Las personas en situación de urgencia social recibirán hasta 3.195 euros al año para alimentación, higiene o alojamiento temporal

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto que regula y homogeneiza las Ayudas de Emergencia Social en toda la Comunidad. Con la entrada en vigor de este decreto, las ayudas se concederán en el plazo máximo de un mes y por una cuantía de hasta 3.195 euros al año. Se otorgarán para cubrir gastos de alimentación, higiene o alojamiento temporal en casos de urgencia social. Las corporaciones locales tendrán tres meses de plazo para adaptar sus respectivas normativas.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, "en su apuesta por ayudar a las familias que más lo necesitan", ha regulado por decreto las ayudas de emergencia social, que se prestarán, por primera vez, de forma homogénea en todas las provincias de Castilla y León, en cuanto a requisitos, cuantías, condiciones, destino de la ayuda y plazos. Tal y como acordó esta consejería el pasado 20 de julio con los sindicatos y los empresarios dentro del Diálogo Social, será una ayuda finalista, temporal, inembargable, de carácter extraordinario, de pago único y compatible con cualquier otro ingreso o prestación, incluida la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Estas prestaciones económicas tratarán de paliar parcial o totalmente las situaciones de urgencia social de familias con necesidades básicas de subsistencia que no puedan ser atendidas por sus medios, ya sea por razones sobrevenidas o por falta continuada de recursos y que precisan de una ayuda puntual. En ningún caso esta prestación podrá tener carácter indefinido, para así evitar situaciones de cronicidad, ni podrán servir para liquidar deudas contraídas con las Administraciones. 

Las ayudas se otorgarán a aquellos castellanos y leoneses que no puedan cubrir, de forma puntual, sus gastos de alimentación, cuidados personales esenciales (vestido e higiene) o alojamiento temporal en casos de emergencia social. Los profesionales que atienden los Centros de Acción Social (CEAS) estudiarán la situación por la que atraviesa la unidad familiar y elaborarán un proyecto individualizado de inserción. Serán ellos quienes bajo su criterio puedan otorgar ayudas para hacer frente a otras necesidades consideradas imprescindibles para cada familia en ese momento.

Al tratarse de paliar una situación urgente, las corporaciones locales concederán la ayuda en el plazo máximo de un mes desde que el ciudadano presenta la solicitud o desde que los profesionales de los Servicios Sociales eleven de oficio la petición. El importe máximo de la prestación será 0,5 veces el IPREM anual (3.195 euros) y se efectuará en un pago único.

Potenciales beneficiarios

Serán potenciales beneficiarios de estas ayudas aquellas personas en situación de urgencia social que residan en la Comunidad, al menos, durante los seis meses previos a la solicitud, salvo en el caso de emigrantes retornados o de víctimas de violencia de género desplazadas de otras autonomías.

Los ingresos anuales de la unidad familiar no podrán superar la cuantía equivalente a 1,2 veces el IPREM anual; es decir, percibir menos de 8.478 euros para personas individuales. Ese límite se irá incrementando en función del número de miembros, hasta un máximo de 1,8 veces el IPREM anual (11.500 euros para unidades familiares de cuatro o más miembros).

Para el cómputo de la cuantía, se tendrán en cuenta todos los ingresos procedentes del trabajo y de las pensiones, prestaciones o todos aquellos subsidios públicos que reciba la unidad familiar, excepto los que estén condicionados para un destino concreto, como por ejemplo la Dependencia. Se descontarán, además, los gastos ocasionados por el alquiler o la hipoteca.

Todos los beneficiarios tendrán que proporcionar la información requerida, facilitar las tareas de evaluación y seguimiento, así como colaborar en su proyecto individualizado de inserción, y comprometerse a no destinar el importe de la prestación a otra finalidad distinta para la que se concedió.

