Los tribunales han estimado 183 quejas sanitarias contra Sacyl desde 2002

La sanidad, como viene ocurriendo en los últimos plenos de las Cortes regionales, ha sido este martes la protagonista del debate parlamentario donde en esta ocasión los responsables del Ejecutivo regional se han pertrechado con datos. El primero ha sido el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que ha respondido a las críticas del procurador del Grupo Mixto, Alejandro Valderas,  quien ha denunciado el elevado número de sentencias negativas que tiene la Junta de Castilla y León,  ya que "administra mal, no es transparente y engaña a los administrados", una afirmación que ha negado el jefe del Ejecutivo regional.

Así, Herrera ha asegurado que la tasa de litigiosidad de la Administración regional es de 161 asuntos por cada mil habitantes, mientras que en el conjunto nacional es de 191. Además, se ha detenido expresamente en los litigios relacionados con la sanidad para señalar que desde 202, en que se asumieron las competencias sanitarias se han recibido 2.525 reclamaciones, cuando se han realizado 33 millones de actuaciones médicas al año. De esa cantidad, 944 han terminado en vía judicial, de las que 651 han finalizado con el resultado de 183 reclamaciones estimadas por los tribunales, es decir, el 7,25 por ciento.

La siguiente pregunta relacionada con la sanidad llegó de la mano de la procuradora socialista Mercedes Martín, que preguntó al consejero de Sanidad por la relación entre los recortes y el incremento de las listas de espera.  Sáez Aguado ha explicado, al respecto, que el incremento se deriva de la imposibilidad de los centros públicos de la comunidad de asumir la eliminación de las peonadas y la reducción de los conciertos con los centros privados.

El consejero ha insistido en que no se ha producido una reducción del número de médicos ya que, al mismo tiempo que ha perdido 23 efectivos, se han contratado otros tantos, con una plantilla que supera los 35.000 médicos que han incrementado la jornada laboral un siete por ciento. Sin embargo, sólo se ha podido absorber el 40 por ciento de la actividad que asumían las peonadas y los conciertos, por lo que resta otro 60 que es el que ha provocado el incremento de las listas de espera. Sáez Aguado ha insistido, no obstante, en que los procesos oncológicos y la cirugía cardiovascular tienen un plazo máximo de actuación de 30 días.

En otra pregunta, en este caso de la socialista María Fernanda Blanco, ha inquirido al consejero por las facturas emitidas en algún hospital de la Comunidad, como el de Burgos,  y por la atención sanitaria de urgencias a los inmigrantes. Sáez Aguado ha insistido en que "atendemos a todas las personas" y "facturamos a las que podemos" y ha relatado varios casos en los que se ha atendido a los inmigrantes y después se ha intentado facturar o, al menos, se  ha investigado si es posible.