Fatiga constitucional

La crisis económica aflora una fatiga de la Constitución de 1978, que venía fraguándose al fuego lento del tiempo, los malos usos y los abusos.

Cada generación política tiene entre sus responsabilidades la de garantizar las reglas de juego para la convivencia ciudadana y el diálogo entre los adversarios con un horizonte de al menos otras dos generaciones.  Los actores de la transición democrática lo hicieron bien y aquel proceso es motivo de orgullo para más del 70 % de la ciudadanía, sobre todo para quienes por su edad conocieron la dictadura y llevan engramada en su propia biografía aquellos tiempos de lucha, de generosidad y de cambio.

Los españoles no leen la Constitución, pero reconocen que su espíritu es la libertad y su valor la práctica del diálogo y el acuerdo. De hecho la libertad de expresión, el derecho a decir lo que uno piensa, es hoy la virtud más reconocida de la democracia. 

La fatiga constitucional se acusa cuando vemos que también alcanza casi el 70% la proporción de españoles que se muestra insatisfecho con el funcionamiento de la democracia, sobre todo cuando la comparan con otras democracias europeas. Pero la democracia no se cuestiona. Se valora por encima de cualquier otra opción de gobierno por casi el 80 % de la ciudadanía, aunque hay un 12 % de indiferentes y un 6 % que preferiría una forma de gobierno autoritario. Nuestro sistema de convivencia se valora más por los mayores y por quiénes tienen mayor nivel de estudios. Éstos y los jóvenes son más críticos y a la vez más exigentes.

Sin duda, la primera fuente de fatiga constitucional es la incapacidad de las instituciones para proteger a la ciudadanía de los efectos de la crisis económica, bien porque la globalización haya puesto las decisiones fuera de su alcance, como en el caso de la regulación de los movimientos y productos financieros o los paraísos fiscales, bien porque muestran una insensibilidad de hielo con los derechos humanos y una espantosa receptividad a las presiones de los poderosos, como ocurre con el rescate de los bancos o la tolerancia con el fraude fiscal, mientras se abandona a las familias y los recortes de derechos sociales dejan desnuda la condición política de ciudadano y la aspiración irrenunciable a la igualdad. La reforma express  del artículo 135, de septiembre de 2011, postergando los derechos sociales a la "prioridad absoluta" del pago de la deuda es un escándalo constitucional difícil de digerir socialmente.

Tampoco es ajena a este agotamiento del modelo constitucional la clase política, como casta corporativa con intereses, modos y habla propios, ajenos a la  gente común, con independencia de su adscripción política. Este agotamiento afecta sobre todo a los partidos mayoritarios, que han dado estabilidad política a nuestra democracia, y que ahora son percibidos como instituciones cerradas y ajenas, orientadas prioritariamente a la sindicación de intereses de la clase política que encuadran, percibida como problema por el 30 % de sus representados.

Los escándalos, corruptelas y corrupciones -desde la incompetencia al abuso de poder o el latrocinio- que han afectado a la monarquía, el poder judicial, legislativo y ejecutivo, a las organizaciones empresariales y otros notables del espectro mediático, que afortunadamente conocemos gracias a la libertad de expresión, son más insoportables cuando se predica austeridad, se obliga a sacrificios injustificados  y se somete al empobrecimiento a amplias capas sociales.

El modelo territorial del Estado, aún abierto en la Constitución, es también fuente de fatiga. Se ha manoseado hasta la saciedad por el PP y los nacionalistas para ocultar el debate social y obtener beneficios electorales por la  polarización del discurso político en torno al eje territorial: centralismo versus independencia. Hoy  el 33 % quieren las cosas como están en esta materia, el 38 % menos Estado de las autonomías y el 22 % más.

Ha sido objeto de ataques deliberados por grupos de presión empresarial y centros de pensamiento de la derecha, hasta convertir a las Comunidades Autónomas en el chivo expiatorio de la crisis. Se pone en cuestión al gestor público del Estado de bienestar para justificar la privatización de los servicios que puedan contar con demanda solvente en el mercado.

La banalización del discurso político, reducido a titulares y ocurrencias, por la  connivencia entre medios y políticos de profesión, también ha tenido su alcance en el deterioro de la cultura política ciudadana.

En el ámbito de los medios, la crisis actual ha facilitado que la gerencia se imponga sobre la redacción y la captación de recursos y subvenciones sobre la independencia informativa. Es el periodismo de trinchera, que polariza la opinión pública y deteriora el espacio público compartido.

Finalmente, este Gobierno del PP está inaugurando una etapa política inédita en este periodo constitucional: el empeño en su programa máximo, de espaldas  por completo al programa electoral, con la coartada de la crisis -los recortes- o sin ella -la reforma educativa-. Se trata de una ruptura radical con el modelo constitucional fundado en el realismo político y la renuncia parcial de todos, en la convicción de que todos -aún los que más cedemos- ganamos más en el acuerdo que en el desacuerdo.

La reforma constitucional es la deuda de los políticos de hoy con las generaciones futuras. Es también una oportunidad para encontrarse con sus representados, que exigen acabar con la clase política y volver a los políticos de clase que, sin renunciar a lo que representan, buscan en el encuentro el interés general. La ciudadanía ya está experimentando que no puede darse nada por ganado en materia de derechos sociales. Lo mismo cabe decir de las libertades. Lo que no se defiende se pierde y lo que no se renueva, se muere.

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Nota: Los datos demoscópicos que se citan proceden del avance de resultados del Barómetro del CIS de noviembre de 2012. 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2012/Documentacion_2966.html