"Ingeniería parlamentaria" para sacar adelante un acuerdo en materia de desahucios

Seguimos en racha con los acuerdos porque este jueves los grupos parlamentarios en las Cortes regionales han vuelto a consensuar diferentes iniciativas de especial importancia para los ciudadanos de Castilla y León.

Comenzó la segunda sesión del pleno del Parlamento autonómico con la aprobación, tal y como estaba previsto, de una moción que da forma a una posición de Comunidad en la defensa de los intereses de la Comunidad en la reforma de la Política Agrícola Común que entra en Bruselas en su recta final. El pleno finalizó con la aprobación, también por unanimidad del Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad.

Sin embargo, el acuerdo más trabajado ha sido el relativo a los desahucios, ya que fue necesaria hacer ingeniería parlamentaria para sacar adelante el consenso entre los tres grupos parlamentarios (PP, PSOE y Mixto) sobre diferentes actuaciones y planteamientos en torno a los desahucios. De hecho, se han debatido tres proposiciones no de ley distintas, una por cada grupo, para finalmente aprobar por unanimidad la del Grupo Popular y, a cambio, aceptar dos puntos de la iniciativa de IU y uno de la del PSOE. Por el camino se ha quedado la petición de la oposición parlamentaria de extender a Castilla y León las medidas de la Comunidad andaluza que, entre otras, permitían la expropiación de las viviendas vacías.

De esta forma, las Cortes  regionales han aprobado una Proposición No de Ley que, como principal novedad, insta a la Junta a agilizar un proceso negociador para la firma de un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para establecer cauces de colaboración que permitan establecer un protocolo de actuación para evitar o mitigar procedimientos de ejecución hipotecaria.

En la misma iniciativa se pide la movilización de todos los recursos autonómicos para la atención a familias en situación de especial vulnerabilidad; el fomento del alquiler social de las viviendas vacías; promover la adhesión de los distintos ayuntamientos de la Comunidad al convenio para el Fondo Social de Viviendas de Alquiler, así como el aprovechamiento de los instrumentos ya disponibles y su priorización como es el caso del Servicio Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio.

El procurador del Grupo Popular, Alfonso García Vicente fue el encargado de defender la posición del PP para destacar la necesidad de llegar a un acuerdo "que nos permita dirigirnos a los ciudadanos para decirles que somos capaces de pactar y aunar fuerzas", y demostrar así un enorme acto de responsabilidad pactando soluciones eficaces".

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, también destacó el voto a favor del PSOE en aras de un acuerdo "que no debe zozobrar " y por la disposición de su grupo a "colaborar en lo que nos une".

No obstante, Redondo ha sido crítica con el contenido de la iniciativa aprobada ya que "nos hubiera gustado ir más allá" y porque, a su juicio, "tiene truco". En este sentido, ha señalado que no podían oponerse a un pacto que ha fue firmado por las fuerzas políticas y sociales de la Comunidad. Sin embargo, se trata del "reconocimiento de la ineficacia de las medidas de la Junta", dado que el texto reconoce que hay que aprovechar y priorizar los instrumentos de los que ya se dispone.

La procuradora socialista ha criticado el Fondo Social de Viviendas de Alquiler, ya que tan sólo hay actualmente 70 en toda la Comunidad, cuando sólo entre los mineros de Laciana (León)  hay 69 expedientes de desahucio.
También el procurador de IU, José María González, votó a favor de la iniciativa popular, si bien consideró que "tiene trampa" y es "un parche", ya que "aunque estamos de acuerdo, nos parece escaso".