La Junta recorta en 2,8 el gasto del CES, el Procurador del Común y los consejos Consultivo y de Cuentas

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el anteproyecto de ley por el que se modifican la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad con el objetivo de ganar en eficiencia y ahorrar  2,8 millones de euros a partir de las novedades que se introducirán en el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas.

Según ha explicado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, las modificaciones incluidas garantizan el mantenimiento de la autonomía en el desempeño de sus funciones y la ampliación de estas, la unificación de aspectos administrativos en aras de una mayor eficiencia -por ejemplo, disponer de una única secretaría general para todas las instituciones- y, como consecuencia de todo ello, un ahorro presupuestario de 2,8 millones de euros.

Este ahorro supone un 23,28 % del coste total presupuestado para las instituciones propias, y que para el año 2013 será de 12.200.126 euros. En el periodo de elaboración del anteproyecto de ley, las instituciones han tenido oportunidad de trasladar sus sugerencias a la Consejería de la Presidencia.

Una secretaría general común para las cuatro

Se crea, en las Cortes, una secretaría general de las instituciones propias, bajo la dependencia de su Presidencia, y esta será competente en el nombramiento del titular de la secretaría. Desempeñará, según el anteproyecto de ley, las funciones de gestión de material necesarias para el funcionamiento ordinario de las cuatro instituciones en materia de personal, régimen interior, contratación, gestión económica y presupuestaria, asesoramiento jurídico, intervención, fiscalización y contabilización. Será la Presidencia de las Cortes el órgano de contratación para los contratos comunes a dos o más instituciones; los de presupuesto igual o superior a dos millones de euros; o la contratación de estudios o trabajos técnicos.

El anteproyecto de ley también recoge aspectos referentes a la reducción del plazo de emisión de los informes, de 30 a 20 días, tanto para el Consejo Económico y Social como el Consejo Consultivo. Igualmente es reseñable que de los seis miembros del CES que actualmente nombra la Junta, el Gobierno autonómico pasará a designar solo cuatro y los dos restantes serán nombrados por las Cortes.

Los presidentes de las instituciones propias podrán desempeñar sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial, se establece el régimen de incompatibilidades y retribuciones en ambos supuestos. Si la dedicación es exclusiva, las retribuciones serán las mismas que reciben ahora; en el supuesto de dedicación parcial, serán la tercera parte de las retribuciones de un secretario general de la Junta.

Dos mandatos como máximo

Los presidentes de las cuatro instituciones podrán desempeñar su cargo por un máximo de dos mandatos; hasta ahora solo el Procurador del Común tenía establecido este límite, que ahora se extiende a las otras tres instituciones.

Los presupuestos del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social pasan a ser una sección dentro del presupuesto de las Cortes, igual que sucede en la actualidad para el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas. El nombramiento de los miembros del CES y su presidente, así como el nombramiento de los consejeros del Consultivo y su presidente, se realizará por las Cortes, en lugar de por decreto, como sucedía hasta ahora.
Ampliación de funciones de las instituciones propias

La aprobación de este anteproyecto de ley presenta algunas novedades referentes a la ampliación de las funciones de las instituciones propias. A partir de ahora, el Consejo Económico y Social -entre otras cuestiones- también tendrá conocimiento de las proposiciones de ley y las iniciativas legislativas populares que regulen materias socioeconómicas y laborales siempre que las Cortes lo consideren oportuno.

Otra novedad es la creación de un grupo de enlace con la sociedad civil organizada, de modo que organizaciones que hasta ahora no tienen representación en el CES -como protección a la infancia, familia, juventud, mujer, mayores, discapacitados o inmigrantes- puedan tenerla en esta institución, sin coste adicional.
En aplicación del principio de eficiencia, también se modifican algunas funciones del Consejo Consultivo. Así, los expedientes de responsabilidad patrimonial sólo requerirán de dictamen del consultivo si superan los 50.000 euros; hasta ahora, esta institución es consultada en todos aquellos expedientes que superan la cuantía de 1.000 euros. A su vez, las transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Junta solo requerirán de dictamen cuando superen los 500.000 euros; hasta ahora, el Consultivo debe dictaminar todos y ello supone una demora en las transacciones y, como consecuencia, que se impida un acuerdo que suponga un beneficio para la Comunidad.

Según el nuevo anteproyecto de ley, el Consejo Consultivo dictaminará los acuerdos de colaboración dirigidos a acciones de proyección exterior de la Comunidad, a propuesta del propio consejo. Y también podrá elaborar propuestas legislativas que la Junta le encomiende, atendiendo a los objetivos, criterios y límites señalados por la Administración autonómica.

El anteproyecto de ley profundiza en el deber de colaboración con el Consejo de Cuentas, pudiendo llegar a la imposición de multas coercitivas, delimitando quiénes son los sujetos obligados así como las consecuencias de no cumplir los requerimientos.

A las Cortes

El Anteproyecto de Ley por el que se modifican la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad será publicado en el espacio de participación, ubicado en el Portal de Gobierno Abierto de la página web de la Junta de Castilla y León. Hasta el 11 de enero, todos los ciudadanos podrán formular propuestas, comentarios o sugerencias. También se dará audiencia a las cuatro instituciones y el Consejo Consultivo deberá realizar su propio dictamen para pasar en febrero al Parlamento regional donde se tramitará por el procedimiento de urgencia.