Narbona, consejera del CSN, denuncia presiones del Gobierno para responder rápidamente a Nuclenor

La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear Cristina Narbona ha denunciado las presiones ejercidas por el Gobierno y, en este caso por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para que el organismo regulador se pronuncie "en un tiempo y de una forma intolerable" respecto a la solicitud de Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) con el objetivo de lograr un año de renovación de su licencia en el que pueda pedir la extensión de su vida operativa.

Narbona ha señalado que su voto negativo particular, como el de la consejera Rosario Velasco --también del PSOE-- tendrá un texto escrito que harán público el próximo lunes, en el que manifestará los argumentos que las han llevado a pronunciarse en contra de la cuestión planteada por Industria.

Así, ha destacado que, en la actualidad el organismo regulador ya estaba ultimando su informe sobre el cese de la explotación y ha precisado que estaba terminada su evaluación y que únicamente estaba pendiente de aprobación por el Pleno del Consejo para su remisión al Ministerio de Industria, Energía y Turismo antes del 6 de junio próximo. "Esto supondría el fin de Garoña y el inicio de una nueva fase de cese de la central", ha añadido.

Además, ha agregado que si después del 6 de julio, fecha del cese de explotación, Nuclenor quisiera pedir una nueva licencia, "tal cosa es posible". A su juicio, si se hubieran hecho las cosas "bien" y "respetando todos los tiempos y capacidades" el pleno del CSN tenía que haber mantenido el proceso en el que estaba e informar de forma negativa al Ministerio sobre esta cuestión y remitirle el informe sobre el cese de explotación. 

"Y si Nuclenor quiere, después puede pedir una nueva solicitud", ha apostillado Narbona, que considera que esta habría sido la mejor solución "acorde a las normas, los procedimientos, la práctica habitual y respetando el organismo regulador".

Por ello, ha denunciado las "presiones" al Consejo para que se pronunciase sobre esta cuestión en tan poco tiempo y se ha quejado de que el pleno ha sufrido una "presión externa grave" que hará constar en el texto de su voto particular. 

La ex ministra socialista ha insistido en esta denuncia porque el Ministerio les ha pedido el 16 de mayo que se pronunciara sobre si antes del 1 de junio el Gobierno podía cambiar la orden ministerial de 29 de junio de 2012 para que antes del 6 de junio Nuclenor pueda solicitar una autorización de un año, en el que permanecerá parada.

"Es totalmente inédita una presión en términos de plazos para algo que debe hacerse en términos de garantías", ha agregado Narbona, que ha acusado al Ministerio de instrumentalizar al Consejo de Seguridad Nuclear "en función de una negociación que está haciendo con el sector".

Asimismo, ha dicho que no es baladí la central nuclear en cuestión porque se trata de Garoña, de la que ha dicho que tiene una "reputación a escala internacional no precisamente óptima" y que será objeto de una visita de inspección el próximo mes de septiembre.

Pérdida de credibilidad internacional

En su opinión, con actuaciones como esta, se pone en riesgo la credibilidad del organismo regulador, que "está muy alta en estos momentos a nivel mundial", ya que España está a la cabeza internacional en términos de exigencias, sobre todo después del accidente de Fukushima Dai-chi (Japón), lo que puede provocar una "gravísima pérdida de credibilidad".

Por ello, reitera que en su opinión, el pleno debía haber acordado no informar favorablemente al Ministerio y seguir el cauce previsto. Al mismo tiempo, ha destacado que los informes de cara al cese de explotación realizados por los técnicos del regulador atómico suman más de 3.000 horas de trabajo "que ahora se tiran al water" y ha dicho que esto supone una "enorme falta de respeto" hacia un organismo y hacia sus técnicos, que están muy preparados por culpa de unas negociaciones en las que no se debería implicar de esta manera al CSN.

Respecto a la extensión en el tiempo de las deliberaciones, la consejera ha explicado que se han pedido numerosos informes técnicos y jurídicos sobre los posibles escenarios y ha recordado que uno de ellos da soporte, precisamente, a la idea de que pese a una orden de cierre, nada impediría a Nuclenor solicitar una licencia nueva.

Optimismo entre los trabajadores

Por otro lado, los trabajadores de la central de Garoña han mostrado "cierto optimismo" ante la posibilidad de que Nuclenor decida finalmente solicitar la prórroga en la actividad de la planta. 
   
El portavoz del Comité de Empresa, Alberto César Gónzalez, ha reconocido que, aunque con "prudencia", la postura del CSN ha trasladado "algo de optimismo" a los empleados de la planta. "Lo hemos acogido como una buena noticia, pero con prudencia", ha aseverado.   

En este sentido, ha recordado que, cuando todo estaba preparado para funcionar hasta 2019, "se decidió que la central no era viable" debido a las tasas aplicadas a las eléctricas y que, desde entonces, "todo ha sido un ir y venir", al que ya se han acostumbrado.     

