Los papeles de la discordia

Aviso para el lector: Este artículo no trata sobre los papeles de Bárcenas, trata sobre otros papeles que causaron un revuelo tremendo en Castilla y León hace muy poquitos años, pero de los que hoy, extrañamente, nadie habla. 

La polémica que rodeó la restitución de la documentación incautada en Cataluña durante la Guerra Civil, custodiada en el Archivo de Salamanca, ha sido quizás el episodio de la historia reciente de nuestra comunidad en el que el victimismo, uno de los males crónicos de la política castellanoleonesa, ha llegado a alcanzar sus más altas cotas de miseria intelectual. Pero, ya se sabe, nada como un buen enemigo exterior para disimular nuestras vergüenzas y obtener, de paso, unos buenos réditos electorales.

Se habló de desmantelamiento, de desintegración, de destrucción del archivo. Se equiparó la ruptura de la unidad del archivo con la ruptura de la unidad de la patria. Se utilizó la palabra "expolio" con una tremenda ligereza y una total falta de respeto para los verdaderos expoliados. Se alentaron desde el poder los más bajos instintos, llegándose a proferir amenazas de muerte contra algunos políticos catalanes en una manifestación convocada por el Ayuntamiento de Salamanca. Las Nuevas Generaciones del PP pusieron su granito de arena, elaborando unos carteles en los que se tildaba de "traidores" a los parlamentarios autonómicos socialistas. Las instituciones convocaron actos de afirmación patriótica a los que se invitó con dinero público a lo más casposo de la caverna intelectual y mediática. Hasta se cambió el nombre a la calle en la que está ubicado el archivo para llamarla "calle del Expolio" y se llegó, incluso, a la indecencia de utilizar la frase de Unamuno "venceréis, pero no convenceréis" en una pancarta colocada en el balcón de la casa consistorial.

Siendo justos, no puede obviarse que en diferentes momentos, todos los partidos hicieron demagogia barata con el tema. Con ocasión de un intento anterior de restitución, en 1995, el entonces Alcalde socialista intento aferrarse a los papeles para no perder la alcaldía y convocó una multitudinaria manifestación. "Los papeles solo saldrán por encima de mi cadáver", dijo, e, ironías del destino, años después convertido en subdelegado del gobierno, dirigió a las fuerzas de seguridad que protegieron la salida de los documentos.

Por supuesto, los primeros que también hicieron -y siguen haciendo- demagogia con este tema han sido los nacionalistas catalanes, que siempre han querido presentar el caso como un conflicto en el que un país había robado una parte de su patrimonio documental a otro país, cuando lo que en realidad sucedió es que unos militares sublevados contra su propio pueblo se incautaron ilegítimamente de documentación procedente de instituciones democráticas, de asociaciones y de personas con el fin de utilizarla con fines represivos. 

Hay que reconocer que la polémica sirvió para que la gran mayoría de los salmantinos y de los castellanoleoneses fueran conscientes de la existencia y del valor del archivo. Si dos días antes de anunciarse la reclamación de la Generalitat, las llamas hubieran reducido a cenizas el archivo y todo su contenido, nadie, salvo algún historiador, habría derramado una lágrima por él, pero fue saberse que los "pérfidos catalanes" se querían llevar "nuestros papeles" y, de repente, todo quisque se convirtió en un experto en archivística.

El PP de Castilla y León se empleo a fondo con el tema. No había pleno en Fuensaldaña en el que no se hablara del archivo. Que se le preguntaba a Herrera o a los Consejeros de la Junta por la situación del campo, por los jóvenes que emigraban de nuestra comunidad o por las listas de espera del Sacyl, ellos respondían indefectiblemente con la cantinela de los papeles del archivo. Especialmente machacona con el tema fue la entonces Consejera de Cultura, Silvia Clemente, a la que este asunto le vino personalmente de perlas para que nadie hablase del abandono en el que se encontraba gran parte de nuestro patrimonio. Y no fue solo el PP de Castilla y León, también el PP nacional hizo bandera del tema, creyendo haber encontrado el "Prestige" de Zapatero. En fin, que tuvimos papeles hasta en la sopa. 

Pues bien, el Tribunal Constitucional acaba de rechazar el recurso que presentaron más de cincuenta diputados del PP contra la Ley estatal que ordenaba la restitución de aquellos papeles y transformaba el viejo Archivo General de la Guerra Civil en el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica. El Tribunal ha rechazado por unanimidad todas las alegaciones de los parlamentarios populares. 

A finales de enero, el mismo Tribunal Constitucional, también por unanimidad, rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Castilla y León contra determinados artículos de la citada Ley.

En ambas sentencias, que en lo que atañe a la cuestión de fondo tienen un idéntico razonamiento, se dice, entre otras cosas, que "la adopción, por parte del legislador democráticamente elegido, de la decisión de contribuir a dar satisfacción a instituciones o ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la Guerra Civil no puede constituir, en ningún caso, una decisión arbitraria o irracional".

Estas resoluciones del más alto tribunal español han pasado casi desapercibidas. ¿A qué se debe esta sordina, tratándose de un asunto tan capital para nuestro patrimonio? Da la impresión de que a aquellos que utilizaron este asunto con fines partidistas hoy ya no les interesa hablar del tema. 

Hace unos meses, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, manifestaba que el propósito del Gobierno era "cumplir la ley con la mayor diligencia" y concluir el traslado de documentos a Cataluña -refiriéndose a la ley de restitución  que en ese momento todavía estaba recurrida por su propio partido y por la Junta de Castilla y León- y apenas si se oyó un ligero murmullo de desaprobación "pro forma" en el Palacio de la Asunción. Ya no se rompe España.

Ya han caído dos sentencias del Tribunal Constitucional en este asunto y caerán más. Las dos Leyes que se aprobaron en Castilla y León, supuestamente para "blindar" el archivo, con un contenido tan absurdo como declarar BIC algo que ya lo era por ministerio de la ley, están recurridas desde su aprobación y suspendida su aplicación. Es indudable que el Tribunal Constitucional volverá a hacer que la razón prevalezca, que venza y convenza. Ellos, que tanto gritaban, seguirán callados.

Óscar Sánchez Muñoz. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.