El Constitucional avala el envío de los 'papeles de Salamanca' a Cataluña

El Tribunal Constitucional ha resuelto desestimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León contra la Ley del 18 de noviembre de 2005 a través de la que cual se establecía la devolución de fondos documentales procedentes del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca a la Generalitat de Cataluña.   

La Junta presentó este recurso en diciembre de 2005 por entender que la salida del Archivo General de la Guerra Civil Española de una cantidad tal de documentos, tanto aquellos incautados en Cataluña como en el resto de comunidades autónomas que lo solicitasen, privaba al centro archivístico del destino y utilidad que le corresponde y se perturbaba el cumplimiento de su función social, constituyendo ello un supuesto de expoliación de acuerdo con la definición del mismo que se hace en el artículo 4 de la Ley del Patrimonio Histórico que se consideró constitucional por este Tribunal en la STC 17/1991, de 31 de enero.   

Sin embargo, siete años después, el Constitucional, en su sentencia, se muestra categórico al rechazar que tal traslado suponga una expoliación prohibida por la Constitución, pues "la protección del interés de los propietarios originarios o de sus sucesores de recuperar lo que en su día les fue incautado, que se promueve con la restitución legalmente prevista, constituye un interés constitucionalmente legítimo, y, por tanto, se puede considerar por el legislador que resulta preminente, en su caso, frente a otros intereses concurrentes de acuerdo con el margen de apreciación que le corresponde", informa ep.   

Pero el Constitucional no sólo descarta que nos encontremos ante una privación arbitraria o irracional de la finalidad que cumple el Archivo, sino que entiende que la Junta de Castilla y León no ha acreditado que se produzca una privación de la finalidad que cumple dicho centro museístico.   

Al respecto, recuerda que la propia recurrente en su escrito de demanda aceptaba la legitimidad de la devolución de la documentación generada por la Generalidad entre 1932 y 1939, y, en cambio, ponía en cuestión la devolución del resto de documentos a las demás personas físicas o jurídicas. 

Copias digitalizadas   

"Parece considerar que es la cantidad de documentos devueltos lo que constituye una expoliación al privar al Archivo del destino y utilidad que le corresponde. Sin embargo, la recurrente no acredita, como le correspondería, que deje de cumplirse la función social del Archivo con la devolución de los originales y la conservación de una copia de los mismos", advierte el Constitucional.   

Éste, por ello, rechaza que la restitución de los documentos y efectos incautados no respete, en sí misma, la función social fundamental que cumple el Archivo General de la Guerra Civil, "al no haber quedado acreditado que tal función, en el caso de un archivo tan peculiar como éste, que integra entre sus fondos aquella documentación incautada a personas naturales y jurídicas con una finalidad represiva" no se garantice suficientemente a través de la posibilidad de consultar el contenido material de la documentación.   

De hecho, apostilla en su fallo el tribunal, tal posibilidad se salvaguarda con la obligación de que se realicen copias digitalizadas de los documentos restituidos prevista, para el caso de la documentación que debe ser restituida a través de la Generalidad, en el artículo 3.2 de la Ley 21/2005 aquí impugnada.    

En el caso de un Archivo sobre la Guerra Civil, que reúne entre sus fondos documentos incautados a personas naturales y jurídicas, la sentencia advierte de que "es el contenido de tales documentos lo trascendental y no el soporte del documento mismo", con lo que la finalidad y función fundamental del Archivo -la de reunir, conservar y disponer sus fondos documentales para investigación, cultura e información- parece salvaguardarse tanto con la conservación del contenido documental mediante la realización de copias como con el establecimiento de obligaciones de protección y accesibilidad que se establecen para los documentos que se restituyan a sus propietarios originarios en las normas del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre patrimonio histórico.      

Entre ellas, subraya la de "conservarlos íntegramente y no desmembrar los fondos sin autorización previa del Departamento de Cultura" o la de "permitir el acceso a los mismos a las personas que acrediten documentalmente la condición de investigadoras". 

