Amnistía Internacional tilda de "parches" e "insuficientes" las medidas de Castilla y León contra los desahucios

Amnistía Internacional (AI) ha mostrado su preocupación por los desahucios, el acceso al derecho a la salud de los inmigrantes y algunas medidas que contempla la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Así lo han expresado la presidenta de Amnistía Internacional de Castilla y León, Arancha Vicario, y la coordinadora de la organización, Noelia Espina, quienes han presentado el Informe 2013 que ha elaborado AI, en el que se afirma que el mundo es un lugar "cada vez más peligroso" para personas migrantes y refugiadas y que éstas últimas tienen más problemas para pasar por las fronteras que los refugiados.

Por lo que se refiere a Castilla y León y España en general, la organización ha mostrado su preocupación por que "la crisis se convierta en una crisis de Derechos Humanos", ya que la situación económica afecta a los más vulnerables y pueden verse conculcados derechos como el acceso a la vivienda, a la salud y el derecho de expresión.

En este marco, Noelia Espina ha recordado a las autoridades de Castilla y León que en tiempos de crisis se deben respetar las obligaciones de derecho internacional y la protección de los derechos humanos no deben sufrir un retroceso.

En concreto, consideran que no deben producirse desalojos forzosos de las viviendas sin que las personas tengan cubiertos sus derechos y se garantice una vivienda y unos servicios básicos. A este respecto, la organización recuerda que en los últimos cuatro años se han triplicado los desahucios, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Noelia Espina considera que en Castilla y León se han tomado algunas medidas como el programa de ayuda a personas en riesgo de desahucio pero no son suficientes porque no aumentan la protección de las personas, sólo palian una situación de personas con un nivel de necesidad muy elevado pero, a su juicio, hay muchas otras personas en riesgo de perder su vivienda y no tener otra alternativa.

El problema, ha añadido, es que no está bien protegido el derecho a una vivienda y, a partir de ahí, se recurre a medidas que suponen "parches" pero no solucionan el problema, para lo que se deberían asumir medidas legislativas para el que el desahucio sea el último recurso y siempre que se asegure que la gente no se queda "en la calle".

Atención sanitaria a inmigrantes

Por otra parte, por lo que se refiere al derecho de acceso a la salud, Amnistía Internacional pide que se restituya este derecho gratuito para los inmigrantes, aunque estén en situación irregular, y se ha dirigido a la Consejería de Sanidad para reclamar este derecho, algo que la Junta ha manifestado que se mantendrá.

Sin embargo, Amnistía asegura que se han visto "incidentes" y si se ponen problemas a la atención, aunque al final se preste, puede hacer que otras personas se "retraigan" a la hora de acudir a los servicios sanitarios y puede ser un problema para ellos y para toda la sociedad. Además, consideran que la aplicación estricta del Real Decreto Ley que regula estas cuestiones puede vulnerar los Derechos Humanos.

Otra de las cuestiones que preocupan a la organización es la educación y el acceso a todos los servicios esenciales, ya que considera que se debería evaluar el impacto de los recortes antes de aplicarlos.

En materia educativa concretamente, preocupan algunos de los cambios que supondría la entrada en vigor de la Lomce, algo que han hecho llegar a la Consejería de Educación y a los procuradores de la Comisión de las Cortes sobre esta materia.

En concreto, han incidido en la desaparición total o parcial de la asignatura Educación para la Ciudadanía o de la materia sobre igualdad de género y diversidad afectivo sexual, algo a lo que obliga el Consejo Europeo. Además, tampoco se contemplan algunas cosas como la pobreza, los Derechos Humanos o la desigualdad económica.

Junto a estas cuestiones, Amnistía Internacional ha llevado a cabo diversas acciones tanto en el ámbito institucional como social para que se respeten los derechos fundamentales, pero además ha solicitado a la Junta actuaciones para hacer frente a la discriminación y el racismo, la adaptación de proyectos legislativos a la protección de los derechos de las personas y trabaja de forma estable con centros escolares con la propuesta de acciones de promoción de los Derechos Humanos.

Asimismo, da a conocer mediante acciones públicas la situación de los países de Oriente Medio y el Norte de África tras los levantamientos de la población para pedir el reconocimiento de sus derechos durante la Primavera Árabe.

Además, ha recordado que también se ha llevado a cabo formación en materia de Derechos Humanos con los policías locales de la Comunidad y se ha propiciado la aprobación en las Cortes de una Proposición No de Ley de apoyo al tratado internacional para regular el comercio de armas, algo que obtuvo respaldo también a través de declaraciones institucionales en diversos ayuntamientos.