La participación ciudadana en la elaboración de la Ley de Transparencia de CyL, un "plus" frente a la normativa estatal

La Junta de Castilla y León ha calificado este miércoles de "novedosa" la inclusión en el proyecto de Ley de Transparencia que elabora la Comunidad de la consulta a los ciudadanos, cuestión "novedosa" que constituye "un plus" frente a la normativa estatal.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha presidido en Valladolid la Jornada de Transparencia y Gobierno Abierto y que, en su comparecencia ante los medios, ha reconocido su intención de "volcarse" en cuestiones como la participación y consulta a los ciudadanos.

Ese aspecto, el que los ciudadanos puedan ser consultados, puede ser lo "novedoso", el "plus" de la normativa regional sobre la estatal, según ha asegurado el portavoz, quien ha ensalzado el carácter "participado y participativo" de la ley en el plano político y social.

Así, la Mesa celebrada este miércoles, a la que han acudido expertos, representantes de los medios de comunicación, organizaciones empresariales y sindicales, grupos parlamentarios, comunidades autónomas y otros invitados, se ha retransmitido con el fin de que los ciudadanos puedan realizar aportaciones y comentarios al futuro proyecto de ley tanto en este momento como cuando se cuelguen las conclusiones del encuentro en el portal del Gobierno Abierto.

Además, ha matizado que el tiempo, en este caso, es relevante ante la intención del Gobierno de la nación de impulsar su proyecto de Ley de Transparencia, que podría aprobarse en septiembre, lo que hace que sea "importante" ir acompasados ya que, ha recordado, el título I será de carácter básico y de obligado cumplimiento para las administraciones, lo que sugiere la idoneidad de "acompasar" la elaboración de ambas normativas.

Esta misma semana, según ha adelantado, hará llegar a las cuatro instituciones propias de la Comunidad (Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social, Consejo de Cuentas y Procurador del Común) una invitación para que realicen sus aportaciones --"todas tienen mucho que decir"--, al igual que se hará con la FRMP aunque, ha aclarado, a las corporaciones locales les obliga la ley estatal.

En los meses de julio y agosto, con la información recibida de los ciudadanos y las conclusiones de la jornada celebrada se elaborará el primer borrador, un "esqueleto" que en septiembre se "llenará de músculo" con las aportaciones de las dos mesas de trabajo, integradas por los grupos de las Cortes y los agentes económicos, sociales y representantes de otras entidades.

De este modo y antes de finalizar el año, se enviará el proyecto a las Cortes para su debate y aprobación, ha reiterado el consejero, quien ha asegurado que, en el siglo XXI, el control no corresponde únicamente a la oposición sino también a los ciudadanos y que lo que hace dos años y medio era un compromiso electoral se ha convertido en una "necesidad".

"Hay que dar un paso más y que el control sea de los ciudadanos", ha recalcado antes de añadir que esto sólo se consigue con transparencia y con la devolución a los ciudadanos de la información que les corresponde, única manera de "controlar" a la clase política.

En este sentido, se ha referido a las cinco "D" (desapego, desprestigio, desconfianza, desafección y desesperanza) de la ciudadanía frente a la clase política y ha recalcado que para que los ciudadanos se impliquen y sean cómplices de los proyectos políticos tienen que contar con la pertinente información.

El "pobre" panorama español

En referencia al panorama que presenta España en lo que a la transparencia se refiere, José Antonio de Santiago-Juárez lo ha tildado de "pobre" frente a la legislación sueca en este campo, que data del siglo XVII, o la estadounidense, que el presidente Barak Obama ha querido impulsar aunque procede de 1966.

Castilla y León, ha señalado, no parte de cero porque tiene un modelo de Gobierno Abierto "escrupulosamente desarrollado" que, sustentado en la "transparencia, participación y cooperación", se convertirá en ley, un nuevo rango que le dará "consistencia y garantía de futuro".

Sólo Navarra y Extremadura cuentan ya con una ley en este ámbito y ha sido la secretaria general de la Consejería de Administración Pública extremeña, María José Rubio, quien ha explicado que su norma, surgida del consenso parlamentario y que contempla una apertura de datos "total", se publicará en dos semanas.

La norma establece la creación de una comisión de Participación Ciudadana y del Consejo Extremeño de Participación para canalizar la participación ciudadana en asuntos públicos aunque, además y dado que las administraciones deben estar preparadas para cumplirlo, se formará a los empleados públicos en este ámbito.

El viceconsejero de la Presidencia e Igualdad del Gobierno de Andalucía, Antonio Lozano, ha explicado que en el caso de su comunidad se trata de una "exigencia estatutaria" y que por ello se abogó por dar "consistencia" a los hechos, razón por la que se embarcaron en el proceso de elaborar una ley "de máximos" que dé respuesta a la ciudadanía.

"La Comunidad Autónoma tiene que dar un paso para que no sea una normativa estatal la que genere dinámicas de transparencia sino que sea el actor que impulse a dar pasos a la normativa estatal", ha reconocido antes de trasladar su intención de que la transparencia alcance también a quienes perciben fondos públicos.

Asimismo, la Comunidad se ha planteado la creación de una autoridad independiente, al margen del Gobierno, para la resolución de conflictos, así como la conversación de los trabajadores públicos en "empleados en pro de la transparencia", a lo que Lozano ha sumado la apertura de "muchas puertas" y el hecho de haber tendido "muchos puentes" pese a la "lejanía" con que lo perciben los ciudadanos.

Por su parte Luis María Petricorena, director general de Gobierno Abierto del Ejecutivo vasco, ha reconocido que con el cambio de ejecutivo la ley de Transparencia quedó paralizada y que se trata de dar respuesta y de elaborar una norma de ámbito "más amplio".

Respecto a Irekia, la web del Gobierno vasco de participación ciudadana puesta en marcha durante el mandato de Patxi López, ha asegurado que en la medida en que las condiciones presupuestarias lo permitan se dará "más importancia" a la participación y que, debido a la "modesta" respuesta ciudadana, se intentará buscar una finalidad a la participación mediante la elección de distintos temas concretos sobre los que los ciudadanos puedan pronunciarse.