Las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León califican de "punto de inflexión" la nueva normativa

Las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León y su Consejo Regional consideran que el anteproyecto de la nueva Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, supone un "punto de inflexión" en el marco legal que regula estas instituciones.

Destacan que las cámaras son fundamentales para impulsar, crear, desarrollar y consolidar el tejido empresarial y, especialmente, hoy más que nunca, instrumentos imprescindibles para afrontar con éxito la salida de la crisis, la creación de empleo y la generación de riqueza productiva. Además, son una irremplazable correa de transmisión e interlocución entre las administraciones públicas y las empresas.

Las cámaras, configuradas como Corporaciones de Derecho Público requieren, en la defensa de los intereses generales que les están confiados, del apoyo comprometido de las administraciones para sustentar el desarrollo de sus funciones públicas.

Sobre esa base, las cámaras de la región, tal y como recuerdan a través de un comunicado, vienen acreditando, desde hace años, su capacidad para generar nuevas actividades que reviertan en favor del mundo de la empresa, a través de proyectos y programas para la mejora de la competitividad.

El nuevo escenario consolida el relevante papel que han venido jugando las cámaras en materia de internacionalización, apoyando especialmente a las pequeñas y medianas empresas en su inicio y consolidación en mercados exteriores. Además, cabe destacar el importante rol al que están llamadas en el desarrollo de la Formación Profesional Dual y de la creación de empresas, junto al impulso de la mediación civil y mercantil.

Entienden además que el marco normativo que se desarrolle en Castilla y León, sobre la base de la norma nacional, deberá afianzar el desarrollo eficaz de las funciones público-administrativas que prevé la norma, además de potenciar el papel de las instituciones centenarias, como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones públicas, y de fortalecer la interacción de estas instituciones con la pequeña y mediana empresa de Castilla y León.