El director general de carreteras de la Junta confía en "haber aclarado debidamente" las dudas del juez sobre la variante de Guardo

El director general de Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís, confía en haber despejado cualquier duda sobre su actuación en el proceso de adjudicación de la variante de Guardo (Palencia), objeto de una investigación judicial por la que este miércoles ha declarado, en calidad de imputado, ante el juez instructor.

La declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, José María Crespo, se ha prolongado por espacio de unos cuarenta y cinco minutos, aunque el director general de Carreteras ha tenido que soportar casi otra hora de espera en el interior de las dependencias judiciales hasta que se ha materializado su interrogatorio.

Ya una vez fuera, Luis Alberto Solís ha declinado entrar en detalles sobre el contenido de la testifical y, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha limitado a expresar su confianza en la Justicia. "Estoy tranquilo, he respondido a todo aquello que se me ha preguntado y espero haber aclarado todo debidamente".

Con anterioridad, han vuelto a comparecer ante el juez, al objeto de realizar una ampliación de la testifical que ya realizaron como imputados los días 30 de enero y 5 de febrero, respectivamente, la funcionaria de los servicios centrales de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León Belén G.G. y su jefe, Jesús M.A, así como, éste en calidad de testigo, Jorge B.A. de L, funcionario del Servicio Territorial de Fomento de la Junta en Palencia, sin que tampoco trascendiera detalle alguno de su interrogatorio.

La funcionaria imputada se "camucfla" de reportera gráfica

La anécdota la ha vuelto a protagonizar la funcionaria Belén G.G, quien, si ya en su primera declaración acudió al Edificio de los Juzgados ocultando su identidad bajo un gorro y una bufanda, en esta ocasión ha optado por presentarse luciendo una peluca negra, unas gafas del mismo color y una cámara al cuello, simulando ser una reportera gráfica.

La investigación, recaída en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid fue auspiciada desde la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid y se encuentra centrada exclusivamente en la adjudicación por parte de la Consejería de Fomento del contrato para la dirección facultativa de las obras de la referida variante que recayó a primeros de 2011 en la UTE formada por Estudio de Ingeniería y Proyectos, S.L. (EIPSA)-Civil 4, S.L, por un importe de 408.714,24 euros.

El pliego de adjudicación recogía la necesidad de aportar una experiencia contrastada de más de 25 años en la realización de proyectos y direcciones de obra en viaductos de similares características.

Asimismo, el contrato llevaba asociada la presencia permanente de un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, así como los medios necesarios para controlar cuantitativa y cualitativamente la obra.

Información privilegiada

La adjudicación a esta UTE, según las investigaciones, podría haberse visto favorecida por los investigados mediante la facilitación de información previa al objeto de que la licitación se presentara en términos ventajosos con respecto al resto de ofertas realizadas por casi una treintena de empresas de fuera y dentro de Castilla y León.

Por tal motivo, las pesquisas investigan la comisión de posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de información privilegiada por parte de los investigados, tres de los cuales, tanto Belén G.G. como Jesús M.A. y el administrador de la empresa Civil 4, B.B.D, ya declararon ante el instructor en calidad de imputados.

Los hechos trascendieron públicamente a raíz de la detención, el 21 de junio de 2012, de la funcionaria Belén G.G. en su centro de trabajo ubicado en dependencias de la Consejería de Fomento, en la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid, por parte de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid, en cuyo transcurso los actuantes registraron no sólo su despacho sino, posteriormente, su propio domicilio, para luego tomarle declaración en dependencias policiales.

Al día siguiente de la detención, el consejero portavoz y de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, hizo un llamamiento para que los medios de comunicación fueran "exquisitamente escrupulososo" con la presunción de inocencia de una trabajadora del Grupo A y con trece años de servicio en la Administración regional.

El contrato para las obras de la variante de Guardo (CL-626), con un presupuesto de 19.827.645,54 euros y una plazo de ejecución de treinta meses, fue otorgado por el departamento que dirige Antonio Silván a finales del año 2010 a favor de la UTE compuesta por las constructoras Sacyr e Inmobiliaria Río Vena.

Con posterioridad, a principios de 2011 se produjo la adjudicación de la dirección facultativa de dichas obras, la que está siendo objeto de investigación, en favor de EIPSA-Civil 4 por más de 400.000 euros. El director de la obra es José Antonio LLombart, ingeniero de caminos con amplia experiencia en estructuras de gran envergadura realizadas en ámbito nacional e internacional.