Las agresiones al profesorado podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad y castigadas con penas de 2 a 4 años de prisión

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado por el que el colectivo dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función docente. Asimismo, y como consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública, en el supuesto de que el profesorado sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea docente, estas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que significa un endurecimiento en las penas de los autores.

El proyecto de ley, que ha sido explicado por el consejero de Educación, Juan José Mateos, reconoce la autoridad del profesorado y fomenta la consideración y el respeto que merecen en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros educativos de Castilla y León y garantizar el derecho a la educación del alumnado.

El consejero de Educación, Juan José Mateos, ha destacado que "nuestros profesores se merecen tener la autoridad necesaria para poder una labor especialmente importante para la sociedad". Ha asegurado, además, que aunque la Comunidad es poco conflictiva y se ha producido un descenso en el número de incidencias con escolares y también en el número de niños que interrumpen el normal desarrollo de la clase, "somos conscientes de que hay problemas y lo mejor es prevenirlos, algo que hace la ley". De hecho, Mateos ha vinculado la "calidad" del sistema educativo regional con la combinación de convivencia y autoridad, que así se verá reforzada

Los objetivos principales de este proyecto de ley son fomentar la consideración y el respeto a los docentes, incrementando su reconocimiento social como elemento fundamental para una adecuada convivencia en las aulas y mejorar la protección jurídica.

Con este reconocimiento, el profesorado de Castilla y León -37.533 docentes, de los cuales 28.347 pertenecen a la red pública y 9.186 a la concertada-privada- dispondrá de la presunción de veracidad "iuris tantum" -mientras no se demuestre lo contrario- de su palabra frente a la que cualquier ciudadano en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión en el ejercicio de su actividad docente. Además, los delitos cometidos contra el colectivo, una vez reconocida la condición de autoridad, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximirá al profesor agredido de ser agente principal de la denuncia facilitando el desarrollo de posibles procesos judiciales. Significa también, que se reconoce explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven de sus tareas dentro o fuera del recinto escolar.

Una consecuencia directa del reconocimiento de autoridad pública, en el ámbito penal, es que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deber ser calificadas como "delitos de atentado a la autoridad" (art. 550 del Código Penal), castigados con penas de 2 a 4 años de prisión y multas de 3 a 6 meses.

El proyecto de ley consta de 11 artículos estructurados en tres capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. En el capítulo I, denominado 'Disposiciones generales' se incluyen cuatro artículos en los que se indica el objetivo y finalidad, el ámbito de aplicación, los principios generales y los derechos en el ejercicio de la función docente del profesorado. En el capítulo II (cuatro artículos) se especifica el reconocimiento de autoridad pública, la presunción de veracidad, el deber de colaboración y la asistencia jurídica y, en el capítulo III (tres artículos) se refiere a las normas de convivencia de los centros, el procedimiento de comunicación de delitos y faltas y la responsabilidad y reparación de daños. Finalmente, en la disposición adicional se extiende el reconocimiento de autoridad pública a los docentes de la enseñanzas concertada-privada de Castilla y León y como garantía del servicio público educativo que prestan de acuerdo con la legislación vigente, y en los dos disposiciones finales, se habilita a la Consejería de Educación a dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley y se determina su entrada en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

En cuanto a la tramitación, el proyecto de ley ha recorrido un largo camino en el que ha sido presentado, realizando diferentes aportaciones, a la Mesa Sectorial de Educación, a los miembros del Pleno del Observatorio de Convivencia Escolar de Castilla y León, a los distintos departamento del Gobierno Autonómico, así como al Consejo Escolar y al Consejo Consultivo para que ambos, estimasen sus correspondientes dictámenes. Asimismo, a través del espacio web de la Junta de Castilla y León 'Gobierno Abierto' ha estado a disposición de todos los ciudadanos.

Otros acuerdos

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 81.353.734 euros a las cuatro universidades públicas de la Comunidad para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante el tercer trimestre de 2013. De esta cantidad, 8.019.405 euros corresponden a la Universidad de Burgos, 13.334.886 a la Universidad de León, 30.121.473 a la Universidad de Salamanca y 29.877.968 a la Universidad de Valladolid. También se ha aprobado una subvención de 269.300 euros a las universidades públicas para financiar los contratos de personal investigador del Programa Ramón y Cajal. El reparto de las subvenciones de este año, que se dirigirán a la contratación de 26 profesionales, es el siguiente: la Universidad de Burgos recibirá 40.700 euros, la Universidad de León percibirá 51.600 euros, la Universidad de Salamanca contará con 95.000 euros y 82.000 euros para la Universidad de Valladolid. Estas subvenciones se suman a las realizadas por la Junta de Castilla y León para la misma finalidad en el periodo 2003-2012, que alcanzan un total de 3.781.734 euros.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde  al decreto que establece en Castilla y León el currículo de los módulos del bloque común correspondiente a las enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en la Comunidad.

Por otra parte, la Junta ha dado el visto bueno a la adscripción de la Escuela Aeronáutica Adventia -European College of Aeronautics- a la Universidad de Salamanca y autoriza el comienzo de actividades en dicho centro. De esta forma, se cumple con la petición de la USAL en su interés de formar a profesionales de líneas aéreas y del sector de la aviación.

En otro ámbito, el Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo para financiar el 50 % de los gastos de conservación, mantenimiento y explotación de las depuradoras de aguas residuales de los dos municipios sorianos. En concreto, se destinan 52.057 euros al Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra y 42.227 euros a Covaleda.

El Ejecutivo regional unificará mediante decreto las Comisiones Territoriales de Urbanismo y las Comisiones de Prevención Ambiental provinciales y crea el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio a nivel autonómico. El acuerdo tiene como principal objetivo la eficacia y eficiencia, agilizar los trámites administrativos, mejorar la coordinación en la administración pública y simplificar la estructura de la administración.

La Junta también destinará una partida económica de 1.375.262 euros para cubrir las necesidades asistenciales de los centros de atención especializada de las provincias de León y Burgos. Esta cantidad se empleará para la adquisición de víveres y viales de tratamiento oncológico.

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado la cobertura, hasta finales de 2014 y para pacientes de la provincia de Zamora, de tratamientos por radiocirugía estereotáxica, destinando a este fin 218.581 euros.