Los sindicatos acusan a la Junta de imponer unos "servicios máximos" para el 14-N

Representantes de los sindicatos convocantes de la huelga general fijada para el próximo día 14 de noviembre en contra de la política de recortes del Gobierno del PP han acusado hoy a la Junta de Castilla y León de "imponer" de forma unilateral unos "servicios máximos", en lugar de mínimos, para el personal dependiente de la Administración autonómica, que han sido cifrados en un 19,7 por ciento, dos puntos por debajo del 21,6 establecido en la anterior convocatoria.

"Es ya un clásico", han coincidido todos los representantes sindicales integrantes del comité de huelga a la hora de valorar los servicios mínimos fijados por la Administración autonómica, casualmente, tal y como ha advertido José Vicente Andrés, de CC.OO, la única, junto con Galicia, que no ha llegado a un acuerdo en la materia debido, fundamentalmente, a su obstinación de negociar globalmente en lugar de hacerlo de forma sectorializada.

Ello, según De Andrés, hace imposible alcanzar un acuerdo, algo que sí se podría logar al menos por sectores si éstos se genociaran de forma individual, como en el caso del transporte, donde se ha llegado alcanzar un acuerdo en el ámbito nacional que fija los servicios mínimos en un 30 por ciento, frente al 50 impuesto en Castilla y León.

"La Junta actúa de forma torpe e impide con ello llegar a acuerdos puntuales", ha reiterado el sindicalista, quien ha incidido en que la Administración regional invade incluso competencias que no le corresponden cuando impone también servicios mínimos a empresas privadas que trabajan para ella, incluidas las de seguridad privada, ámbito en el que el competente sería el Ministerio del Interior.

Por ello, los sindicatos exigen a la Junta un nuevo modelo de negociación de los servicios mínimos tras comprobar en los dos últimos años y por tercera vez consecutiva que "cercena cualquier posibilidad de acuerdo, algo que, desde luego, no va a conseguir una desmovilización de los trabajadores", advierte De Andrés, que, al igual que el resto de sindicalistas, entiende que no ha habido una verdadera mesa de negociación sino una mera "mesa informativa", informa ep.

En sus críticas hacia los servicios fijados por la Junta, los sindicalistas han puesto el énfasis en el sector sanitario, donde 12.400 de los 26.000 trabajadores de Sacyl no podrán ejercer su derecho a la huelga, y en el educativo, con casos específicos como el Centro Zambrana, en el que "se mantiene el personal como si estuviera a tope de ocupación", tal y como ha denunciado Tómas Pérez, de FSP-UGT, aunque también en este último ámbito Pedro Escolar, de Stecyl, asegura que el personal docente en el medio rural tendrá muchas dificultades a la hora de sumarse a la movilización.

Una huelga de consumo

En su comparecencia ante los medios, los integrantes del comité de huelga han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que la huelga no sea sólo laboral sino también social, y en este sentido han instado igualmente al pequeño comercio a que secunde la convocatoria y mantenga sus persianas cerradas.

Aun cuando el sector ha advertido de las graves consecuencias económicas que ello supondría, los sindicatos, en palabras de Tomás Pérez, de FSP-UGT, les ha pedido que tengan en cuenta que si persisten los recortes y los despidos "puede que el consumo no sólo descienda el día de la huelga sino también el 15, el 16, el 17...Es mejor que un día se consuma menos para que en el futuro se consuma más", ha sentenciado.