 2.000 y 5.000 habitantes.   

En cuanto a las causas de la falta de rendición de cuentas, éstas "apuntan mayoritariamente" a la insuficiente dotación de recursos humanos y al retraso o problemas en la gestión contable.   

De las 653 cuentas analizadas (557 entidades locales y 96 entes dependientes), inicialmente sólo 57 se presentaron completas y sin incidencias y 596 contenían incidencias de diversa índole.   

Tras la comunicación y, en su caso, subsanación de las incidencias por las entidades locales, el total de cuentas sin incidencias pasó a ser de 77, esto es, el 11,8 por ciento del total de las analizadas, un porcentaje "semejante" respecto al resultado obtenido en 2010.   

Respecto a la naturaleza de las incidencias, un 18,9 por ciento son de carácter formal, relacionadas con el incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario, y el resto, definidas como "sustanciales", representan el 81,1 por ciento y tienen que ver con la coherencia de la información (el 32,2 por ciento del total) y la integridad de la misma (48,9%).

Empresas públicas

El Consejo de Cuentas de Castilla y León también ha observado que las cuatro empresas públicas de Castilla y León (Provilsa, Somacyl, Ade Parques y Ade Financiación) no cumplen con la obligación de comunicar los contratos tanto a éste órgano como al Ministerio de Hacienda, según lo establecido.   

Así se desprende de cuatro informes que ha entregado el Consejo en las Cortes relativos a la 'Fiscalización de la Contratación de las Empresas Públicas de Castilla y León en 2010 y 2011'.   

El objetivo de los informes es la realización de una auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual de las empresas públicas de la Comunidad en los ejercicios 2010 y 2011, han informado fuentes del Consejo.   

Teniendo en cuenta la información facilitada por las empresas y los datos suministrados por el registro del Ministerio de Hacienda, el número de contratos adjudicados en 2010 y 2011 ascendió a 282 con un importe total de 265,9 millones de euros.   

Sobre esta población se ha seleccionado una muestra de 59 contratos por un importe adjudicado de 129 millones de euros, un 48 por ciento del importe total.   

Así, en cuanto a la contratación de Provilsa, se han analizado siete contratos que suman un importe adjudicado de 58,1 millones de euros y, en función de su examen, conforme a la LCSP, el Consejo de Cuentas opina que cumple "razonablemente" con la legalidad, excepto por las limitaciones y salvedades que detalla el informe.   

Las limitaciones se refieren, por un lado, a no haber podido determinar la integridad de la documentación presentada ni la fecha de presentación, al no constar en la empresa la existencia de un sistema que acredite la presentación de la documentación por los licitadores; y por otra parte, al no quedar constancia en el perfil del contratante del momento de la publicación, no se ha podido comprobar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos.   

Las salvedades, que afectan al principio de transparencia e igualdad de trato de los procedimientos, consisten en que en las actuaciones preparatorias de los contratos no se establecen los criterios mínimos de solvencia ni se detallan los criterios de valoración de las ofertas presentadas en los pliegos, elaborando informes técnicos de valoración en los que se puntúan aspectos no previstos o no suficientemente motivados. Además, en ninguna de las notificaciones realizadas se establece la posibilidad de interponer el recurso correspondiente.

No remitió documentación   

En relación a otros aspectos reflejados en las conclusiones, la empresa no remitió al Consejo la documentación de ninguno de los 73 contratos que legalmente estaba obligada a comunicar, por importe total de 159,7 millones de euros. Tampoco remitió al registro del Ministerio de Hacienda la información de 202 sobre un total de 209 contratos, por cuantía de 171,9 millones.   

Además, según el Consejo, los importes establecidos para cumplir las exigencias derivadas del principio de publicidad, con la inserción de la información relativa a la licitación en el perfil del contratante, son superiores a lo establecido para todos los contratos en la LCSP.   

Por lo que se refiere a Somacyl, la muestra analizada ha sido de 15 contratos que representan un importe total adjudicado de 63,3 millones de euros.   

