Los sueldos de los parlamentarios

La decisión de la presidenta de Castilla-La Mancha de suprimir los sueldos de los miembros del Parlamento de dicha comunidad ha reabierto un debate muy antiguo: ¿Deben tener sueldo nuestros representantes?

Por descontado que se trata de una decisión populista y tramposa. Por descontado que, viniendo de quien viene -una señora que ha llegado a percibir tres sueldos simultáneamente-, se trata de un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. No es necesario reincidir en este tipo de consideraciones. Sí quiero, en cambio, detenerme someramente en el debate de fondo y hacerlo huyendo de la demagogia que suele contaminar cualquier discusión serena sobre las retribuciones de los políticos.

En Castilla y León es éste un debate soterrado, que nadie se atreve a sacar a la luz, pero muy presente en los círculos políticos. A diferencia de los miembros de todos los demás parlamentos autonómicos (excepto el de La Rioja), los procuradores de las Cortes de Castilla y León nunca han tenido sueldo, lo que implica que nunca han tenido dedicación exclusiva a su labor parlamentaria. Para ser más exactos hay que decir que sí tienen sueldo los cinco miembros de la Mesa de las Cortes y hasta otros seis parlamentarios más de cada grupo (el portavoz, dos portavoces adjuntos, el secretario general del grupo y otros dos parlamentarios). Esto hace que, en esta legislatura, aproximadamente haya una cuarta parte de los parlamentarios con sueldo. El resto, los "procuradores de a pie" perciben una indemnización fija mensual de unos 800 euros (depende de las deducciones que practique cada partido) y dietas por asistencia a las sesiones del pleno, de las comisiones y de las ponencias a las que pertenezcan, más, en su caso, los gastos de desplazamiento. Eso significa unos ingresos mensuales medios de unos 1.500 euros netos, sin pagas extras, que no permiten a los procuradores que tienen un trabajo dedicarse en exclusividad a las labores parlamentarias, porque no les compensaría. Por consiguiente, los procuradores, por lo general, siguen manteniendo su puesto de trabajo (los que lo tienen) y lo compatibilizan con su actividad política.

Este sistema de dietas es el que funcionó, al principio, en los parlamentos de las comunidades que accedieron a la autonomía por la llamada "vía lenta", ya que, en ellas, las escasas competencias legislativas asumidas inicialmente no suponían una carga de trabajo suficiente como para justificar la dedicación exclusiva de los parlamentarios. De hecho, en los parlamentos cuyos Estatutos se redactaron conforme a lo previsto en el Pacto Autonómico de 1981 entre UCD y PSOE, basado en el llamado "Informe Enterría", el número de días de sesión hábiles estaba limitado a 120 cada año. Sin embargo, una vez reformados los Estatutos y alcanzado el mismo techo de autonomía en todas las comunidades, la actividad de los parlamentos creció y estas limitaciones dejaron de tener sentido, por lo que todos los parlamentos fueron pasando, uno a uno, al sistema de sueldo, excepto, como ya he dicho, los de Castilla y León y La Rioja.

En fin, es posible que en La Rioja esté justificado el mantenimiento del viejo sistema de dietas, pero en Castilla y León, donde muchos parlamentarios tienen que realizar grandes desplazamientos para acudir a las sesiones, este sistema tiene consecuencias muy negativas.

¿Quién puede dedicarse a la política en una situación así? En general, el sistema de dietas lleva a que casi todos los parlamentarios sean funcionarios, pues son los únicos que pueden pedir permiso en su puesto de trabajo para acudir a las sesiones parlamentarias sin que peligre su puesto de trabajo. Pero esto genera otros problemas y otros gastos. Por ejemplo, si el parlamentario es un médico, habrá que buscar un sustituto para atender a los pacientes los días que él no pueda, pero muchas veces eso no será posible, porque las sesiones a veces se convocan con escasa antelación. Si es un docente, no cabe prever sustituciones solo para horas dispersas, por lo que la carga de trabajo recaerá injustamente en los compañeros, además de producirse un perjuicio para los alumnos. Si, por casualidad, un profesional independiente -por ejemplo, un abogado- cometiese la temeridad de dedicarse a la política, no podrá atender bien a sus clientes y acabará perdiéndolos. Por descontado, un trabajador de una empresa privada normal no podrá ser parlamentario, porque ningún empresario estará dispuesto a soportar las continuas ausencias del puesto de trabajo. Por el mismo motivo, tampoco podrá dedicarse a la política ningún pequeño empresario. Pensemos además, que ese médico, ese docente o ese trabajador que tiene que pedir continuamente permisos para asistir a las sesiones de las Cortes, es posible que viva en Béjar, en Ponferrada, en Soria o en Miranda de Ebro.

