Miembros de la Fiscalía de Medio Ambiente se desplazan a Valladolid para tomar muestras de un inmueble de Renfe que podría tener restos de amianto

Integrantes de la Fiscalía de Medio Ambiente, adscrita a la Fiscalía General del Estado, se han desplazado este jueves a Valladolid para coordinar la toma de muestras en el edificio del cambio de agujas de Renfe, situado entre la Estación del Norte y el Arco de Ladrillo, con el fin de comprobar si el inmueble presenta restos de amianto, material altamente cancerígeno.

La investigación se enmarca en el proceso que se sigue en el Juzgado de Instrucción 2 a raíz de la denuncia recientemente presentada por la Fiscalía de Valladolid al objeto de determinar la titularidad de las referidas instalaciones, supuestamente propiedad de Renfe, e iniciar acciones contra la propietaria debido a que sus cubiertas y paramentos verticales, en apariencia construidos con uralita, se encuentran semiderruidos y presentan un serio riesgo para la salud de los vecinos.

A tal efecto, una agente de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente ha viajado desde Madrid a Valladolid para, acompañada de miembros del Seprona de la Comandancia vallisoletana, inspeccionar el edificio de cambio de agujas y determinar los lugares idóneos para la toma de muestras o realización de catas. Cumplimentado este trámite, la recogida de restos del suelo y cerramientos se efectuará en próximos días, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el caso de este edificio, su actual situación llegó a conocimiento de la Fiscalía vallisoletana en julio de 2012 a través de una denuncia anónima en la que se advertía de que los paramentos verticales y cubiertas semiderruidos de la infraestructura de Renfe pudieran contener amianto. Días antes, la Asociación de Víctimas y Afectados de Amianto (Avidalid) ya había denunciado una situación similar en la antigua fábrica de 'Uralita'.

Así, el juez instructor, además del inmueble de Renfe, también investiga a la promotora Reyal Urbis S.A, actual propietaria de la antigua fábrica 'Euronit, Fachadas y Cubiertas', anteriormente 'Uralita S.A', por un delito contra el medio ambiente relacionado con el abandono actual que presentan sus instalaciones, situadas en el kilómetro 187,5 de la Avenida de Madrid, en pleno centro de la capital, y el grave riesgo que ello entraña para la salud de los vecinos de la zona debido a la acumulación en ellas de amianto.

Producción de fibrocemento

En el caso de la factoría de 'Uralita', cuyo origen se remonta al año 1966 y concluyó en 2009 tras ser adquirida por 'Euronit', para pasar actualmente sus terrenos a propiedad de la promotora 'Reyal Urbis S.A', antes inmobiliaria Urbis S.A, con domicilio social en Madrid y delegación en Valladolid, tuvo como principal actividad a lo largo de cuarenta años la producción de fibrocemento, proceso en el que se utilizaba Crocidolita o amianto azul y Crisotilo o amianto blanco, con una media de cincuenta toneladas al año.

El delito contra el medio ambiente y los recursos naturales imputado a la actual propiedad del terreno y recogido en el artículo 325 del Código Penal, que estipula penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación por tiempo de uno a tres años, tendría su origen en el absoluto abandono que las instalaciones presentan desde su cierre, en 2009, sin que, supuestamente, hubieran sido descontaminadas ni se hubiera acometido trabajo alguno para la eliminación adecuada de los residuos de amianto.

Dicha circunstancia, constituiría un evidente riesgo para la salud de las personas que residen o trabajan en las proximidades, en especial para los alumnos del Colegio de San Agustín o los vecinos del Barrio de Las Delicias o la zona residencial del Pinar de Jalón, ya que la inhalación de las fibras de este mineral puede producir cáncer de pulmón o mesotelioma pleural.

El peligro se agrava en este caso, tal y como advertía la Fiscalía vallisoletana, haber haber constatado en dichas instalaciones la presencia de individuos dedicados a llevarse distintos elementos constructivos para su venta posterior, lo que implica no sólo un evidente riesgo para su salud sino incluso para la de quienes pudieran entrar en contacto con los materiales sustraídos o inhalar las fibras de amianto que pudieran desprenderse de los mismos.

Por tal motivo, y dado que la propietaria de la antigua fábrica, en situación de concurso voluntario de acreedores, no ha atendido las peticiones de la Fiscalía y del juez instructor para la limpieza del solar, el Ayuntamiento acordó recientemente tomar la iniciativa y proceder al desmantelamiento subsidiario de las viejas instalaciones cuyo coste, cifrado en unos 600.000 euros, cargará con posterioridad a la promotora inmobiliaria.