Paralizada la consulta popular sobre el Palacio de Congresos de Segovia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia ha paralizado de forma cautelar la consulta popular promovida por el Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento segoviano sobre el Palacio de Congresos que la Diputación Provincial proyecta en el municipio de Palazuelos de Eresma. 

La encuesta, cuya celebración está prevista entre el 21 y el 30 de junio, en plenas Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, pretende recabar la opinión de los vecinos de la ciudad sobre esta iniciativa que la Junta respalda con ocho millones de euros y que ha suscitado la polémica por su ubicación fuera de la capital. 

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes (PSOE), firme detractor del proyecto, ha manifestado al conocer la noticia que la medida cautelar del Juzgado supone la "primera victoria" de la consulta. "Eso supone una victoria porque los del PP tienen miedo a la opinión de la ciudad de Segovia", ha señalado a través de la red social Facebook. 

El primer edil, quien este jueves mostró su temor a que el PP utilizara al Gobierno para paralizar el referéndum, ha asegurado que no cejará en su empeño de conocer la postura de los segovianos sobre aquellas cuestiones que les afectan a ellos y a sus hijos.

Recientemente, la Abogacía del Estado remitió un informe desfavorable sobre este sondeo popular, que justificó en el incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que este tipo de iniciativas deben ser aprobadas por mayoría absoluta del Pleno, ceñirse a cuestiones de competencia estrictamente municipal y ser aprobadas por el Gobierno, según ha recordado este viernes la subdelegada, Pilar Sanz, en declaraciones a la Cadena COPE. 

Sanz ha incidido en que la Subdelegación debe velar por las competencias atribuidas al Estado por la Constitución. Las actas de todos los ayuntamientos, según ha explicado, deben mandarse a la Administración central, donde son revisadas y remitidas al abogado del Estado en caso de existir indicios de falta de legalidad para que informe al respecto. 

"Es una práctica habitual", ha incidido la subdelegada, quien ha indicado que el siguiente paso es la presentación de un recurso contencioso-administrativo, una decisión que corresponde a la Delegación del Gobierno.