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Inicia su tramitación "normal" en las Cortes para alcanzar el "mayor consenso posible"

Luz verde al Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio para 'lograr la mejor Castilla y León posible'

Luz verde al Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio para "lograr la mejor Castilla y León posible"

De Santiago-Juárez destaca su "clara apuesta municipalista" y dice que el objetivo principal es "hacer la vida más fácil a los ciudadanos"

Por Redacción/Agencias
jueves 04 de abril de 2013, 15:00h
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio que da tres años para adaptar los servicios del Ejecutivo regional al nuevo mapa que se abordará de una forma "participada y consensuada".

Así lo ha explicado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha destacado que el Proyecto de Ley aprobado este jueves es un texto "muy participado" derivado del compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su debate de investidura.

Tras recordar que el texto se ha analizado con colectivos, ayuntamientos, representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias y organizaciones agrarias durante más de un año y medio, el documento sale adelante para iniciar su tramitación en las Cortes por el procedimiento normal, "no urgente", para alcanzar el "mayor consenso posible".

"Se trata de una ley pensada por y para las personas", ha destacado el portavoz de la Junta, quien ha señalado que el objetivo principal es hacer "la vida" más fácil a los ciudadanos y "mejorar los servicios" desde la garantía de la prestación de los servicios esenciales, para conseguir la "mejor Castilla y León" y garantizar que la gente que quiera vivir en el "magnífico" medio rural pueda hacerlo .

De Santiago-Juárez ha incidido en la "clara" apuesta municipalista de esta normativa, ya que se abre la posibilidad de que los ayuntamientos se asocien voluntariamente en mancomunidades para gestionar servicios y reserva competencias a las localidades. "No se trata de vaciar municipios para llenar diputaciones, no creemos en eso, nuestro proyecto en municipalista", ha destacado, al tiempo que ha avanzado que, a pesar de tener discrepancias con el proyecto de reforma local presentado por el Gobierno central, es "compatible" con el del Estado.

Asimismo, ha detallado que la normativa de la Junta "moderniza" el papel de las diputaciones y adapta y ordena los servicios a través de un nuevo mapa territorial para cuya determinación se tendrá en cuenta la población y la densidad, criterios servirán como base para prestar servicios.

El mapa será consensuado y participado por todos los agentes, así se colgará en el portal de Gobierno abierto y tendrá un periodo de información pública de un mes.

Como ha explicado De Santiago-Juárez con esta Ley el Gobierno regional otorga una "herramienta" a los municipios para que puedan cumplir con el Principio de Estabilidad Presupuestaria a través de la mancomunidades, que pueden ser rurales y urbanas" y que, en todo caso, deben coincidir con las unidades básicas de ordenación.

"El Proyecto de Ley recoge que la Junta primará la constitución de esa asociación voluntaria de municipios", ha señalado, tras lo que ha reiterado que se apuesta por las políticas de "proximidad".

La Ley

El Proyecto de Ley es una norma que regula la ordenación del territorio en Castilla y León, que pretende "mejorar la cohesión "territorial de la Comunidad e impulsar una mayor "cercanía" en la prestación de los servicios, así como garantizar el acceso de los ciudadanos a los mismos.

Para ello, el proyecto define las unidades básicas de la ordenación y servicios en el territorio, tanto en el ámbito rural como en el urbano, y que agruparán a municipios menores de 20.000 habitantes, con continuidad geográfica y con características socioeconómicas, naturales o culturales similares, y, en general, se atenderá en su delimitación al tamaño o densidad de población de las unidades básicas resultantes.

Por su parte, los municipios de más de 20.000 habitantes constituyen por sí mismos unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio urbanas, además de que se prevé la elaboración de un mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que contendrá tanto las unidades rurales como las urbanas siguiendo un procedimiento participativo en el que las diputaciones ejercerán un papel destacado, que se someterá a audiencia pública.

En segundo lugar, este anteproyecto avanza en la "territorialización" de las políticas autonómicas ya que prevé que la Administración autonómica utilice las unidades básicas de ordenación y servicios como base territorial para la planificación, programación, gestión y prestación de sus servicios, cuando su ámbito funcional deba ser inferior a la provincia.

El anteproyecto prevé además mecanismos de colaboración y coordinación administrativa, y para ello se crea en cada provincia una comisión de coordinación de políticas públicas en el territorio en la que deberán participar representantes de los tres niveles administrativos, local, autonómico y estatal.

La tercera y última vertiente de la normativa es el que se refiere a la manera en la que puede abordarse la racionalización de la Administración local. En este aspecto el anteproyecto traduce normativamente el modelo que la Junta de Castilla y León ha pactado con el PP y el PSOE de Castilla y León, un modelo que reforma el papel de las diputaciones y que no se plantea la desaparición de ninguna entidad local, sino que se basa en la agrupación voluntaria de municipios en mancomunidades de interés general.

Asimismo, el proyecto incluye normas dirigidas específicamente a la mejora del gobierno local, y al logro de una administración local "más transparente, participativa y comprometida" con los valores éticos propios del Gobierno Abierto; así como determinadas previsiones en materia de personal y régimen económico-financiero de las mancomunidades de interés general, para garantizar su eficaz funcionamiento, sin que ello represente incrementos de coste respecto de los gastos actuales de los municipios.

De este modo, la pertenencia de un municipio a una mancomunidad de interés general no podrá suponer mayores gastos respecto a la suma de los que el municipio efectuaba para la prestación de sus servicios con anterioridad y de sus aportaciones a la mancomunidad en que se integrara.
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