García Nieto advierte que la paga de Navidad "está terminantemente prohibida por Ley" y hay que inmovilizar la partida

El presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, ha recalcado este miércoles que la paga de Navidad está "terminantemente prohibida" por ley y que existe obligatoriedad de inmovilizar la partida.

García Nieto, quien ha firmado un protocolo para desarrollar el acuerdo básico en materia de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio con las nueve diputaciones y la Consejería de la Presidencia, ha recordado, a preguntas de los periodistas, que la paga está "terminantemente prohibida" con cargo a los Presupuestos de 2012, así como la disposición de esos fondos, que al no poder ser invertidos en otra cosa quedan "inmovilizados", informa Ep.

Con respecto a las de los años 2013, el alcalde de Ávila ha recordado que el Ministerio brinda libertad para pagarla cuando las instituciones quieran aunque, ha matizado, si se adelanta el pago de junio a enero tiene que ser en calidad de anticipo.

Ha aseverado, en este sentido, que no se puede pagar "ni un euro más del devengo" de los dos pagos extraordinarios de 2013.

Por otra parte, el Sindicato de Enfermería Satse ha exigido este miércoles a la Consejería de Hacienda que se pague la paga extraordinaria de Navidad a los empleados públicos de Castilla y León, concretamente a los profesionales sanitarios, al igual que se está planteando en comunidades como el País Vasco, Extremadura y Navarra, "de modo que no se discrimine en función del lugar de trabajo".

Satse ha aseverado que es necesario "que ese pago se produzca" en Castilla y León y especialmente a "los profesionales sanitarios", pues a lo largo del pasado verano "han sufridos recortes añadidos en sus nóminas que no han tenido otros empleados públicos de la Junta".

Asimismo, el sindicato considera que la Administración autonómica "debe tener en cuenta" que si se produce ese abono al igual que en otras comunidades, "se evitaría que se produjera una discriminación entre unos y otros empleados públicos" por el hecho de vivir y trabajar en una determinada comunidad autónoma.

Mientras tanto, UGT ha explicado este miércoles que la posibilidad de dividir las pagas extras de los empleados públicos de 2013 para adelantar parte de ellas en enero no supone "una consolidación" de las pagas "sino la aceptación de la pérdida definitiva de la extraordinaria" del próximo mes de diciembre.

El sindicato ha recordado que UGT interpuso una cuestión de inconstitucionalidad a dicha supresión al tiempo que ha exigido a la Junta que abone la extra de Navidad de 2012 como la van a abonar otras administraciones.

Por ello, desde UGT se ha acusado al sindicato CSIF--que es quien ha hecho la propuesta--, de estar en "clara connivencia con la Junta y el PP", para terminar con todos los derechos de los empleados públicos sustituirlos "con caridad".

Por ello, UGT ha manifestado que "no quiere limosnas" que "quiere justicia" al tiempo que ha explicado que si se hace efectiva esta supresión "no solo perderán los empleados públicos sino todo el comercio" de Castilla y León y retrasará "la salida de la crisis".