Otro acuerdo de Comunidad, ahora para garantizar 100.000 empleos en el mundo rural

El Gobierno regional y los grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas -Socialista, Popular y Mixto- han alcanzado un acuerdo para trasladar tanto a Bruselas como al propio Ministerio una postura única y firme en torno a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que entra ya en su recta final.

Así lo ha dado a conocer este martes la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, quien ha agradecido el esfuerzo de todos los grupos, y en especial del PSOE por el "respaldo" que supone para la posición de Castilla y León contar con un acuerdo de las fuerzas políticas, una vez que ya se consiguió también el de las organizaciones agrarias. "Nos va a permitir ir a Bruselas con una posición más fuerte y también ir al Ministerio a partir de julio a defender nuestros intereses", ha señalado la consejera, al tiempo que ha recordado que son los intereses de 70.000 agricultores y ganaderos, una cifra que superaría los 100.000 empleos si se tiene en cuenta el sector agroalimentario.

Clemente ha explicado que la reforma de la Política Agrícola Común es una "prioridad" para el Gobierno de Castilla y León, que recibe una media de 1.150 millones de euros al año, de los cuales 920 corresponden a los pagos de las ayudas directas y el resto de los programas de desarrollo rural, unas cantidades que suponen el 30 por ciento de la renta de los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

La consejera ha ido desglosando los objetivos que se marcan en el acuerdo, que será aprobado este miércoles mediante una moción en las Cortes regionales, entre los que ha destacado el mantenimiento de los fondos en sus cantidades actuales y el que las ayudas lleguen a los profesionales del sector. En este sentido, ha insistido en la importancia de hacer una definición de la actividad profesional para que las ayudas lleguen a quienes obtienen sus rentas del trabajo en el campo.

En la moción también se solicita que sea obligatorio el apoyo a los jóvenes "porque son el futuro del sector", así como la necesidad de fijar un número de hectáreas elegibles, de forma que se limite la superficie, ya que un notable incremento supondría perjudicar a los profesionales al repartirse más las ayudas.

Otra de las peticiones acordadas pasa por un modelo de convergencia interno limitado, que sea progresivo en el tiempo, así como una mayor flexibilización en las medidas complementarias de medio ambiente.
Una de las demandas más importantes recogidas en la moción es que las ayudas asociadas lleguen al 15% y se incluyan en ellas la ganadería, que es la gran olvidada de la reforma.

Por último, se apuesta por mantener el sistema de cuota láctea hasta 2020 y el de derechos de plantación de viñedo hasta 2030.
La consejera ha recordado que Castilla y León siempre ha liderado la posición de las comunidades autónomas españolas y que, incluso, fue la única que presentó enmiendas a la propuesta de la Comisión, con un total de 110. Las negociaciones continuarán durante los próximos dos meses mediante reuniones bilaterales en Bruselas que deberán definir el nuevo reglamento para que, posteriormente, comience la negociación en el Ministerio sobre la forma de aplicar la nueva PAC.

Precisamente, Silvia Clemente ha explicado que el 14 de mayo mantendrá un encuentro en Bruselas con los ponentes del Reglamento, Louis Kapoulas y Michelle Dantin a quienes trasladará la postura de consenso de la Comunidad, encuentro en los que contará también con el apoyo de los eurodiputados de Castilla y León, Iratxe García, del PSOE y Agustín Díaz de Mera, del PP.

Valoraciones de la oposición

La portavoz de Agricultura y Ganadería en el Grupo Socialista, Ana Sánchez, ha justificado su apoyo a la moción en que "el PSOE tiene que tener una postura de responsabilidad para que Castilla y León tenga una posición fuerte a la hora de reivindicar los intereses de agricultores y ganaderos de la Comunidad, que tienen sus especifidades".

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado que "en asuntos de comunidad todos tenemos que estar unidos", como ha ocurrido ya con el acuerdo en torno al modelo de financiación. En este caso, el consenso resulta fundamental para abordar "la recta final de la reforma y para contar con la fortaleza que supone tener el acuerdo de los grupos políticos y las organizaciones agrarias".

La moción cuenta también con apoyo del Grupo Mixto, si bien su portavoz, José María González, no ha podido acudir a la presentación.