La Diputación de Valladolid estudiará la creación de una línea de ayudas para compensar el endurecimiento del acceso a becas universitarias

La Diputación de Valladolid ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Izquierda Unida que muestra el rechazo al posible endurecimiento del acceso a las becas universitarias anunciado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y estudiará la creación de una línea de ayudas para el curso 2013/2014.

Con esta medida se busca que no haya estudiantes empadronados en la provincia que tengan que abandonar los estudios universitarios por motivos económicos y hasta que se repongan los consiguientes fondos por parte del Ministerio.

En el debate que ha precedido a dicha aprobación, el portavoz del PSOE, Juan José Zancada, ha advertido de que esta ley sólo tendrá un "final feliz" para "los más dotados o los más pudientes" puesto que va "en contra" de los alumnos que fracasan, a lo que ha añadido que las becas generales no son una cuestión de excelencia sino de "igualdad".

Zancada ha hecho además especial hincapié en el aumento de las tasas universitarias, puesto que considera que es un método para "expulsar" a los más desfavorecidos del sistema universitario.

Por su parte, el diputado de Juventud y Deportes y alcalde de Íscar, Alejandro García, ha reconocido que su grupo político comparte el deseo de que los alumnos puedan optar a becas de acceso universitario a partir de una nota de 5 pero ha añadido que luego debe ser el "esfuerzo del estudiante" el que condicione su beca.

García ha alertado a las universidades para que "estén prevenidas" y puedan afrontar sus programas de ayuda mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Salvador Arpa, se ha remitido a las estadísticas para asegurar que sólo el diez por ciento de los alumnos de la Universidad de Valladolid (UVA) ha recibido una beca de ayuda económica.

No obstante, ha lamentado el hecho de que la Diputación de Valladolid "esté acostumbrada a tapar las vergüenzas" a la Junta, al proponer el PP pasar esta competencia al Gobierno regional.

Dependencia

Por otro lado, otra de las mociones aprobadas en el Pleno ordinario de junio está relacionada con los servicios sociales y los recortes en la Ley de Dependencia ya que el PSOE considera que "hay que frenar la sangría contra los derechos sociales", a lo que IU ha añadido que dicha ley está "condenada a morir de inanición económica".

A este respecto, ha recordado que los derechos "no se piden, se exigen" puesto que con 57 millones menos en la Comunidad para la ley de Dependencia se retrocede "a los tiempos de la caridad y del asistencialismo".

El nuevo portavoz del Grupo Popular, Artemio Rodríguez, ha mostrado su conformidad con el título de la proposición --"por unos servicios sociales públicos de calidad gestionados desde la proximidad"-- aunque ha increpado a la portavoz socialista, Marta Olmedo, por usar palabras como "tijeretazo", ya que considera que no es bueno "alarmar" a la sociedad.

Además, ha incidido en la "suerte" de vivir en Castilla y León y se ha mostrado convencido de que, "entre todos", se conseguirá que la calidad de los servicios sociales sea "excelente".

Olmedo ha mostrado su disconformidad con la actitud del portavoz, a quien ha acusado de "sacar pecho" para, a continuación, aclarar que la Comunidad no se puede conformar con estar "menos mal" que otras, ya que Castilla y León es la cuarta Comunidad que más ha bajado en prestaciones para servicios sociales.

Asimismo, ha especificado que se ha atendido a 3.000 personas menos desde agosto por el recorte en la Ley de Dependencia.

Por su parte, Arpa ha apoyado la propuesta no sin antes matizar que fue el PSOE el que pactó y abrió la puerta a esta "sangría" en su anterior legislatura y ha mostrado su preocupación por el cierre o privatización de las administraciones locales o programas de ayudas, en los que los más "perjudicados" serán los trabajadores y las personas del medio rural.

Ayudas por la granizada

El Partido Popular ha presentado una proposición, aprobada también por unanimidad, para establecer medidas de apoyo en favor de los municipios y particulares afectados por la tormenta de granizo del día 18 de junio, que afectó especialmente a Piña de Esgueva, Piñel de Abajo, Roturas, Corrales y San Llorente.

Por ello, solicitará al Gobierno de España que declare 'Zona Catastrófica' dichos municipios así como medidas de apoyo por parte de la Subdelegación del Gobierno, además de que se asuma el compromiso de la Diputación para restaurar caminos y otros bienes de titularidad municipal que fueron dañados.

Izquierda Unida ha incorporado a esta moción a los afectados por las crecidas de los ríos y finalmente.

Por otro lado, los tres grupos políticos han aprobado una proposición por la que se solicita a la Junta la flexibilización de la ratio de las asignaturas en los Institutos de Educación Secundaria ubicados en municipios de la provincia al considerar que, si no se buscan fórmulas para flexibilizar la normativa, podría haber consecuencias "negativas" que ahondarían "aún más" en las dificultades cotidianas del mundo rural como el problema de despoblación.

Asimismo, se ha concedido a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unraw) una subvención de 15.200 euros para el desarrollo del proyecto 'Suministro de kits de emergencia para la supervivencia de niños y niñas afectados por el conflicto en Siria', proposición que ha sido aprobada por unanimidad y que planteó el Comité Regional Permanente de Ayuda Humanitaria de Emergencia de Castilla y León.

En el Pleno también se ha tratado el problema que presentan muchos inmuebles de la provincia que se encuentran en estado de "ruina" o "abandono" y, para dar solución, han propuesto y aprobado por unanimidad la creación de una comisión de trabajo, compuesta por los tres grupos políticos de la Institución, que estudie la puesta en marcha de un programa de apoyo a los ayuntamientos para buscar los cauces que den respuesta a los problemas de las ruinas en los municipios.

En otro orden de cosas, PP, PSOE e IU han apoyado otra proposición que exige a la Junta que mantenga la aportación económica para garantizar el adecuado desarrollo de la formación que prestan las Aulas Mentor en la provincia después de que el pasado 13 de junio la Dirección General de Formación Profesional de la Junta enviara un escrito en el que comunicaba a los ayuntamientos de la provincia que, "por razones presupuestarias", a partir del mes de agosto se dejarían de gestionar y abonar las certificaciones de costes tutoriales del Aula Mentor.