Nuclenor estima que con los nuevos impuestos mantener Garoña supondría pérdidas de 96 millones hasta 2019

La empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, estima que la aplicación de la nueva fiscalidad y las inversiones para mantener abierta la planta provocarían pérdidas de 96 millones de euros si siguieran operando hasta 2019.

En el caso de que la planta operara hasta el 6 de julio de 2013, el gasto equivaldría a 1,5 veces los ingresos previstos, explica la empresa en un comunicado, en el que asegura que la aplicación de los nuevos impuestos deja a Nuclenor "fuera de mercado" y obliga al cierre anticipado de la planta en 2012.

Las nuevas tasas nucleares supondrían para Garoña un extra-coste medio de 16 euros por cada megavatio/hora producido; es decir, un incremento del 27 % sobre el coste medio de generación.

Nuclenor detalla que, según el proyecto de Ley, las tasas que Nuclenor debería abonar si optara por apurar su funcionamiento hasta el 6 de julio de 2013 serían de un 7 % por generación eléctrica, lo que equivale a 7,4 millones de euros y una tasa de 2.190 euros por kilo de uranio que se extraiga del reactor, lo que sumaría 153,2 millones más.

La suma de estos impuestos, junto con 0,4 millones por generación de residuos de media y baja actividad, supone 161 millones de euros, lo que equivale a 1,5 veces los ingresos previstos por la venta de energía en 2013.

La empresa recuerda que, en su recurso ante la Audiencia Nacional en 2009, Nuclenor planteaba un lucro cesante de algo más de 950 millones de euros en un escenario de operación hasta 2029.

Para el horizonte de operación hasta 2019 el lucro cesante ascendía a 385,6 millones de euros, aunque en la situación actual, de caída de la demanda y precios de mercado, las previsiones "se reducen significativamente".

Nuclenor apunta también que el impacto total de los nuevos impuestos, según el proyecto de ley en tramitación, en los seis años y medio de operación restante hasta 2019, sería de 374 millones de euros.

Si a esta cantidad se suman las mayores inversiones como consecuencia de las pruebas de resistencia y las modificaciones desde 2009 de los precios de mercado, peajes, tasas, entre otras, se alcanzaría un extracoste aproximado de 480 millones de euros, lo que representaría 96 millones de euros de pérdidas.