En relación al futuro inmediato de la central, ha explicado que en estos momentos "hay que esperar" a los siguientes pasos que puedan darse de cara a la continuidad, aunque ha confiado en que todo "se aclare", una vez que se conozcan las medidas del Gobierno de la nación para la estabilización del sistema energético.

Sumisión al lobby nuclear

Por su parte, Izquierda Unida Castilla y León ha calificado de "inaceptable" que con el aval del ministro de Industria "ahora, de pronto, se pretenda ampliar por un año más la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña", una planta, en su opinión, "claramente obsoleta y que supone un riesgo gravísimo para la ciudadanía, para la salud y para el medio ambiente".   

El coordinador regional de IU, José María González, recuerda además que no se estaría hablando del cierre definitivo de la central burgalesa de Garoña si el anterior Gobierno, el gobierno socialista de Zapatero, hubiese cerrado dichas instalaciones.   

Para la formación política es evidente que Nuclenor pretende seguir "hibernada un año", sin producir electricidad, con la intención de acogerse a las futuras ventajas que "un Gobierno pronuclear como el de Mariano Raroy" piensa ofrecer a las centrales nucleares en activo dentro de la nueva reforma energética que prepara.   

En este sentido, González ha denunciado la "absoluta sumisión del Gobierno de Rajoy al lobby energético nuclear y al poder económico de las grandes compañías eléctricas", al tiempo que ha acusado al PP de despreciar de esta manera los elevados riesgos para la ciudadanía y el medio ambiente que supone esta actividad.   

"Una vez más -señala González- el Partido Popular enseña su cara más liberal y antepone los intereses económicos, en este caso de los propietarios de Garoña, al interés general que exige y reclama el cierre de todas las centrales nucleares y un plan energético en el que ganen presencia e importancia las energías renovables y los recursos endógenos".

Comparecencia en el Parlamento

El PSOE pedirá con carácter inmediato y probablemente el próximo lunes la comparecencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ante el Parlamento --ante quien responde este organismo-- para que explique su decisión.   

Así lo ha anunciado responsable de  Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, que ha señalado que se pedirá al organismo regulador que aporte el expendiente y la información de los consejeros, así como los dos sentidos del voto.   

A su juicio, esta es "una de las decisiones más comprometedoras para el CSN desde su creación" porque el Gobierno ha colocado al organismo en "una tesitura que nunca debía haberse producido".   

En este sentido, ha criticado que se presiones al CSN para que emita un informe rompiendo "todos los protocolos de tiempos de los técnicos" con el objetivo de dar cobertura política a una decisión de una empresa.    

"Esto devalúa al CSN. Ni los técnicos ni los consejeros se merecían este maltrato", ha apostillado. Finalmente, considera que el conjunto de condiciones planteadas por el Pleno del CSN, no se sabe muy bien, a estas alturas "a qué obedece" tras una semana de "intensísimas presiones".

Denuncia de Greenpeace

Greenpeace ha anunciado este viernes que "reforzará" la denunciaen la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Industria después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por tres votos a favor y dos en contra, haya dado el visto bueno a que Nuclenor pueda pedir una prórroga para la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en el plazo de un año.

Greenpeace ha explicado que incluirá "de manera inmediata esta vulneración del proceso reglamentario" establecido en el proceso de denuncia que mantiene abierto ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Industria "hasta conseguir que se declare la nulidad" de la Orden de 3 de julio de 2012 que revocó el cierre de Garoña. 

Al respecto, la organización ecologistas considera que la "decisión política" tomada por el CSN "afecta negativamente al rigor y a la profundidad necesarios para realizar las inspecciones", y a la evaluación de las modificaciones tanto del plan de cese de la explotación, como del nuevo proceso "inédito" abierto, como del plan de acción relativo a las pruebas de resistencia que tienen aprobado y en ejecución. 

La organización ecologista considera que la solicitud de una compañía privada como Nuclenor, propiedad de Iberdrola y Endesa, en defensa de sus "intereses económicos" ha prevalecido "sobre la protección de la población y el medio ambiente".

"Si el ministro de Industria rectifica sus leyes al dictado de Iberdrola y Endesa, Greenpeace lo va a denunciar en los tribunales", ha declarado Mario Rodríguez, director Ejecutivo de Greenpeace. 

"El CSN ha sido obligado por el Partido Popular para que el Gobierno tenga una coartada: les han obligado a renunciar a la independencia en la defensa de la seguridad nuclear", ha aseverado.

El próximo 11 y 12 de junio en Bruselas, durante la segunda conferencia que el Grupo de Reguladores de Seguridad Nuclear Europea (ENSREG) que se celebrará para valorar el seguimiento estas pruebas, la organización ecologista denunciará públicamente la violación del proceso de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares y, en particular, los planes de acción nacionales y su aplicación.

"En Bruselas no se va a entender que España vulnere las pruebas de resistencia con Garoña. Desacreditar la seguridad nuclear es negativo para los que sabemos que son peligrosas y para los que creen que no", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. 

"Tampoco van a entender que se defiendan los intereses privados por encima del interés público en materia nuclear", ha concluido.