¿Qué grado de dedicación tienen entonces los parlamentarios sin sueldo a sus funciones? Obviamente, el tiempo que dedica a sus funciones un parlamentario con dedicación exclusiva no puede ser nunca igual al que le dedica aquel otro que tiene, además, que cumplir con su trabajo habitual. En el mejor de los casos estaremos hablando de un 50% del tiempo. Obviamente, el parlamentario sin sueldo intentará acudir a todas las sesiones a las que sea convocado, porque si no lo hace, no percibirá sus dietas, pero el resto del trabajo parlamentario, el que no conlleva dietas, como reunirse con colectivos ciudadanos, estudiar los temas, atender a los medios de comunicación, etc., no siempre podrá ser realizado satisfactoriamente. Sigamos con el ejemplo del médico o del profesor: si tiene que ausentarse para una sesión parlamentaria, podrá hacerlo porque está en su derecho, pero el resto de actividades no estrictamente oficiales -aunque políticamente mucho más importantes que las oficiales-, solo podrá realizarlas fuera de su horario de trabajo y, muchas veces, a costa del sacrificio de su vida familiar.

A nadie se le escapará que esta situación no afecta de igual modo a los parlamentarios de la mayoría gubernamental y a los de la oposición. La función de control -la más importante en los parlamentos contemporáneos, porque hoy en día los parlamentos aprueban las leyes, pero no son ellos quienes "hacen" las leyes, sino los gobiernos- la realiza la oposición. Por tanto, la ecuación es sencilla: si tenemos unos parlamentarios a tiempo parcial, la labor de oposición será más floja.

Otra consecuencia perversa de la no existencia de sueldos es que gran parte de la actividad parlamentaria gira en torno a las dietas. Sé por experiencia que la gran mayoría de las sesiones de las comisiones y ponencias en un parlamento como las Cortes de Castilla y León son reuniones casi vacías de contenido y con una finalidad exclusivamente alimenticia. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué se desdoblan los plenos en dos días? ¿son realmente necesarios 17 miembros por cada comisión? ¿todas las reuniones de ponencias que se llevan a cabo son realmente necesarias?

Muchas veces he comparado a los parlamentarios de la oposición en las Cortes de Castilla y León con los hamsters que, encerrados en una gran jaula, hacen girar continuamente la rueda, a través de sus numerosísimas y casi siempre irrelevantes iniciativas parlamentarias, para conseguir su ración de grano a fin de mes. Lo triste es que, además de ellos, hay otros hamsters (los del partido mayoritario) que consiguen su ración sin ni siquiera haber hecho girar la rueda.

Téngase en cuenta, también, que como en Castilla y León no se prevén subvenciones directas a los partidos políticos, una parte de las dietas se detrae para financiar la actividad ordinaria de los partidos, y la consecuencia es que la actividad parlamentaria se ve aún más inflada, artificialmente, para atender esas necesidades.

¿Estos son los representantes que queremos? ¿Unos parlamentarios que solo nos representan a tiempo parcial y que además están obligados a hacer una labor tan ingente como intrascendente, para conseguir unos ingresos extra y contribuir a financiar a sus respectivos partidos? ¿Estos son los representantes que necesitamos? ¿Unos parlamentarios encerrados en ese enorme edificio, mausoleo de la democracia, que casi no pueden salir a la calle a conocer los verdaderos problemas de los ciudadanos porque tienen que dedicar la mayor parte de su tiempo a maximizar el número de dietas?

Yo, como ciudadano quiero tener representantes que me representen a tiempo completo, no solo en los ratos libres que les deje su trabajo. Yo, como ciudadano, quiero representantes que puedan cumplir su función con dignidad. Lo mismo que quiero que el maestro que da clase a mi hija y el médico que me atiende cuando me pongo enfermo estén bien pagados, también quiero que lo estén las personas que se ocupan de los asuntos públicos por mí. Eso sí, exijo transparencia, quiero saber si realmente se están ganado el sueldo que les pago.

En el Parlamento liberal del siglo XIX, solo los ricos podían dedicarse a hacer política, representando a otros ricos, que eran los únicos que tenían derecho de voto. Por supuesto, no cobraban sueldo, ni lo necesitaban. Con el sufragio universal, empezaron a llegar a los parlamentos personas con escasos recursos. En un principio, fueron los propios partidos obreros los que financiaban a sus representantes para que pudieran cumplir con su función con dignidad. Después, el sueldo de los parlamentarios se convirtió en una conquista social para permitir que cualquier persona, con independencia de su origen, pudiera dedicarse a la política.

Cuando Cospedal propone volver al sistema de dietas en Castilla-La Mancha, no está proponiendo volver al siglo XIX (entonces no había dietas), lo que está proponiendo es un sistema en el que la mayoría, a través de su control sobre la programación de la actividad parlamentaria y, por tanto, sobre el número de dietas, tiene en sus manos un importante mecanismo de presión sobre la oposición, con la ventaja de que, además, la oposición no se atreverá a quejarse públicamente cuando reciba menos dinero, pues ello sería tremendamente impopular. Sus compañeros del PP de Castilla y León le pueden explicar muy bien cómo manejar el grifo para mantener a la oposición a raya. Y, por su parte, sería bueno que los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha viniesen a Castilla y León a aprender lo que no hay que hacer. Si aceptas entrar en el juego y modular tu labor de oposición en función de la marcha de las negociaciones sobre las subvenciones a los grupos, en función del número de dietas o en función del número de "liberaciones" que la mayoría en cada momento te quiera dar, estás, más que perdido, vendido.

Óscar Sánchez Muñoz. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.