La Junta atiende a 576 familias en riesgo de desahucio y resuelve 204 casos

El Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio de la Junta de Castilla y León ha atendido en sus cuatro primeros meses de funcionamiento a 576 familias y ha logrado la resolución de 204 casos, de los que 169 se pudieron solucionar sin llegar a una interlocución con las entidades bancarias.

Así se refleja en el balance que ha presentado este viernes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien ha destacado el hecho de que muchos de los casos se hayan resuelto sin llegar a hablar con las entidades bancarias para buscar soluciones y que un 62,7 por ciento de ellos ha sido en una primera fase del problema --sin que aún haya requerimiento bancario--.

En concreto, de noviembre a febrero de este año, los 76 profesionales que trabajan en este servicio en la Comunidad han atendido a 576 familias que corrían el riesgo de perder su vivienda habitual o presentaban serios problemas de sobreendeudamiento que les impedía afrontar el pago de la hipoteca. La entrada de nuevos casos se sitúa en un promedio de 35 a la semana.

Aunque aún ha transcurrido escaso tiempo desde la puesta en marcha del servicio, 230 expedientes ya se han concluido, es decir el 40 por ciento de los casos abordados. De ellos, un 89 por ciento (204 casos) se ha resuelto, según ha afirmado la consejera, quien ha añadido que en 169 casos no ha sido necesario llegar a la interlocución con las entidades financieras.

Milagros Marcos ha agradecido el trabajo y el esfuerzo realizado por los profesionales de las corporaciones locales y los de la Consejería que trabajan en este servicio y ha incidido en la respuesta que se trata de dar a problemas que han surgido en los últimos años, de manera que se "reorientan" programas para ayudar a las familias.

Por su parte, en los casos en los que hay riesgo real de impago o ya hay impagos, se activa, si así lo desea la familia, la intermediación de los profesionales de la Gerencia Regional de Servicios Sociales con las entidades financieras. Estudian las variables (contrato del préstamo, deuda pendiente, intereses, plazos, estado de los pagos, etcétera) y negocian un plan de reestructuración de la deuda que posibilite la obtención de un acuerdo entre la familia y la entidad financiera, trámite que puede prolongarse durante uno o dos meses.

En estos primeros cuatro meses, en 35 casos el acuerdo se ha alcanzado después de que los trabajadores de la oficina central trabajaran con las entidades financieras para buscar una salida.

La principal solución encontrada ha sido la reestructuración de la deuda, ya sea mediante aumentos del plazo del préstamo, reunificación de las deudas, disminución del tipo de interés, quitas o carencias. A esta solución han llegado 22 familias (el 63 por ciento de los casos resueltos con interlocución).

En once casos se acordó la dación en pago (siempre con la quita de la deuda) y en otros dos se logró el acuerdo de no lanzamiento, aunque la vivienda ya hubiera pasado de la familia al banco, por lo que sigue siendo su residencia.

Por el contrario, 26 casos se han cerrado sin acuerdo entre la entidad financiera y el usuario.

Hasta el momento la interlocución se ha realizado con las once entidades financieras que se han adherido al Servicio, pero también con otras 22 que, sin haberlo hecho, han entrado en la dinámica de la interlocución con la Gerencia de Servicios Sociales.

Acompañamiento

Este servicio trata de acompañar al ciudadano, de forma individualizada, en todas las fases del proceso: aborda el problema desde la raíz, con medidas preventivas, busca soluciones paliativas y actúa de intermediario con las entidades financieras para tratar de que no se produzca el lanzamiento y la pérdida de la vivienda.

Así, todas esas familias, después de llamar al teléfono de información de la Junta 012, fueron derivadas en menos de una semana hacia los profesionales de las 30 oficinas habilitadas en las corporaciones locales, que les prestaron atención y asesoramiento, y realizaron un análisis pormenorizado de la situación de la unidad familiar desde la óptica económica y la social. En el 37 por ciento de los casos, como complemento, diseñaron un plan de economía familiar para sanear sus cuentas.

Cada una de esas familias requirió de media entre tres y cuatro entrevistas con los técnicos de las corporaciones locales para recabar toda la documentación y preparar el expediente. Además de prestar ese asesoramiento, los técnicos valoran el riesgo de exclusión y las necesidades que contar con apoyos u otros recursos para paliar o mitigar su situación.

Así, los profesionales optaron por derivar al 35 por ciento de las familias atendidas (en total 203) hacia las prestaciones que ofrecen los Servicios Sociales de Castilla y León, o bien les derivaron hacia políticas de búsqueda de empleo o de una vivienda alternativa, hacia los servicios de salud o incluso les orientaron hacia la asistencia jurídica gratuita. En algunos casos, una familia pudo requerir más de una atención especializada.

Según los datos aportados por la consejera, de las 203 familias derivadas hacia la intervención, 136 familias lo fueron hacia los Servicios Sociales, de forma que se activaron la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia social o programas de intervención familiar.

Por su parte, 52 contaron con el apoyo de las entidades del denominado tercer sector, como complemento, y a otras 68 se les dirigió hacia los servicios de empleo para mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo, actualizar su perfil o solicitar la Renta Activa de Inserción.

En 19 casos se les recomendó que acudieran al sistema de salud --ante el riesgo de consecuencias como depresiones-- y en 15 se comenzaron a buscar alternativas de vivienda. Además, 73 familias, que cumplían los requisitos, fueron orientadas hacia la asistencia jurídica gratuita.

Pareja estable con dos hijos

El perfil de las personas que ha acudido al Servicio es el de pareja estable, con uno o dos hijos, con edades situadas en torno a los 43 años.

En concreto, el 70 por ciento de esas personas tenía entre 30 y 49 años y un 65 por ciento vivía en pareja. El número de integrantes del núcleo familiar se sitúa entre los tres y los cuatro.

Los datos evidencian, además, que en el 48 por ciento de los casos el demandante de este servicio no tiene un perfil de exclusión social, ya que cuenta con red de apoyo familiar, con ingresos, aunque insuficientes, con formación y cuya situación de precariedad es relativamente reciente.

Prácticamente el 62 por ciento de las personas que acudió a este servicio lo hizo porque preveía dificultades para hacer frente a la hipoteca, pero aún no había dejado de pagar ningún recibo. Esa anticipación facilita, y mucho, la búsqueda de una solución favorable, tal y como ha remarcado Milagros Marcos, quien ha destacado la importancia de acudir al Servicio en la primera fase del problema.

El 30 por ciento, por el contrario, llegó al servicio cuando ya había recibido un requerimiento bancario o el banco ya había interpuesto una demanda de ejecución en el juzgado. En un 7 por ciento de los casos incluso se había subastado el inmueble y la familia estaba a la espera de la notificación de desalojo.

Las personas atendidas conocieron la existencia de este servicio en Castilla y León principalmente por la propia Red de Servicios Sociales (53 por ciento). Una cuarta parte tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, y el resto por asociaciones, por los propios bancos o por amigos.