Dos acuerdos valiosos, a medio gas

No está nada mal. No. Dos inyecciones de moralina, como para demostrar quién marca los tiempos, antes de perder de nuevo la iniciativa bajo el tsunami de esta crisis que lo arrastra todo. El Gobierno autonómico ha querido dar señales de vida. Y lo ha conseguido. Otra cosa es que pueda mantener la iniciativa. Otra cosa serán los resultados. Pero la propuesta tiene su valor; y como tal debe considerarse.

El acuerdo Junta-PSOE (Herrera-Villarrubia) podría haber sido otro, como han apuntado algunos analistas. Quizá debió abrir la puerta a algún contenido más. Pero, dada la trayectoria y a la vista de la experiencia, más vale poco conocido que mucho por conocer. Que el Gobierno autonómico se haya garantizado el apoyo del principal partido de la oposición en los cinco puntos del acuerdo firmado la semana pasada, no es baladí. Es el reconocimiento expreso de que no hay otra salida: o el sector público gana en eficiencia, mengua y abarata su coste de funcionamiento, o de aquí no sale nadie.

Quizás había despertado expectativas más altas. Seguramente. Pero no es baladí, aunque sí tardío, que el Gobierno y el principal partido de la oposición hayan sacado del debate político asuntos de fondo tan importantes como la ordenación de los servicios públicos, el empleo o la racionalización del sector público empresarial. Sin embargo, tendrán que reconocer los firmantes que se han vuelto a quedar cortos: se esperaba algo más, sí.

De la lectura de este acuerdo, una vez eliminada la hojarasca (Procurador del Común y los consejos), la atención se centra en la cuestión importante, la que preocupa a la inmensa mayoría de los ciudadanos: el empleo. O mejor, la falta de empleo.

Para ello, hay que acudir al desarrollo del acuerdo Junta-PSOE, que lo firmaron 24 horas después el presidente de la Junta, el presidente de Cecale y los secretarios generales de CC.OO. y UGT. El resumen es el siguiente: el Gobierno autonómico se compromete a inyectar casi 125 millones en distintos programas que permitirán generar 22.000 empleos, aunque beneficiarán de una u otra manera (?) a unas 40.000 personas... Es decir, el total de la inversión adicional comprometida para 2013 permitiría sacar de las listas del Ecyl al 9,7% de las personas sin trabajo inscritas hasta finales del pasado mes de septiembre (225.000).

Desde el punto de vista político es, sin duda, un buen acuerdo. Es un éxito más de los logrados, hasta ahora, por la Consejería de Economía y Empleo, cuyo titular -Tomás Villanueva- se ha echado el Gobierno a la espalda en el periodo más crítico de la breve historia de la Comunidad. Ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Algo ha tenido que ver, por ejemplo, en temas tan importantes para la economía regional como la carga de trabajo en Renault, Nissan o Iveco, la expansión de los parques tecnológicos, la exitosa política de internacionalización o el desarrollo de la industria aeronáutica, entre otros muchos ejemplos.

Ahora bien, al margen de la intencionalidad política, sorprende que ni el Gobierno ni la organización empresarial -sobre todo ésta- no hayan puesto más el acento en el apoyo y el estímulo (o estímulos, como gusta decir en el Colegio de la Asunción) a la empresa. Es la pyme, precisamente, la que genera empleo en Castilla y León, no los ayuntamientos ni las universidades, ni otras instituciones públicas. 

Desde finales de 2007, Ávila y León han perdido más del 13% de su tejido empresarial; Salamanca y Segovia, más del 12%; Valladolid, más del 11%; Burgos, Zamora y Palencia, más del 9%; y Soria, casi un 5%. En total, el balance neto de Castilla y León arroja una pérdida de más de 9.000 empresas en cinco años escasos, además de la desaparición de 17.300 autónomos.

Y en tiempos de vacas famélicas, como éste, si un Gobierno quiere realmente contribuir a la tarea de generar empleo, no tiene más remedio que colaborar con quien crea empleo: la empresa y el autónomo.

Se podrá decir, como se dice, que tampoco la Administración autonómica está sobrada de recursos. Ya. Es evidente. Todo lo contrario. Y mal porvenir tiene quien, además, trata de seguir pagando su deuda con la tarjeta de crédito. Pero no se trata sólo de recursos públicos. Hay un abanico mucho más amplio que el reparto de ayudas. Si el Gobierno hiciera mejor sus deberes, podría centrar toda su sabiduría en elaborar una política fiscal innovadora y orientada de verdad al estímulo de la empresa y del emprendedor. Podría aplicar la audacia que ha demostrado tener con las diputaciones (peleará por la elección directa de los diputados provinciales) y potenciar mejor las vías de financiación de las empresas. Podría desarrollar las enormes potencialidades de las fórmulas público-privadas. Podría, en fin, culminar su lentísimo proceso de simplificación de trámites para facilitar (tiempo + dinero) la puesta en marcha de una empresa en Castilla y León.

Aunque, claro, quizás este tipo de cuestiones no figuran en la agenda del dialogo social.

Manuel Trapote. Periodista.