La autonomía en busca de justificación

Este lunes se cumplen 30 años de vigencia del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Los castellanoleoneses, si es que tal cosa existe, fuimos los últimos en llegar al "café para todos" y, quizás por eso, nunca fuimos muy cafeteros en esto del sentimiento autonómico. Ahora, la crisis, este tsunami que está arrasando con todo, parece que quiere arrasar también con la escasa confianza que habíamos ido depositando en el sistema autonómico en su conjunto y en nuestras instituciones regionales en particular. Un sentimiento de desapego quizás comprensible, si bien totalmente injustificado si nos atenemos a criterios racionales. 

Ni voy a ser de los que afirman que el Estado de las Autonomías ha supuesto un éxito espectacular, ni de los que le culpan de todos los males del país. En su conjunto, creo que este sistema tiene más luces que sombras. Por lo pronto, ha permitido encauzar en términos bastante civilizados el problema secular de articulación territorial que ha desgarrado nuestro país provocando que, desde el siglo XVIII, los españoles nos hayamos matado entre nosotros con una trágica regularidad. Pero no solo eso, es indudable que en términos de cohesión social y económica, la evolución de las tres últimas décadas ha sido muy positiva. Por supuesto, también hay aspectos que deben ser repensados o corregidos -y parece lo más lógico que la reformas que se emprendan lo sean en clave federal-, pero siempre partiendo de no cuestionar el modelo en su conjunto.

Si los datos objetivos muestran que el proceso autonómico ha sido, globalmente, positivo, ¿por qué los ciudadanos de Castilla y León seguimos siendo los menos entusiastas o los más escépticos a la hora de reconocerlo? La pregunta es pertinente y la respuesta puede resumirse en el célebre dicho popular según el cual "cada uno habla de la feria según le va en ella".

¿Y cómo le ha ido a Castilla y León en la feria autonómica? Pues no muy bien. El principal signo de que esto es así es que la gente se nos va. No hay estadística más fatídica que la de la población. Buceando por Internet, encontré un artículo de Fernando Jáuregui, publicado en El País, el 27 de abril de 1983, en el que hablaba de la "sangría humana" como el mal histórico de Castilla y León, destacando que con casi la quinta parte del territorio nacional, su población no llegase al 7% del total de España. Pues bien, ahora está en el 5,38%. Si Castilla y León fuera una empresa, podríamos decir que lleva estos últimos 30 años en un ERE permanente, sin un plan de viabilidad y malviviendo de las subvenciones publicas. En estas condiciones, no es de extrañar que no haya ningún entusiasmo por lo que significa la autonomía.

Y, sin embargo, es precisa y únicamente la autonomía la que nos puede sacar de este agujero, pues nadie va a venir a rescatarnos si no nos rescatamos nosotros mismos. Pero la autonomía de verdad, la que ofrece un plan de futuro a largo plazo y no un plan de subvenciones para ir trampeando, la que trabaja por la cohesión interna y no fomenta los enfrentamientos estériles entre provincianismos de baja altura, la que cree en la innovación, o sea, en las nuevas ideas, y no se limita a reproducir los viejos clichés. La autonomía ejercida "en serio", como deseo y capacidad de gobernarnos a nosotros mismos y de buscar soluciones adaptadas a nuestra realidad, no como ejercicio de victimismo o simple emulación de los otros.

En 2007 se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía y a día de hoy muchas de sus previsiones siguen siendo letra muerta. Algunos dicen que la reforma no sirvió para nada, que fue una maniobra propagandística más orquestada desde el Ala Oeste del Palacio de la Asunción. Es posible que sea verdad. Es posible también que la cruda realidad de la crisis, como esas heladas primaverales que tan bien conocemos en estas tierras, haya acabado con las escasas esperanzas que nacieron de aquel texto. Yo no lo creo así y espero que mi visión no esté nublada por la subjetividad, pues en mi etapa como parlamentario trabajé en esa reforma y me impliqué hasta el fondo en ella. En mi opinión, que el texto estatutario no haya desarrollado todas sus potencialidades, que los derechos recogidos en el mismo sigan siendo en buena medida "derechos de papel", no es algo que sea achacable al nuevo Estatuto en sí, sino más bien a los que han estado encargados de materializarlo desde el gobierno o de exigir esa materialización, desde la oposición. Un Estatuto, al igual que una Constitución, es una norma que en muchos casos solo puede establecer principios que luego deber ser desarrollados por quienes legislan y gobiernan. El Estatuto llega hasta donde llega, su función es fijar unas reglas del juego y un marco general para ese juego, no un programa de gobierno concreto.

Me preguntaba un periodista -y, sin embargo, amigo- cuál es el reto más importante que afronta la comunidad autónoma de Castilla y León desde el punto de vista político-institucional. Mi respuesta fue que ese reto en la situación actual no es otro que el de justificar su existencia, su propia razón de ser. ¿Cómo? Demostrando que esta comunidad puede tener un proyecto de futuro, demostrando que puede existir un verdadero liderazgo político, no solo una gestión gris de unas cuantas competencias. En Castilla y León, para nuestra desgracia, hemos tenido muchos (y casi siempre mediocres) gestores y muy pocos gobernantes que hayan demostrado esa capacidad de liderazgo. Unos, porque nunca se han creído de verdad la autonomía y la han utilizado solo para tejer sus redes clientelares o como trampolín para sus aspiraciones políticas nacionales, otros, porque han hecho de perder elecciones su medio de vida y sus aspiraciones se reducen a mantener su pequeña parcelita.

Es la hora, por tanto, de buscar ese liderazgo. No solo para salir de la crisis, sino también para saber qué queremos ser como comunidad. O si no, que el último apague la luz.

Óscar Sánchez Muñoz. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y Ponente de la última reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León