Conforme a la LCSP, el Consejo de Cuentas opina que la empresa cumple razonablemente con la legalidad, excepto por las salvedades que detalla el informe, que afectan al principio de transparencia e igualdad de trato de los procedimientos.   

Estas consisten, en primer lugar, en que en las actuaciones preparatorias de los contratos no se establecen los criterios mínimos de solvencia ni se detallan los criterios de valoración de las ofertas presentadas en los pliegos, elaborando informes técnicos de valoración en los que se puntúan aspectos no previstos o no suficientemente motivados.   

Además, con carácter general en las notificaciones realizadas no se establece la posibilidad de interponer el recurso correspondiente, ha apuntado el Consejo, que, en relación a otros aspectos reflejados en las conclusiones, indica que la empresa no le remitió la documentación de ninguno de los 16 contratos que legalmente estaba obligada a comunicar, por importe total de 71 millones de euros.   

Tampoco remitió al registro del Ministerio de Hacienda la información de ninguno de los 45 contratos por cuantía de 74,4 millones.   

En cuanto a las instrucciones internas, no hay constancia de su aprobación por ningún órgano de la empresa, ni de la fecha de su aprobación, ni de la entrada en vigor de estas normas. Su contenido puede dar lugar a que, en determinados expedientes, de importe inferior a 50.000 euros, no se establezcan las condiciones del contrato, de la adjudicación o de la negociación.   

Además, los importes máximos establecidos para la utilización del procedimiento negociado y del procedimiento simplificado, en suministros y servicios, superan las cantidades fijadas por ley.

Informe de ADE Parques   

Por su parte, en el caso de ADE Parques, la muestra analizada ha sido de 13 contratos que representan un importe total adjudicado de 7,4 millones de euros.   

En función de los expedientes examinados, conforme a la LCSP, el Consejo de Cuentas opina que la empresa ADE Parques cumple "razonablemente" con la legalidad, excepto por las limitaciones y salvedades que detalla.   

Las limitaciones se refieren a no haber podido determinar la integridad de la documentación presentada ni la fecha de presentación, al no constar en la empresa la existencia de un sistema que acredite la presentación de la documentación por los licitadores y, por otra parte, al no quedar constancia en el perfil del contratante del momento de la publicación, no se ha podido comprobar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos.   

Las salvedades, que afectan al principio de transparencia e igualdad de trato de los procedimientos, consisten en que no se establecen los criterios mínimos de solvencia ni se detallan los criterios de valoración de las ofertas presentadas en los pliegos, elaborando informes técnicos de valoración en los que se puntúan aspectos no previstos o no suficientemente motivados.   

Además, con carácter general, en las modificaciones realizadas no se establece la posibilidad de interponer el recurso correspondiente.   

En cuanto a la obligación de comunicación, la empresa no remitió al Consejo la documentación de ninguno de los tres contratos que legalmente estaba obligada a comunicar, por importe total de 6,8 millones de euros. Tampoco ha remitido al registro del Ministerio de Hacienda la información de 13 de 14 contratos, por cuantía de 7,4 millones.   

Por lo que se refiere a las instrucciones internas, se ha observado que los importes máximos establecidos para la utilización del procedimiento negociado, con y sin publicidad, y del procedimiento simplificado, en suministros y servicios, superan las cantidades establecidas legalmente.   

Finalmente, en cuanto a la contratación de ADE Financiación --con una muestra analizada de 14 contratos por importe de casi 198.000 euros-- el Consejo opina que cumple razonablemente con la legalidad, excepto por dos salvedades que afectan al principio de transparencia e igualdad de trato de los procedimientos.   

Por una parte, no se elaboró un pliego de condiciones en el único contrato de cuantía superior a 50.000 euros, en el que se estableciesen las características de la contratación.   

Por otro lado, en el examen del fraccionamiento del gasto existe coincidencia en el objeto de la contratación en cinco de los trece contratos menores examinados, superando el importe conjunto el límite establecido en las instrucciones internas.   

Además, la empresa no remitió ninguna información al Registro de Contratos, cuando debería haber comunicado un contrato de servicios por importe de 61.687 euros.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios