La Junta reclamará a los ayuntamientos entre 700 y 1.000 millones para recibir sus competencias en Educación, Sanidad y Servicios Sociales como recoge la reforma local

Entre 700 y 1.000 millones de euros deberán abonar los ayuntamientos de la Comunidad a la Junta de Castilla y León si se quieren desprender de sus competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales, centradas fundamentalmente en el mantenimiento y vigilancia de los centros. Ese es el "coste efectivo" que el Gobierno regional estima que tendrá hacerse cargo de estos cometidos, tal y como recoge la reforma local diseñada por Montoro.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado este jueves el contenido del "crítico" informe, anunciado por Herrera, al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local elaborado por Cristóbal Montoro en el que se incluyen las alegaciones a un documento que al Gobierno regional no ha gustado lo más mínimo, aunque insiste en lo necesario de la citada reforma.

De Santiago-Juárez, que ha pedido que se aproveche el momento para abordar también al reforma de la financiación local, ha insistido en que las competencias llamados "impropias" de los Ayuntamientos que se quieren transferir a las comunidades no lo son tal porque aparecen recogidas como locales en numerosas leyes orgánicas, incluida la Ley de Bases de Régimen Local, por lo que, de pasar a las autonomías, deberán llegar con la oportuna financiación, cifrada, de momento, entre 700 y mil millones de euros.

Ese sería, según el consejero, el llamado "coste efectivo", es decir, el que tiene en cuenta la población, la dispersión y el territorio de la Comunidad, no el llamado "coste estándar" que figura en el anteproyecto, en el que sólo se considera la población.
Son, precisamente, las características sociodemográficas y territoriales de Castilla y León el elemento en el que más quiere incidir la Junta hasta el punto de que considera que la Comunidad debe tener un "régimen especial" y,  por lo tanto, debería contar con un año más en los plazos establecidos para cada actuación recogida en la Ley, ya que "los plazos son inasumibles".  Este hecho, que quiere que se recoja mediante una disposición adicional, supondría, por ejemplo, dar más tiempo para que los ayuntamientos puedan ir a la asociación voluntaria en mancomunidades y evitar así su desaparición al no presentar sus cuentas o no haber cumplido con los criterios de estabilidad presupuestaria en el tiempo que fija la Ley. La Comunidad también tendría más plazo para asumir las competencias de las entidades locales como recoge el anteproyecto.

El consejero de la Presidencia ha insistido en que, a pesar de lo crítico del informe "no está hecho contra nadie", ya que su único objetivo es "anteponer los intereses de los ciudadanos a losl de cualquier administración o color político". Lo que sí ha dejado claro es que se trata de un anteproyecto que "no es bueno para Castilla y León porque no ha tenido la sensibilidad necesaria".
Precisamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un Decreto para ayudar a las entidades locales menores a presentar sus cuentas ya que deberían estar presentadas en diciembre de 2014 o de lo contrario, según la reforma local, desaparecerán.

Sin embargo, en 2011, de las 2227 entidades locales menores, sólo presentaros sus cuentas 354, según los datos aportados por el consejero, lo que pone de manifiesto el negro futuro que se avecina.

Lo curioso del CES

José Antonio de Santiago-Juárez ha tachado de "curioso" la sugerencia del Consejo Económico y Social de esperar a que el Gobierno de la nación apruebe la reforma local para aprobar la ley de ordenación del territorio de Castilla y León. Para el consejero de la Presidencia "es curioso que quieran esperar a ver lo que hace Madrid cuando se trata de una institución de autogobierno". Ha señalado, además, que que todos los informes del CES "se leen con atención y respeto", aunque otra cosa es que se asuman, dado que no son vinculantes, como ha ocurrido con la ordenación del territorio, que sigue en su proceso de tramitación al margen de lo que pase con la reforma nacional.