El PSOE acusa de prevaricación y falsedad documental al vicealcalde de Burgos y pide su dimisión

El concejal socialista del Ayuntamiento de Burgos, Antonio Fernández Santos, ha solicitado este lunes al vicealcalde de la capital burgalesa, Ángel Ibáñez, su dimisión, ya que lo acusa de un presunto delito de prevaricación y falsedad documental.

En este sentido, ha asegurado que Ibáñez ha acometido una serie de "presuntas irregularidades que rayan lo delictivo" a lo largo de los últimos años, tanto desde sus responsabilidades como concejal de Hacienda en la pasada legislatura, como a través de sus diversas responsabilidades municipales en la actualidad.

El concejal socialista ha insistido en que uno de los casos más destacados de esta línea de actuación es el contrato con la empresa T-Systems ITC Iberia para la modernización del sistema tributario municipal, en la época en que el vicealcalde era responsable de las áreas de Hacienda y Modernización Administrativa.

Al respecto, ha recordado que dicha contratación, adjudicada en Junta de Gobierno el 26 de diciembre de 2006, se realizó por un importe de 200.000 euros y llevaba implícita la conclusión de los trabajos el 20 de febrero de 2008, informa ep.

Pese a ello, ha asegurado que el 5 noviembre de 2009 el actual vicealcalde mantuvo una reunión en las dependencias del Teatro Principal, acompañado por el viceinterventor y la inspectora de Servicios del Ayuntamiento de Burgos, y los responsables de la empresa T-Systems ITC Iberia, en la que se pusieron sobre la mesa una serie de reclamaciones por parte de ésta por la realización de una serie de trabajos, en concreto unas jornadas de formación, que estaban fuera del alcance del proyecto de gestión tributaria, cuyo importe ascendía a más de 505.000 euros.

Según los datos que maneja Fernández Santos, días antes del encuentro se propuso se propuso a la empresa el abono de 150.000 euros por estos trabajos, pero T-Systems ITC Iberia desestimó la propuesta y, finalmente, el 14 de diciembre de 2009 se registraba en el Ayuntamiento de Burgos una factura por importe de 460.000 euros por este concepto.

El 9 de diciembre de 2010, una funcionaria firmó, por delegación del Secretario General, una providencia para pasar el expediente a Intervención General, con el objetivo de que se realizase la fiscalización y retención de crédito necesarios para proceder al reconocimiento de la factura, que se acompañó de un documento sin firma que la refrendaba, siempre según las afirmaciones del PSOE.

Por su parte, el 16 de diciembre de ese año, el interventor general remitió el expediente a la Sección de Hacienda y Contratación para que se indicase fecha expresa y se incluyese en el informe adjunto la firma y el responsable del órgano que lo suscribía.

Una solicitud que no se cumplió porque, según el concejal socialista, el actual vicealcalde "elevó la factura" para su aprobación a la Junta de Gobierno Local de carácter extraordinario del 30 de diciembre de 2010, donde se aprobó por reconocimiento extrajudicial de crédito.

Desde ese momento hasta la actualidad, el abono de la factura "no se ha hecho efectivo", pese a "las presiones a las que se ha sometido a algunos funcionarios".