Corresponderá, como hasta ahora, a las entidades locales gestionar estas prestaciones. El decreto da tres meses de plazo a las corporaciones locales para adaptar su normativa, una vez que se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Financiación compartida dentro del Acuerdo Marco

La financiación de estas prestaciones se enmarca dentro del Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales de la Comunidad. La Junta de Castilla y León mantiene su compromiso de cofinanciar estas ayudas en un 65 %, mientras que el 35 % restante correrá a cargo de las corporaciones locales. La Gerencia Regional de Servicios Sociales y las entidades locales de la Comunidad destinarán a lo largo de este año 3,8 millones de euros a financiar estas ayudas de emergencia social en la Comunidad. 

Oferta de empleo público

El Consejo de Gobierno también ha acordado aprobar la oferta de empleo público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2013. De esta forma, el Ejecutivo autonómico autoriza la convocatoria de oposiciones con 176 plazas destinadas al cuerpo de maestros (Educación Infantil y Primaria).

La presente oferta de empleo público incluye las necesidades de recursos humanos docentes con asignación presupuestaria que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes. Así, la Junta de Castilla y León ha considerado, por un lado, el tope del 10 % de la tasa de reposición de efectivos establecida por la legislación estatal y, por otro, la planificación educativa de los efectivos para llegar a las 176 plazas ofertadas. De ellas, se han aprobado 52 para Educación Infantil; 39 para Educación Primaria; 28 destinadas a Lengua Extranjera (inglés); 22 para Educación Física; 15 en Pedagogía Terapéutica; 10 para Audición y Lenguaje; y el mismo número de plazas para Música.

La Consejería de Hacienda se encargará de la convocatoria de las respectivas pruebas selectivas, a propuesta de la Consejería de Educación, donde se establecerán las bases, programas y contenido de las mismas. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia. Además, se reservará para el acceso de aquellas personas que tengan la condición legal de discapacitados un porcentaje del 10 % sobre el total de las plazas autorizadas.

Por otro lado, la Consejería de Hacienda encomendará, por razones de eficacia, la gestión material de los exámenes derivados de esta oferta de empleo público a la Consejería de Educación para la recepción de solicitudes de participación en las pruebas selectivas, la verificación del cumplimiento de requisitos, la aprobación de las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos, la propuesta de miembros que han de formar parte de los órganos de selección y la gestión operativa necesaria para el desarrollo de los ejercicios.

La información relativa a las convocatorias de las pruebas y al desarrollo de los procesos selectivos se incluirá en la página Web de la Junta de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y se remitirá al Servicio Telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano, así como a las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano.

Otros acuerdos

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha prorrogado hasta 2015 el contrato de explotación de la red de control de la calidad del aire de Castilla y León por un importe total de 1.539.620 euros. La explotación incluye el mantenimiento de la red de estaciones para la medición de la contaminación atmosférica desplegada por la Comunidad.

El Ejecutivo autonómico también ha aprobado, por un importe total de 1.815.000 euros, la contratación del servicio de soporte y mantenimiento de bases de datos y programas informáticos utilizados por los sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud, como la historia clínica electrónica, la tarjeta sanitaria, el portal de salud, "farmatools" y anatomía patológica, entre otros.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una subvención de 530.000 euros para el desarrollo de las líneas de colaboración que la Consejería de Sanidad mantiene con la Universidad de Valladolid en ámbitos como el consejo genético, la detección precoz de enfermedades congénitas, la realización de estudios y mediciones físico-químicas ambientales o fármaco-vigilancia.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida presupuestaria de 284.158 euros para la adquisición de suministros sanitarios con los que poder atender, durante quince meses, las necesidades asistenciales de este centro hospitalario burgalés.

Por último, la Junta subvencionará con 20.000 euros a la Fundación Jorge Guillén con el objeto de promocionar, fomentar y difundir la literatura y la cultura de Castilla y León. La Fundación Jorge Guillén se ocupa de promocionar la creación artística y literaria en general y la obra y figura del poeta vallisoletano Jorge Guillén en particular, así como de otros autores vinculados a Castilla y León.