Empleados públicos de la Junta denuncian una "administración B" por el abuso de los puestos de libre designación

Un grupo de empleados públicos de la Junta de Castilla y León representantes de las nueve provincias han denunciado las "desorbitadas" restricciones del gasto público "impuestas" mientras se mantienen el "sector público paralelo" o "administración B" y el "abuso" de la figura administrativa de libre designación.

Estos funcionarios, aglutinados en la Plataforma por la Defensa de lo Público, ha mantenido este miércoles una reunión con el Procurador del Común para presentar un escrito avalado por más de 9.000 firmas de empleados públicos de la administración autonómica y en el que se contempla una lista con cinco denuncias y ocho peticiones que tienen como objetivo el ahorro y evitar los recortes "discriminatorios", informa Ep.

Han instado a que el Procurador del Común intervenga de forma "inmediata" y "contundente" ante la "proliferación y abuso" de la figura administrativa de libre designación para cubrir puestos que deben ser ocupados mediante el sistema de concurso ordinario así como los centenares puestos de asesores.

Un hecho que conlleva la supresión del derecho a ocuparlos a otros empleados públicos y, por tanto, a la promoción, movilidad o mejora de la carrera profesional de esas personas.

"En nuestra opinión este abuso engendra prevaricación, vulneración de derechos y corrupción, al elevar a los puestos mejor retribuidos a funcionarios afines al partido", especifica el escrito presentado este miércoles.

Según el portavoz de los funcionarios de León, Quinidio Martínez, la contratación de personas para los puestos de libre designación han oscilado entre los 15 y los 20 al día durante el mes de agosto.

En segundo lugar, también han denunciado que, mientras recortan en servicios básicos como sanidad y educación bajo la "coartada" de la crisis económica, se mantiene el 'sector público paralelo' o 'administración B', que en el caso de Castilla y León está integrada por más de 52 fundaciones, asociaciones u otros organismos que podrían ser gestionados por los propios funcionarios.

En tercer lugar, la Plataforma por la Defensa de lo Público ha puesto de manifiesto la "vulneración del derecho a concursar" a todas las plazas que no están ocupadas con destino definitivo, lo que "cercena" el derecho a la promoción y movilidad ""de miles de empleados públicos.

En cuarta instancia, estos representantes de los empleados públicos han criticado el "despilfarro" que supone el mantenimiento de locales alquilados en Castilla y León, mientras existen otros "sin uso o infrautilizados sin titularidad".

En quinto y último lugar, han resaltado que la sociedad ve reducidas líneas de ayuda o subvenciones mientras la Junta continúa financiando "costosas campañas de autopropaganda".

Solicitan el listado de puestos vacantes Ante todas estas denuncias, los respresentantes de los empleados públicos han solicitado hoy al Procurador del Común que exija a la Consejería de Hacienda el "listado completo" de los puestos de libre designación que hay en la Junta, con las especificaciones de los que están ocupados y vacantes; el listado de los puestos de asesores y la relación "completa" de los puestos de trabajo vacantes o que no están ocupados por un funcionario o estatutario.

Asimismo, piden el listado de los entes que integran el "sector público paralelo", la relación completa de los locales, edificios, dependencias y almacenes que están alquilados y la cuantía total imputable como gastos de los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 en campañas de publicidad, así como la cuantía abonada en concepto de gastos o indemnizaciones de los puestos de trabajo de cada consejería desde las jefaturas de servicio hasta los consejeros y el presidente.

También han solicitado los programas y aplicaciones informáticas que tiene contratadas la Junta así como el número de ciudadanos que "van a verse privados" de la tarjeta sanitaria como consecuencia de la reciente reforma.

Por todo ello, el escrito insta al Procurador del Común a "dar un paso afrente en la corresponsabilidad" para corregir el "desequilibrio" presupuestario y a que adapte las retribuciones de todo el personal de la Junta a las "generales" del personal funcionario de la provincia de León.