Conjura a favor del empleo

Después de leer el informe de la EPA correspondiente al tercer trimestre de este año, a la vista del dramatismo de las cifras, parece evidente que la generación de empleo es el primer objetivo y el gran reto a batir. No sólo por parte de los responsables políticos, sino de todos cuantos tienen alguna posibilidad de contribuir actualmente a la creación de puestos de trabajo en Castilla y León, en cada una de sus nueve provincias, en cada una de sus localidades. El empleo es, o debería ser al menos, el común denominador de todas y cada una de las iniciativas del Gobierno autonómico, de las corporaciones locales, de las organizaciones empresariales, de los sindicatos, de los colectivos culturales y sociales... ¿Pero es realmente ésta la primera motivación de cuantas iniciativas se ponen en marcha?

La tozudez de los datos pone de manifiesto que desde que Castilla y León se subió al tren de los más de 80.000 desempleados en 1980, ya no ha logrado rebajar esa cifra. Ni siquiera en los años del esplendor de la burbuja (2007). Por el contrario, la Comunidad ha conseguido un nuevo récord: más de 227.000 personas sin empleo en septiembre pasado. En términos EPA, el número de personas en condiciones de trabajar, pero sin empleo, se ha multiplicado por 2,8 en los últimos cinco años: desde los 81.300 desempleados de enero de 2008 hasta los 227.100 de septiembre pasado (+180%). Y la tasa de paro se ha disparado del 7% al 19,1%.

Es cierto que, como se suele recordar desde el Gobierno autonómico, la tasa de paro en Castilla y León es cinco puntos inferior a la media nacional. Sí. De acuerdo. Pero las 227.100 personas sin empleo siguen ahí, con su drama personal y familiar diario, a la espera de una respuesta. Y si fuera posible, una respuesta inmediata.

En todo caso, ¿es el empleo el primer objetivo del Gobierno autonómico? Aparentemente, sí, claro. Los compromisos públicos del presidente y de los consejeros van en esa dirección. Aunque si se tiene en cuenta el reparto de los recursos públicos con los que previsiblemente contará la Junta en 2013, por ejemplo, surgen bastantes dudas. En realidad, el primer y casi único objetivo del Gobierno de Castilla y León es el mantenimiento de los servicios públicos.

Si la prioridad de la Junta fuese la generación de empleo, habría avanzado ya suficientemente en el imprescindible proceso de adelgazamiento de su propia estructura, habría liberado recursos para la inversión, no hubiera tenido que recurrir al incremento de la carga fiscal de las familias y de las empresas (que ahoga aún más su liquidez y sus posibilidades de gasto e inversión), habría desarrollado el enorme potencial que ofrece la colaboración público-privada, habría allanado y abaratado convenientemente los vericuetos burocráticos que deben recorrer empresarios y emprendedores... Habría liderado, en fin, una conjura general a favor del empleo, con el protocolo de estrategia general o de diálogo social, lo mismo da. Pero, eso sí, más audaz que el pacto de mínimos rubricado por Herrera y Villarrubia el 10 de octubre, ratificado horas después por el Diálogo Social (Junta, Cecale y sindicatos).

Habrá quien opine al respecto, con mucha sabiduría y gran sentido común, que los recursos de la Junta son muy limitados. Aún más. Sería una quimera pretender aislar a Castilla y León de la marea de esta crisis nacional e internacional. Cierto.

Ahora bien, las alternativas son escasas. O la Comunidad se deja llevar, como hasta ahora, emboscada entre los argumentos de la inanición, o pone pie en pared y activa responsablemente, audazmente, todo su potencial.

¿Cuál sería la situación actual si, al cabo de estos cinco años, la Junta hubiera reducido su estructura, por ejemplo, en un 20%? Pues que ahora contaría con más de mil millones de euros adicionales para invertir, que los gastos asociados a la deuda serían sensiblemente inferiores, que no hubiera sido preciso incrementar la carga fiscal... Que ahora podría dinamizar la economía productiva con una aportación estratégica global de casi 3.000 millones de euros (el 5,2% del PIB), además de fomentar directamente el empleo de cientos de empresas involucradas en la prestación de unos servicios públicos de calidad.

El ahorro conseguido en estos años por la Junta no se debe a la reducción de su coste de estructura (personal más gastos de funcionamiento), que ha aumentado sorprendentemente el 1,7%, sin incluir el incremento de los gastos financieros. Ha sido, fundamentalmente, como consecuencia de su renuncia a la inversión, cuyos capítulos han disminuido en 2.000 millones de euros. 

Es decir, si el presupuesto general de la Comunidad ha disminuido en algo más de 1.100 millones en los últimos cinco años (-10,4%), no se debe a un gran esfuerzo de ahorro, sino al desplome de la inversión, que ha permitido mantener el gasto corriente y el mayor coste del endeudamiento. Y así, claro, ni la Junta contribuye a dinamizar la economía, ni contribuye responsablemente a generar empleo, ni lidera conjura general alguna por el empleo.

Manuel Trapote. Periodista.