La Junta modificará las convocatorias de oferta pública de empleo para cubrir el 10% reservado a personas discapacitadas

La Junta de Castilla y León modificará su modelo de convocatoria de oferta pública con el fin de garantizar la cobertura del diez por ciento de plazas reservado en la misma a personas discapacitadas, al tiempo que seguirá manteniendo su programa de contratación temporal de este colectivo en la Administración autonómica a fin de los beneficiarios adquieran la experiencia y conocimientos que contribuyan a su futura inserción en el mercado laboral.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, durante la firma del convenio que, junto con la titular de Hacienda, Milagros Marcos, ha suscrito con el vicepresidente del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (Cermi), Francisco Sardón, y que prorroga por dos años más uno anterior que permite a personas con determinadas discapacidades acceder, de forma excepcional, a puestos no permanentes en la Administración regional, informa Ep.

La consejera de Familia ha justificado la renovación del convenio en el objetivo de facilitar al colectivo de discapacitados--en Castilla y León lo componen 155.000 personas--"el máximo de autonomía personal, que pasa necesariamente por acceder a un puesto de trabajo", algo que, según ha reconocido, no garantiza el actual modelo de convocatoria de oferta pública de empleo por cuanto la experiencia ha demostrado que no se cubría ese 10 por ciento de plazas reservado a ellos.

Aun cuando las convocatorias permanecen congeladas, a la espera de que cambie la actual situación económica, Marcos ha adelantado que el modelo será modificado y que el mismo se complementará con la facilitación de prácticas dentro de la Administración regional, en la que ya trabajan con un empleo estable 240 personas discapacitadas.

En este último contexto se enmarca el primer Programa Experimental para el Acceso al Empleo Temporal hoy prorrogado hasta diciembre de 2013 finalizó en abril de 2012 y propició la inserción de seis personas, con una discapacidad superior al 33 % o cuya discapacidad les impedía trabajar a tiempo completo, en la categoría de auxiliares administrativos, lo que les permitió ejercer esta labor durante un año en las áreas de Presidencia, Familia y Función Pública.

El segundo programa experimental, amparado desde hoy por la renovación del acuerdo de 2010, posibilitará la contratación este año de otras tres personas con discapacidad en distintas dependencias de la Junta, de los que dos serán auxiliares administrativos y uno ordenanza. Trabajarán durante un periodo de seis meses, ampliable como máximo a otros seis, en tareas de apoyo administrativo, como la ordenación de documentación, archivo y registros, entre otras.

Durante la firma del convenio, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha calificado de "muy satisfactorio" el trabajo realizado por las seis personas objeto del primer programa, con nota incluso por encima del resto cuando se trata de tareas repetitivas o mecánicas. "Uno de los trabajadores era una persona con parálisis cerebral que me impresionó por la buena labor desarrollada", ha confesado la consejera.

Un ejemplo

Por su parte, el vicepresidente del Cermi, Francisco Sardón, ha reconocido la "apuesta" de la Junta por la integración laboral del colectivo de discapacitados, sobre todo en un momento tan delicado en el que los discapacitados, sobre todo personas con síndrome de Down, autistas o con parálisis cerebral, tal y como ha apuntado, cuentan todavía con más obstáculos para acceder a un puesto de trabajo.

En este sentido, Sardón ha aprovechado para expresar su deseo de que el ejemplo de la Junta cunda igualmente en el mundo de la empresa privada. "Castilla y León tiene que ser ejemplo para la contratación de discapacitados, que son iguales e incluso más eficaces y productivos que otros trabajadores", ha enfatizado el representante del Cermi.

La Consejería de Hacienda ha sido la responsable de impulsar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de los dos programas experimentales que se han aprobado hasta ahora. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por su parte, presta asesoramiento técnico para la mejor integración laboral de las personas con discapacidad que participan en la iniciativa.

Además, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, realiza informes sobre la idoneidad de los diferentes programas propuestos y facilita información a las distintas consejerías y organismos autónomos. Una vez finalizada la actividad, colaborará en la evaluación de los resultados desde el punto de vista de la igualdad de trato y de la inserción sociolaboral.

Junto a esto, ambas consejerías promoverán acciones coordinadas de información y de sensibilización de los empleados públicos para que contribuyan a la adaptación laboral de las personas con discapacidad que participen en el programa.

El Cermi de Castilla y León, como plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos castellanos y leoneses con discapacidad, se encarga de proponer la asociación o asociaciones que participen en este nuevo programa experimental.

Dicho comité está formado por las organizaciones y federaciones regionales más representativas, integrando su Comité Ejecutivo las siguientes: ASPACE Castilla y León, Federación de Autismo de Castilla y León, DOWN Castilla y León, FAPAS Castilla y León, FAPSCL, FEAFES Castilla y León, FEAPS Castilla y León, ONCE y PREDIF Castilla y León.