Reparar consecuencias del conflicto civil  
 El tribunal sentenciador considera que la integridad funcional no significa necesariamente el mantenimiento de los documentos originales en el Archivo, pues, en este concreto caso, el legislador, en uso del margen de apreciación que constitucionalmente le corresponde, ha considerado que tal circunstancia "debe decaer frente al legítimo interés en reparar algunas de las consecuencias del conflicto civil".   

Sentadas tales premisas, el Constitucional elude pronunciarse sobre  la oportunidad del mantenimiento de los documentos originales en el archivo frente a la restitución de los fondos documentales incautados a sus propietarios originales.    

Al respecto, apunta que tal decisión le corresponde adoptarla al legislador, sin que se pueda considerar que la adopción de una decisión en un sentido u otro suponga una contravención de la Constitución.   

"Corresponde al legislador ponderar los intereses en conflicto, pudiendo, como en este caso, privilegiar la reparación de las consecuencias de la Guerra Civil y la protección del interés de los propietarios originarios o de sus sucesores de recuperar lo que en su día les fue incautado, frente a una defensa a ultranza de la permanencia de los documentos originales en este concreto Archivo", apostilla la sentencia, que tampoco considera ocioso reiterar que toda opción legislativa, "por discutible que para algunos pueda ser, resulta admisible desde el punto de vista constitucional siempre que respete las reglas que la Constitución establece".

Reacción del Ejecutivo regional

Por su parte, el secretario general de la Consejería de Cultura, José Rodríguez Sanz-Pastor, ha asegurado que la Junta de Castilla y León leerá "con detalle" el fallo del Tribunal Constitucional, al tiempo que ha garantizado que "se acatará" y se exigirá el cumplimiento "riguroso" de la normativa sobre el envío de documentos.   

Rodríguez Sanz-Pastor, que ha realizado estas declaraciones durante su visita al expositor de Castilla y León en Fitur, ha señalado que por el momento la Administración regional no ha recibido una notificación oficial sobre el fallo, no obstante ha garantizado que el Ejecutivo regional leerá "con detalle" la sentencia.   

"Una sentencia del Tribunal Constitucional se acata y se cumple, es lo que puedo avanzar", ha manifestado el secretario general de la Consejería, quien ha considerado "normal" que ante una determinada normativa haya "argumentos y opiniones encontradas".   

Asimismo, Rodríguez Sanz-Pastor ha insistido en que impugnar una Ley estatal "desde el punto de vista formal es muy complicado". "Una Ley destroza toda una biblioteca jurídica", ha señalado.   

Por último, el secretario general de la Consejería de Cultura ha avanzado que habrá que analizar el cumplimiento de la Ley estatal sobre la salida. "Lo que se ha considerado desde distintos estamentos  es que  no se cumplía la propia Ley y exigiremos el cumplimiento riguroso de la Ley", ha concluido.

"Perdón" por "engañar" a los ciudadanos 


El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Julio Villarrubia, ha mostrado su "respeto" por la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso de la Junta y ha pedido que el PP y el Gobierno regional pidan "perdón" por "engañar" a los ciudadanos.

Villarrubia ha pedido que "hablen" quienes "arremetieron" contra el PSOE, puesto que el traslado de documentos "no ha significado ni disminuir las competencias ni el contenido" del Archivo de Salamanca.   

En un acto en Ávila, el líder de los socialistas castellanoleoneses ha pedido a la Junta que "deje de gastar con tanta alegría" el dinero público, que es "de todos los ciudadanos", en motivos como éste, cuando además "no tenían razón" y "hay cosas más graves por las que preocuparse".   

Por ello, ha insistido en que deberían "pedir disculpas" tanto al PSOE como a los ciudadanos, al considerar que en este asunto "han sido engañados".   

Villarrubia ha participado esta tarde en una reunión con militantes de la agrupación local de la capital abulense, que recientemente eligió a Yolanda Vázquez, portavoz municipal, como responsable.